La directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, (CADHAC), Consuelo Morales, invita a unirse a las brigadas de observación ciudadana, con el fin de disminuir los abusos policiales en el área metropolitana de Monterrey.
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OBSERVADORES JUVENILES DE DERECHOS HUMANOS Los jóvenes y la seguridad municipal. En los últimos años se ha detectado un crecimiento en las detenciones de jóvenes por parte de las autoridades municipales, en muchos casos simplemente por parecer sospechosos, lo que ha traído desconfianza ciudadana hacia las autoridades. NUESTRA PROPUESTA:
OBJETIVOS: Objetivo General: Contribuir a la disminución de las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad pública municipales a través de la participación activa de jóvenes como observadores de derechos humanos. Objetivo Específico: Promover la adopción de estándares, procedimientos y prácticas internacionalmente aceptados para el uso de la fuerza pública en situaciones de detención y retención administrativa. Quiénes Lo Proponemos: CADHAC es una organización de la sociedad civil, sin fines de lucro y apartidista, que desde 1993 busca la auténtica vigencia de los derechos humanos para todas las personas del Estado de Nuevo León. Monterrey, Nuevo León, a 16 de enero de 2010 A 470 días secuestrados y seguimos contando ¿Dónde están los niños perdidos? ¿Dónde los responsables?
Las organizaciones abajo firmantes manifestamos nuestra más profunda preocupación por el desdén con que las autoridades del Estado de Nuevo León han tratado el caso de las niñas y el niño desaparecidos mientras se encontraban bajo el supuesto cuidado de CAIFAC. A 470 días de los hechos, Adriana, Diana y Julio César siguen sin ser localizados, los señalados como responsables directos, siguen sin ser llevados ante la justicia y los reclamos de sus familias y de la sociedad siguen sin ser escuchados. Hemos acudido a las diferentes instancias gubernamentales implicadas en proporcionar la seguridad y el bienestar social de los niños, pero ellos siguen sin aparecer. Antes de que desaparecieran Adriana, Diana y Julio, las autoridades, tenían datos que les permitían conocer que los niños estaban en riesgo. Según documentó la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el expediente CEDH/129/2009, el 18 de diciembre de 2008 el Ministerio Público pidió a las autoridades del Sistema DIF que investigaran el riesgo en que podían estar Adriana, Diana y Julio César, sin embargo, dichos funcionarios fueron omisos y sólo realizaron una entrevista parcial, pese a que tenían los elementos técnicos y jurídicos para provisionalmente egresar de ese albergue a los niños e ingresarlos en otro, en lo que investigaban con más cuidado los hechos. La propia Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación derivada del expediente CEDH/129/2009, en la que afirmó que se violentaron los derechos a la legalidad y seguridad jurídica, los derechos del niño y se incurrió en prestación indebida del servicio público. Sin embargo, la recomendación de la Comisión Estatal señala sólo a Dos delegadas del DIF que tuvieron contacto directo con los niños, consideramos que también son responsables los superiores de esas delegadas y las autoridades que por errores y omisiones han fallado en la localización de las niñas y el niño y han permitido que en este caso haya impunidad. El día de ayer, estuvimos en reunión con el Dr. Jesús Zacarías Villarreal Pérez, Secretario de Salud y se comprometió a la aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-167-SSA1-1997, Para la prestación de servicios de asistencia social para menores y adultos mayores, del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Presentación de Servicios de Atención Médica. La cual no fue aplicada en los albergues de CAIFAC y esto permitió que el lugar siguiera operando sin cumplir con asuntos básicos de la norma como, por ejemplo, tener un expediente por niño. La sociedad necesita que el sistema de guarda y protección de la infancia sea transparente y eficaz, que se rija por el Derecho y busque siempre el interés superior de las niñas y los niños, y que cuando haya una irregularidad sea correctamente investigada y subsanada. Exigimos que las autoridades den resultados puntuales en este caso: que las niñas y el niño sean localizados con vida y devueltos a sus respectivas madres, que los responsables sean llevados pronto ante la justicia y que se tomen medidas serias que eviten la repetición de estas violaciones. Exigimos que basados en el reglamento del estado, la Procuraduría General De Justicia ofrezca una recompensa por información que lleve a la localización de Adriana, Diana y Julio. Exigimos que el Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, emita un pronunciamiento oficial respecto del caso.
Nota la Jornada: Nota CIMAC: Nota milenio: 12 de enero 2010 Comunicado número: 1001/02/BP La exhibición de detenidos ante la prensa viola derechos humanos Esta organización manifiesta su preocupación por la práctica constante de nuestras autoridades de exhibir a personas detenidas ante los medios de comunicación, en violación de sus derechos humanos a la privacidad, a la honra y la presunción de inocencia. 07 de enero de 2010 Comunicado número: 1001/01/BP
Injusticia de la prisión preventiva: aplica a ciudadanos, pero no a autoridades
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., manifiesta su indignación por la desigualdad legal que impera en el Estado de Nuevo León en cuyas leyes los abusos de la autoridad no son considerados delito grave, pero la resistencia de los particulares sí. Los hechos de violencia en la Colonia Los Altos tuvieron como consecuencia la privación de la libertad tanto de policías municipales como de ciudadanos. Sin embargo, los policías podrán seguir el juicio en libertad mientras que los ciudadanos tendrán que hacerlo encarcelados, debido a que el artículo 16 BIS del Código Penal para el Estado de Nuevo León establece que el delito de Resistencia de particulares es grave, pero el delito de abuso de autoridad no lo es, y toda persona acusada de un delito grave es sometida a prisión preventiva. Esta organización ha sostenido que el sistema de remisión automática a prisión preventiva por estar acusado de un delito considerado grave en la ley es incorrecto y poco eficaz, porque impide que los jueces valoren en cada caso si la situación de los inculpados es tal que sería un riesgo dejar que enfrentaran su proceso penal en libertad. Este sistema lleva a abusos e injusticias, como la manifestada en este caso en el que personas procesadas por los mismos hechos reciben tratos sumamente desiguales. Exhortamos a nuestros legisladores a ajustar el sistema de prisión preventiva a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, de tal forma que ésta se aplique sólo en casos excepcionales cuando se ha demostrado al juez de la causa que de la libertad provisional del acusado se seguirían graves perjuicios a la sociedad. Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.
Te deseo lo mejor para este comienzo de año 2010, que trae tantos retos en El año comienza con la lamentable noticia del asesinato de Josefina Reyes, En AI hemos sido testigos de cómo la presión que se ejerce a través de ¡Súmate a nuestra petición! http://alzatuvoz.org/cipriana/ Testimonios de señoras que luchan por recuperar a sus hijos, que se encuentran en instalaciones del DIF, fueron dados en adopción o concedieron la tutela temporalmente a otras gentes. 18 de diciembre de 2009 Comunicado No. 0912/33 Re16 de diciembre de 2009 Oficio Número: 1209/060D
C. LIC. OMAR ORLANDO PÉREZ ORTEGA Diputado Local por el 10° Distrito del Estado Estimado señor diputado, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (CADHAC) agradece su amable atención de solicitar nuestros comentarios sobre el proyecto de reforma constitucional que busca imponer cadena perpetua por una serie de delitos. Esta organización aprecia todos los esfuerzos por solucionar el creciente problema de inseguridad pública relacionada con delitos de delincuencia organizada que afecta de manera dolorosa y preocupante a la ciudadanía en general. Sin embargo, consideramos que la propuesta por usted realizada desatiende importantes consideraciones de derechos humanos. En primer lugar, la pena de cadena perpetua imposibilita la eficacia del principio constitucional que busca la reinserción del delincuente en la sociedad, una pena del tipo propuesto, es una pena máxima que impediría la rehabilitación personal de los condenados, la resocialización y reintegración familiar en el que se basa el sistema penal mexicano. La Constitución federal no es el texto normativo adecuado para establecer sanciones penales, éstas derivan de análisis de las condiciones sociales imperantes en un momento dado y que deben ser revaloradas constantemente, esa actividad sólo puede estar a cargo del legislador ordinario y no del Poder constituyente. Adicionalmente, la creación de una pena a nivel constitucional dejaría a los juzgadores sin la posibilidad de valorar caso por caso las condiciones de la persona que cometió el delito, para verificar si por alguna razón la pena debe ser menor, un tal sistema es contrario a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros tratados internacionales firmados y ratificados por México, porque provocaría afectaciones serias a la libertad personal que no estarían en proporción a los hechos del caso. En la aplicación de una reforma como la propuesta, se puede esperar que el número de ilícitos no disminuya, esto es así debido a que aumentar las sanciones no detiene a la delincuencia. En los años recientes hemos visto un endurecimiento de las sanciones por un sinnúmero delitos, a la par que la delincuencia ha crecido de forma desproporcionada. El efecto inhibidor de una sanción sólo surte efecto cuando ésta es aplicada de forma correcta, imparcial y sistemática, lo que no sucede en nuestro ineficaz sistema de procuración e impartición de justicia. En México los criminales delinquen no porque consideren que 30, 50 o hasta 70 años en prisión es poco tiempo, sino porque saben que es muy poco probable que las sanciones les sean aplicadas. En este contexto, la reforma sólo provocaría que aquellos que no tengan acceso a un servicio de defensa adecuada, por ser pobres, pasen el resto de su vida en prisión, sean culpables o no. Esta situación enrarecería aún más el clima social, no solucionaría el problema de la delincuencia y dispararía los costos de la administración de los centros penitenciarios. Consideramos que para el contexto mexicano la solución no puede ser de endurecimiento de las penas o de creación de nuevos tipos penales, sino se deben plantear soluciones integrales que resuelvan de fondo el problema de la inseguridad pública, a través de medios alternos y del fortalecimiento y la profesionalización de los sistemas de impartición y procuración de justicia. Sin más por el momento, quedamos de Usted para cualquier comentario o aclaración al respecto. Fraternalmente,
Hna. Consuelo Morales Elizondo Directora |
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