02 de marzo de 2010 Comunicado número: 1003/03/BP
Menores severamente golpeados en el Tutelar
Esta organización ha recibido múltiples informes que indican que en la mañana del pasado sábado 27 de febrero de 2010, los jóvenes reclusos del Centro de Atención Integral a Menores y Adolescentes fueron severamente golpeados y vejados. La información recibida indica que dichos abusos fueron cometidos por elementos de cuerpos de seguridad ajenos a dicho Centro, ante la cómplice pasividad de los funcionarios del mismo. Se ha informado que el día de ayer los jóvenes fueron nuevamente golpeados, esta vez por los propios funcionarios del Centro. No es la primera vez que esta organización recibe información sobre los constantes abusos que sufren los adolescentes privados de su libertad en la entidad.
Los informes recibidos indican que los adolescentes fueron golpeados, esposados, tableados, vejados y atacados con perros y cuando pidieron explicaciones sobre lo sucedido fueron amenazados con inventarles faltas a la disciplina interior o delitos. La conducta desplegada por las autoridades, tanto por las que golpearon a los internos, como por las que pasivamente permitieron estos abusos, resulta violatoria de los derechos humanos a la integridad personal, incluida la prohibición de la tortura, a la seguridad jurídica y a la honra y dignidad.
Esta organización condena enérgicamente los abusos cometidos en contra de los adolescentes y demanda que las autoridades:
1. Brinden inmediatamente atención médica y psicológica a todos los jóvenes privados de su libertad y documenten los abusos cometidos a través de la aplicación del Protocolo de Estambul o Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
2. Inicien de inmediato una investigación pronta e imparcial que lleve a los responsables de los abusos ante la justicia para que sean sancionados conforme a derecho.
El sistema de justicia para adolescentes en conflicto con la ley está pensado para dar seguridad a la comunidad a la vez de brindar a los jóvenes medios adecuados para su protección y desarrollo durante el cumplimento de su sanción, es inaceptable que las autoridades encargadas de administrar tal sistema violen los derechos de los jóvenes y les envíen el mensaje de que en Nuevo León la violación a la ley y la impunidad son la norma.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.
El día de hoy las organizaciones Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), Mesa de Mujeres, A.C., Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cossydhac), y familiares de Nitza, Rocío, José Ángel y Manuel entregaron una carta al Secretario de Gobernación en la que le informan que “en el Estado de Chihuahua existen actuaciones ilegales y graves que han realizado las autoridades que –en teoría- deberían garantizar el estado de derecho”. En la carta, refieren que un plan social es adecuado pero “no será suficiente para devolvernos la tranquilidad y la paz si no se garantiza la procuración de justicia y la aplicación de la ley, aún cuando ésta pueda afectar intereses militares”.
Las organizaciones de la sociedad civil le informan que en el estado de Chihuahua existen abusos militares aunque es posible que él no los sepa y le recuerdan el caso de “Nitza Paola Alvarado Espinoza de 18 años, Rocío Irene Alvarado Reyes de 31 años y José Angel Alvarado Herrera de 20 años quienes fueron detenidos el 29 de diciembre de 2009, alrededor de las 8 de la noche, en la Comunidad de Buenaventura, en el Estado de Chihuahua, por diez militares que portaban uniformes y armas oficiales, quienes se los llevaron con violencia y sin presentar ninguna orden judicial frente a varios de sus familiares y testigos”
En la carta refieren que si bien la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) negó que los militares tuvieran a estas tres personas, funcionarios de la Procuraduría del Estado refirieron que ellos tenían información de que habían estado en el 35 batallón de infantería, además lo invitan a corroborar –tal como lo hicieron las organizaciones y familiares- que la camioneta donde viajaban Rocío y José Ángel está en manos de las autoridades y se encuentra actualmente en “el corralón” de la Procuraduría en Nuevo Casas Grandes. ¿Si la SEDENA no está involucrada en el caso, por qué los militares la incautaron y la pusieron a disposición de la Procuraduría y la camioneta se encuentra en manos de las autoridades pero las personas permanecen desaparecidas?
Refieren además que el 6 de febrero, militares en activo, con armas y en un vehículo hummer – con número de identificación en la puerta 0920044 -acudieron a la casa de la madre de José Ángel para intimidarlos y cuestionarlos sobre su vida personal e hicieron referencia explícita a los tres muchachos desaparecidos.
Asimismo las organizaciones le comunican a Gómez Mont sobre el caso de “Manuel Ubaldo Hernández Ortiz, de 20 años, quien fue detenido el 17 de octubre de 2009 en Ciudad Juárez, alrededor de las 11:30 de la noche. Al salir de un salón de baile, Manuel junto con dos amigas y un amigo fueron detenidos por militares quienes realizaban un operativo. No encontraron nada, sin embargo a Manuel se lo llevaron frente a sus amigos y los testigos sin dar explicaciones y nuevamente sin ninguna orden judicial ni la existencia de algún delito. Manuel fue incomunicado durante 12 horas y sus familiares no supieron de él hasta el día siguiente a mediodía, cuando lo presentaron en las instalaciones de la Procuraduría General de la República en Juárez con evidentes contusiones y golpes en el cuerpo. Lo acusaron de posesión de mariguana y cocaína. El informe de los militares no coincide con lo que relatan todos los testigos pues los militares afirman que Manuel fue detenido en otra calle y a otra hora e incluso, como se asienta en el expediente, los militares han caído en contradicciones”
La carta menciona que el día de hoy 8 de febrero de 2010, habrá un careo entre militares y los testigos en los juzgados federales. Los familiares harán una protesta fuera de los juzgados para pedir que se aplique la ley y la justicia, pues el acusar y condenar a jóvenes que son inocentes no va a devolver la confianza a los juarenses, al contrario, es un claro mensaje para quienes delinquen y violan la ley de que ellos son intocables. La impunidad de la que gozan los verdaderos delincuentes permite que la violencia continúe.
Las organizaciones firmantes le solicitamos al Secretario de Gobernación que las autoridades municipales, estatales y federales en el Estado de Chihuahua deben aplicar la ley para proteger a los más débiles y sancionar a quienes con armas abusan de su poder, de lo contrario, estaremos condenados a que no haya justicia, a que la impunidad continúe y a que la violencia no termine.
Finalmente, le solicitamos que no sólo se reúna periódicamente con las organizaciones que apoyan incondicionalmente la estrategia de guerra del gobierno llevada cabo durante los últimos años, le solicitamos que se reúna con quienes pensamos diferente, con quienes hemos documentado los daños colaterales de esta guerra en la que la estrategia ha fallado. Asimismo, le pedimos que no nos olvide aunque usted se vaya a la Ciudad de México, a 2000 kilómetros de distancia, porque nosotras y nosotros nos quedamos, y somos quienes diariamente y sin protección del estado mayor presidencial caminamos por las calles de este estado.
No puede haber un plan integral desde Bucareli a miles de kilómetros de aquí, sin procuración de justicia y menos aún si se empeñan en marginar al gobierno estatal, municipal y a las organizaciones de la sociedad civil.
La directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, (CADHAC), Consuelo Morales, invita a unirse a las brigadas de observación ciudadana, con el fin de disminuir los abusos policiales en el área metropolitana de Monterrey.
En los últimos años se ha detectado un crecimiento en las detenciones de jóvenes por parte de las autoridades municipales, en muchos casos simplemente por parecer sospechosos, lo que ha traído desconfianza ciudadana hacia las autoridades.
NUESTRA PROPUESTA:
Capacitar a grupos de jóvenes voluntarios para que sean ellos mismos quienes realicen, con nuestra supervisión, un proceso serio y profesional de observación de los derechos humanos por parte de la Policía Municipal.
La observación estará basada en estándares internacionales de derechos humanos y será completada con una reflexión profunda y con propuestas sobre buenas prácticas policiales, a fin de que pudieran ser incorporadas en el comportamiento cotidiano de la corporación.
OBJETIVOS:
Objetivo General:
Contribuir a la disminución de las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad pública municipales a través de la participación activa de jóvenes como observadores de derechos humanos.
Objetivo Específico:
Promover la adopción de estándares, procedimientos y prácticas internacionalmente aceptados para el uso de la fuerza pública en situaciones de detención y retención administrativa.
Quiénes Lo Proponemos:
CADHAC es una organización de la sociedad civil, sin fines de lucro y apartidista, que desde 1993 busca la auténtica vigencia de los derechos humanos para todas las personas del Estado de Nuevo León.
¿Dónde están los niños perdidos? ¿Dónde los responsables?
Las organizaciones abajo firmantes manifestamos nuestra más profunda preocupación por el desdén con que las autoridades del Estado de Nuevo León han tratado el caso de las niñas y el niño desaparecidos mientras se encontraban bajo el supuesto cuidado de CAIFAC.
A 470 días de los hechos, Adriana, Diana y Julio César siguen sin ser localizados, los señalados como responsables directos, siguen sin ser llevados ante la justicia y los reclamos de sus familias y de la sociedad siguen sin ser escuchados.
Hemos acudido a las diferentes instancias gubernamentales implicadas en proporcionar la seguridad y el bienestar social de los niños, pero ellos siguen sin aparecer.
Antes de que desaparecieran Adriana, Diana y Julio, las autoridades, tenían datos que les permitían conocer que los niños estaban en riesgo. Según documentó la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el expediente CEDH/129/2009, el 18 de diciembre de 2008 el Ministerio Público pidió a las autoridades del Sistema DIF que investigaran el riesgo en que podían estar Adriana, Diana y Julio César, sin embargo, dichos funcionarios fueron omisos y sólo realizaron una entrevista parcial, pese a que tenían los elementos técnicos y jurídicos para provisionalmente egresar de ese albergue a los niños e ingresarlos en otro, en lo que investigaban con más cuidado los hechos.
La propia Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación derivada del expediente CEDH/129/2009, en la que afirmó que se violentaron los derechos a la legalidad y seguridad jurídica, los derechos del niño y se incurrió en prestación indebida del servicio público. Sin embargo, la recomendación de la Comisión Estatal señala sólo a Dos delegadas del DIF que tuvieron contacto directo con los niños, consideramos que también son responsables los superiores de esas delegadas y las autoridades que por errores y omisiones han fallado en la localización de las niñas y el niño y han permitido que en este caso haya impunidad.
El día de ayer, estuvimos en reunión con el Dr. Jesús Zacarías Villarreal Pérez, Secretario de Salud y se comprometió a la aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-167-SSA1-1997, Para la prestación de servicios de asistencia social para menores y adultos mayores, del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Presentación de Servicios de Atención Médica. La cual no fue aplicada en los albergues de CAIFAC y esto permitió que el lugar siguiera operando sin cumplir con asuntos básicos de la norma como, por ejemplo, tener un expediente por niño.
La sociedad necesita que el sistema de guarda y protección de la infancia sea transparente y eficaz, que se rija por el Derecho y busque siempre el interés superior de las niñas y los niños, y que cuando haya una irregularidad sea correctamente investigada y subsanada.
Exigimos que las autoridades den resultados puntuales en este caso: que las niñas y el niño sean localizados con vida y devueltos a sus respectivas madres, que los responsables sean llevados pronto ante la justicia y que se tomen medidas serias que eviten la repetición de estas violaciones.
Exigimos que basados en el reglamento del estado, la Procuraduría General De Justicia ofrezca una recompensa por información que lleve a la localización de Adriana, Diana y Julio.
Exigimos que el Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, emita un pronunciamiento oficial respecto del caso.
La exhibición de detenidos ante la prensa viola derechos humanos
Esta organización manifiesta su preocupación por la práctica constante de nuestras autoridades de exhibir a personas detenidas ante los medios de comunicación, en violación de sus derechos humanos a la privacidad, a la honra y la presunción de inocencia.
El 10 de enero del presente año, autoridades del municipio de San Pedro Garza García autorizaron la exhibición pública de diversas personas detenidas por supuestamente participar en juegos de azar en establecimientos que al parecer no contaban con los permisos correspondientes. Esta acción de exhibición de detenidos es una conducta común en nuestras autoridades y es violatoria de derechos humanos. La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó recientemente que la toma de fotografías es un acto de molestia que de no ser necesario en un proceso legal o de hacerse públicas las imágenes viola la Constitución, violación que continúa mientras las imágenes existan. La Primera Sala de la Corte determinó:
[L]a obtención de fotografías por parte de la autoridad a cualquier persona sin importar su situación jurídica, efectivamente representa un menoscabo y un deterioro en los derechos de ésta. Dicho menoscabo y deterioro resulta de naturaleza continuado, pues hasta que el resultado del acto (las fotografías) no sean eliminadas, el acto de molestia continua. Más aun, si este acto de molestia no cumple con los requisitos constitucionales, internacionales y legales debidos, lo cual resulta contrario a derecho y violatorio de derechos fundamentales.1
Exhortamos a las autoridades a apegar su conducta a los más altos estándares que en materia de derechos humanos rigen en nuestro país y, en consecuencia, terminar con la práctica de exhibir detenidos y procesados.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.
1 Amparo directo 9/2008 (Versión pública del engrose). 12 de agosto de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. pp. 451. Disponible en WWW http://www2.scjn.gob.mx/expedientes/ (Consultado el 11 de enero de 2010).
Padre Mier 617 PTE. 64000 Monterrey, N.L. México Tel. (81) 8343-5058 / Fax (81) 8343-6618 / Mail: cadhac@cadhac.org
Injusticia de la prisión preventiva: aplica a ciudadanos, pero no a autoridades
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., manifiesta su indignación por la desigualdad legal que impera en el Estado de Nuevo León en cuyas leyes los abusos de la autoridad no son considerados delito grave, pero la resistencia de los particulares sí.
Los hechos de violencia en la Colonia Los Altos tuvieron como consecuencia la privación de la libertad tanto de policías municipales como de ciudadanos. Sin embargo, los policías podrán seguir el juicio en libertad mientras que los ciudadanos tendrán que hacerlo encarcelados, debido a que el artículo 16 BIS del Código Penal para el Estado de Nuevo León establece que el delito de Resistencia de particulares es grave, pero el delito de abuso de autoridad no lo es, y toda persona acusada de un delito grave es sometida a prisión preventiva.
Esta organización ha sostenido que el sistema de remisión automática a prisión preventiva por estar acusado de un delito considerado grave en la ley es incorrecto y poco eficaz, porque impide que los jueces valoren en cada caso si la situación de los inculpados es tal que sería un riesgo dejar que enfrentaran su proceso penal en libertad. Este sistema lleva a abusos e injusticias, como la manifestada en este caso en el que personas procesadas por los mismos hechos reciben tratos sumamente desiguales.
Exhortamos a nuestros legisladores a ajustar el sistema de prisión preventiva a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, de tal forma que ésta se aplique sólo en casos excepcionales cuando se ha demostrado al juez de la causa que de la libertad provisional del acusado se seguirían graves perjuicios a la sociedad.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.
Te deseo lo mejor para este comienzo de año 2010, que trae tantos retos en
materia de derechos humanos como posibilidades de acción.
El año comienza con la lamentable noticia del asesinato de Josefina Reyes,
activista juarense que se opuso activamente a los abusos cometidos por
integrantes del Ejército en la región. Amnistía Internacional siente
preocupación por la seguridad de Cipriana Jurado, defensora de derechos
humanos cercana a Josefina y quien ha colaborado cercanamente con nuestro
movimiento.
En AI hemos sido testigos de cómo la presión que se ejerce a través de
firmas y cartas puede cambiar la situación de vulnerabilidad en que laboran
defensores y defensoras de derechos humanos en nuestro país.
Testimonios de señoras que luchan por recuperar a sus hijos, que se encuentran en instalaciones del DIF, fueron dados en adopción o concedieron la tutela temporalmente a otras gentes.
