Boletín No. 1109/030

LA FAMILIA ACOSTA, OTRA VÍCTIMA DE LOS ABUSOS DE LA MARINA

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) está profundamente consternada por el ataque que sufrió la familia Acosta en la madrugada del día 1º de septiembre en Apodaca, Nuevo León, cuando elementos de la Secretaría de Marina ingresaron violentamente a su casa, mataron a Gustavo Acosta de (31 años) y detuvieron a Daniel Acosta (19 años)

Tomando en cuenta la versión por parte de la hermana del occiso, dada a los medios de comunicación justo después de los hechos, en la que manifiestó que elementos de la Marina llegaron a su casa gritando que abrieran la puerta, estando su papá y su hermano en el piso de abajo, y que tan pronto el hermano abrió la puerta, fue agredido y muerto a balazos, así como las declaraciones de diversos vecinos en el sentido de que los familias no eran delincuentes, CADHAC considera que:

• El ingreso a los domicilios por parte de las Fuerzas Armadas y la Marina, están violentando derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución y tratados internacionales de derechos humanos.
• Del testimonio se desprende una probable Ejecución Extrajudicial por parte de la Marina Armada de México.
• Este tipo de actos deleznables, son cada vez más frecuentes, por lo que urge se actúe dentro del marco legal vigente.
• Cualquier persona que se presuma sea responsable de un hecho delictivo, debe ser sancionada conforme a derecho, y de ninguna manera sometida a tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, a la privación de cualesquiera de sus derechos, incluido el derecho a la vida.

Por lo anterior exigimos de inmediato:

• Presentación de la persona detenida ante la autoridad civil correspondiente.
• Presentación por parte de los marinos de la orden de cateo y la orden de arresto con las que debieron contar antes de pretender ingresar a un domicilio privado.
• Una explicación pormenorizada sobre el uso de la fuerza letal y las causas y los procedimientos de arresto que utilizaron en esta acción.
• Que se investiguen los hechos, se deslinden las responsabilidades correspondientes  y  se sancione a los responsables en procedimientos ante juzgadores de orden civil, no militar.
• Se garantice la integridad jurídica, física y psicológica de toda la familia Acosta.

CADHAC exige que la Secretaría de Marina haga pública la información sobre esta acción. Esta organización quiere recordar que de conformidad con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Expediente Varios 912/2010, la Marina no es competente para procesar a sus elementos en casos como estos, por lo que el Ministerio Público debe asumir su competencia e investigar cuidadosa y profesionalmente, y el caso debe ser resuelto por tribunales civiles, no por instancias militares.

No es la primera ocasión que los elementos de la Marina Armada de México matan inocentes en el marco de la estrategia federal contra el crimen organizado. Estos actos son indignantes e inadmisibles en una sociedad democrática. CADHAC aboga por un cambio de estrategia que respete auténticamente el Estado de derecho y los derechos humanos de todas las personas.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.

Organizaciones de la sociedad civil se suman a la marcha en contra de la violencia

Monterrey, N. L. a 6 de mayo de 2011

Las organizaciones abajo firmantes nos sumamos a la marcha nacional en contra de la violencia. En el contexto nacional y en la situación que impera en el estado de Nuevo León es fundamental que la ciudadanía asuma y ejercite sus derechos civiles para manifestar su más profunda preocupación por el crecimiento y normalización de la violencia y por la terrible impunidad y corrupción que la cobija y la reproduce.

La violencia que enfrenta la ciudadanía no proviene sólo de la delincuencia organizada, sino también de las propias autoridades encargadas de la seguridad pública. Es cierto que existe violencia criminal, pero ese no es el único peligro que enfrentamos los ciudadanos, sino que lidiamos con múltiples violencias, la de los delincuentes comunes, de la delincuencia organizada, de los policías municipales, estatales y federales, y más aun, la violencia letal de las fuerzas armadas.

En Nuevo León son cotidianos los abusos de las autoridades de todos los órdenes de gobierno. Esto incluye muertes civiles a manos de efectivos policiales y militares, irrupciones arbitrarias en casas y negocios, revisiones y detenciones ilegales, tortura, extorsiones y desapariciones forzadas. El fenómeno de la violencia no disminuirá mientras las autoridades sigan actuando con los mismos medios que usa la delincuencia organizada; mientras el Estado no instrumente urgentes políticas públicas que atiendan radicalmente las causas sociales y económicas de la criminalidad desbordada. Lo necesario es combatir la corrupción y la impunidad de que gozan ahora todos los actores armados y hacer respetar irrestrictamente los derechos humanos de todas y todos.

Estas organizaciones nos congratulamos y solidarizamos con  las iniciativas ciudadanas de demandar un país sin violencia, un país donde  la legalidad sea la norma y las autoridades sean honestas y eficientes. En este sentido, nos sumamos a la iniciativa de jóvenes nuevoleoneses de realizar una marcha contra la violencia en Monterrey y extendemos la invitación a todos los ciudadanos para comenzar a retomar en nuestras manos el destino de nuestra entidad. La marcha se realizará el próximo domingo 08 de mayo a las 5 de la tarde y partirá del Colegio Civil.

¡YA BASTA, ALTO A LA IMPUNIDAD Y A LA VIOLENCIA!

Nos unimos a la Marcha Nacional contra la Violencia: ¡NO MÁS SANGRE!

ALIANZA CÍVICA DE NUEVO LEÓN, A. C.

ALIANZA DE USUARIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS

ALTERNATIVAS PACÍFICAS, A.C.

ASOCIACIÓN REGIOMONTANA DE TRABAJADORES ESPECIALES, A. C.

ASOCIACIÓN PARA EL ESTUDIO Y DESARROLLO DE LA ENERGÍA SOLAR, A. C.

AVANCE  POR LOS DERECHOS DE MEXICO, A.C.

CENTRO DE ESTUDIOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS, A. C.

CIUDADANOS EN APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS, A. C.

COLECTIVO CIUDADANO EN DEFENSA DE LA PASTORA

COLECTIVO PLURAL DE MUJERES

COMITE ECOLOGICO PRO BIENESTAR AC.

COMITÉ PRO DEFENSA DE LA HUASTECA

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DE LA MUJER, A.C. – NUEVO LEÓN

CONFERENCIA DE RELIGIOSAS Y RELIGIOSOS DE MÉXICO, MONTERREY (CIRM)

COORDINADORA NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS EXBRASEROS

EVOLUCIÓN MEXICANA A.C.

FORO LIBRE Y DEMOCRÁTICO, A.C.

LAS JUGLARESAS, TEATRO POPULAR

MOVIMIENTO AMBIENTALISTA CIUDADANO

OFICIO EDICIONES

PRO SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, A. C.

PUEBLO BICICLETERO

RED DE DEFENSA CIUDADANA

RESISTENCIA CIVIL PACÍFICA EN NUEVO LEÓN

ZIHUAME MOCHILLA, A.C.

La muerte de civiles a manos de autoridades no debe

quedar en la impunidad

19 de abril de 2011
Comunicado número: 1104/08/BP

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. manifiesta su más seria preocupación por la muerte de Jorge Otilio Cantú Cantú, asesinado el pasado 18 de abril por elementos del ejército mexicano en funciones de policía estatal.

La muerte del señor Cantú Cantú, cuyos detalles no han sido plenamente aclarados mediante una investigación imparcial y profesional, incrementa dolorosamente el número de víctimas civiles a manos de efectivos militares en activo y de cuerpos policiacos supuestamente civiles dirigidos por militares. Esta es una muestra más de que los militares no están capacitados para llevar a cabo actividades policiacas ni para dirigir la política pública de seguridad.

Los más altos órganos internacionales de derechos humanos, incluyendo la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así como el Comité de Derechos Humanos de la misma organización, han pedido reiteradamente a México que revise su política de utilizar a las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico. Ahora, vestidos como integrantes de la Secretaría de Seguridad del Estado de Nuevo León, estos cuerpos demuestran nuevamente las nefastas consecuencias de su ineficiencia.

Esta organización ha observado reiteradamente que las muertes de civiles a manos de militares no son investigadas adecuadamente, los responsables no son procesados ante jueces ordinarios y la impunidad prevalece. Es imperativo que haya un viraje en esta dinámica y que la impunidad se rompa.

Esta organización demanda una adecuada investigación de la muerte de Jorge Otilio Cantú Cantú; esto significa llevar a los responsables ante tribunales ordinarios, no ante tribunales militares. Con esto, esperamos, se inicien todas las acciones necesarias para reparar, en la mayor medida posible, el daño a los familiares, para emitir un reconocimiento público acerca de la violación de derechos humanos que ocurrió en este caso, y para evitar la repetición de este tipo de violencia en contra de los ciudadanos y ciudadanas. Ante estos casos, reiteramos nuestra exigencia de que se delimiten explícitamente las responsabilidades de servidores públicos que hasta el momento permanecen en una ambigüedad jurídica pues no se ha definido si permanecen adscritos al fuero militar o si son funcionarios públicos del Estado de Nuevo León.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.

RESPONSABLES POR TODAS LAS MUERTES EN LAS

CÁRCELES

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) manifiesta su más profunda preocupación por la muerte de dos internos en el Centro de Reinserción Social Apodaca ocurrida a sólo dos días de que ingresaran a dicho centro penitenciario.

Esta organización se encuentra profundamente preocupada por la noticia dada a conocer el día de hoy de que dos internos del centro penitenciario del Estado de Nuevo León localizado en Apodaca fueron hallados sin vida, colgados en su celda.El hecho de que estas personas muertas a escasos dos días de ingresar al centro penitenciario, cuando se supone deberían estar en observación y separadas del resto de la población, demuestra la negligencia e incapacidad de las autoridades para garantizar la integridad de los internos. No es la primera vez que muertes sospechosas ocurren en ese centro penitenciario que, según reportes con que cuenta esta organización, se caracteriza por violar sistemáticamente los derechos humanos de los internos.

Cuando una persona es privada de la libertad, ya sea para que se le juzgue o porque ya está condenada, el Estado tiene la obligación legal de garantizar todos los derechos humanos que no hayan sido restringidos por el juez, es decir, que la pérdida temporal de la libertad ambulatoria no conlleva la pérdida de otros derechos o de la dignidad humana. El Estado debe garantizar la vida, el trato digno, la integridad, la salud, y todos los demás derechos de todas y cada una de las personas privadas de la libertad.

Esta organización exige una investigación pronta, profesional e imparcial sobre los hechos, que los responsables de los mismos, por acción o por omisión, sean llevados ante los tribunales y sancionados conforme a derecho y que se garantice la seguridad y los demás derechos humanos de todos internos e internas del sistema penitenciario del Estado de Nuevo León.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.

CENSAR A TRABAJADORES Y TRABAJADORAS

DOMÉSTICOS ES UNA CLARA VIOLACIÓN A LOS

DERECHOS HUMANOS

20 de abril de 2011
Boletín No. 1104/010/BP

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) manifiesta nuevamente su profunda preocupación por el programa de que pretende registrar a las trabajadoras y trabajadores domésticos y ambulantes en el municipio de San Pedro Garza García.

Esta organización difiere con la postura de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León, que opina que si el censo es voluntario no violaría derechos humanos. Los derechos humanos son indisponibles, por lo que no se pueden violar no con la autorización de su titular. En este sentido, la medida sigue siendo discriminatoria porque no pretende censar a toda la población económicamente activa, sino a un grupo específico, un grupo que además se encuentra en estado de vulnerabilidad.

Cabe destacar que la supuesta voluntad de las personas censadas no está garantizada. No es dable suponer, sin más, que personas pertenecientes a un grupo especialmente vulnerable tendrán en los hechos la capacidad para decir sin presiones si desean o no ser registradas. ¿Qué sucedería si los patrones de una empleada le exigen que entre al censo y ella no quiere hacerlo? ¿Hay en este caso auténtica voluntad de la persona registrada?

La justificación del municipio sobre que muchos robos a casa habitación son llevados a cabo por trabajadores domésticos es inaceptable, porque viola el principio de presunción de inocencia. Es decir, se le dice a la gente, sin justificación alguna y sin que hayan cometido ningún delito, que ellos son propensos a cometer delitos y deben ser registrados. Es decir se les trata como delincuentes sin que se les haya juzgado por delito alguno.

Esta organización reitera que la auténtica seguridad ciudadana no se puede lograr sin un respeto irrestricto a los derechos humanos de todos y todas, y exige que el municipio de San Pedro Garza García adecue todos sus programas y políticas públicas a los más altos estándares de derechos humanos.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.

Ausencia de justicia por asesinatos y desapariciones en Monterrey

Abusos del Ejército y la Marina deben ser investigados por la justicia penal ordinaria

(Washington, DC, 3 de febrero de 2011) – Human Rights Watch señaló que habría militares y policías implicados en una serie de muertes y desapariciones ocurridas en el estado mexicano de Nuevo León durante 2010. Los agentes del ministerio público federal y estatal deberían adoptar medidas de forma inmediata para juzgar a los responsables, afirmó Human Rights Watch.

En el marco de una misión de investigación llevada a cabo en el estado de Nuevo León, Human Rights Watch obtuvo evidencias de que ocho asesinatos cometidos durante 2010 habrían sido el resultado del uso ilegítimo de la fuerza letal por parte de miembros del Ejército y la Marina. Human Rights Watch también documentó más de una decena de desapariciones forzadas en las cuales las pruebas señalan que estarían involucrados miembros del Ejército, la Marina, y agentes de policía.

“La decisión de no llevar ante la justicia a soldados y policías responsables de asesinatos, desapariciones forzadas y otro tipo de violaciones graves envía el mensaje de que  estos crímenes son tácticas aceptables para combatir al crimen organizado”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Si bien es cierto que Nuevo León sufre niveles de criminalidad extremas, estos abusos oficiales socavan la eficacia de las medidas de seguridad pública y agravan la situación de violencia”.

Los familiares de las víctimas informaron a Human Rights Watch que habían reclamado ante las autoridades estatales y federales y que, en la mayoría de los casos, se habían iniciado averiguaciones previas. Sin embargo, según los mismos familiares, ninguna persona ha sido sentenciada en relación con los delitos documentados en Nuevo León por Human Rights Watch.

Human Rights Watch descubrió graves irregularidades en las investigaciones de estos casos iniciadas por funcionarios de la justicia ordinaria. Por ejemplo, en algunas de las investigaciones no se entrevistó a testigos clave, tampoco se visitó el lugar de los hechos y no se cumplieron otros requisitos procesales básicos. A su vez, la justicia militar había asumido la jurisdicción de algunos casos y no había impulsado investigaciones serias. Tradicionalmente, el sistema de justicia militar de México ha garantizado la impunidad de los soldados que cometen violaciones de derechos humanos contra civiles.

En algunos casos, los familiares de víctimas que exigieron que se investigaran los incidentes han sido objeto de intimidación u hostigamiento.

A título de ejemplo, a continuación se describen dos casos de ejecuciones extrajudiciales documentados por Human Rights Watch en Nuevo León:

• Rocío Romeli Elías Garza y Juan Carlos Peña Chavarria

El 3 de marzo, esta pareja (ambos de 29 años) fueron alcanzados por disparos efectuados por miembros del Ejército en el municipio de Anáhuac. Dos testigos informaron a Human Rights Watch que las víctimas habían salido de la fábrica donde trabajaban cuando, aproximadamente a las 12:15 p.m., quedaron en medio de un enfrentamiento entre militares y hombres armados. Dos hombres armados intentaron secuestrar su vehículo pero, al verse perseguidos por los soldados, desistieron y se dieron a la fuga. Juan Carlos salió del automóvil e intentó correr hasta un lugar seguro, pero fue impactado por disparos de los militares. Rocío y Juan Carlos lograron resguardarse detrás de otro automóvil, y fue hasta que terminó el enfrentamiento que, con las manos en alto, Rocío grita a los militares rogándoles que ayudaran a su marido, que estaba herido, y manifestando que eran civiles y no estaban armados. Un soldado que se encontraba a aproximadamente 3 metros de distancia les dispararon.

Un grupo de soldados se acercó hasta los cuerpos y les disparó nuevamente a quemarropa. Luego, según afirmaron los testigos, los soldados movieron los cuerpos y colocaron armas cerca de ambas víctimas. Al día siguiente, el Ejército emitió un comunicado en el cual anunció haber matado a ocho delincuentes en un enfrentamiento armado.

Los familiares de la pareja presentaron una querella el 11 de marzo ante la Agencia del Ministerio Público del estado. El 9 de agosto, la Agencia del Ministerio Público del estado publicó un oficio en el cual señalaba que Rocío y Juan Carlos “fueron víctimas en el enfrentamiento entre personal de la Sedena y sicarios”, y que no había indicios para presumir que “pertenecieran algún grupo u organización delictiva, ni son señalados por persona alguna como participantes del evento donde perdieran la vida”. En noviembre, se inició una investigación paralela en el sistema de justicia militar.

A casi un año de los asesinatos, tanto familiares como testigos informaron a Human Rights Watch que no habían sido entrevistados por investigadores de la justicia ordinaria ni militar, y que tampoco se les había informado sobre el estado de las investigaciones.

• Vicente de León Ramírez y Alejandro Gabriel de León Castellanos

El 5 de septiembre, aproximadamente a las 9 p.m., siete civiles se trasladaban en automóvil por una carretera cerca de Apodaca. Cuando el vehículo aceleró la marcha para pasar a un convoy de soldados, un capitán disparó a los neumáticos y, acto seguido, tres soldados abrieron fuego contra el automóvil. Alejandro, de 15 años, y su padre Vicente murieron en el incidente. Otros cinco pasajeros resultaron heridos, entre ellos dos niños de 8 y 9 años.

En un comunicado de prensa del 6 de septiembre, Sedena señaló que las muertes se habían producido en un retén de control. En respuesta al pedido del Senado, el 13 de octubre Sedena presentó un informe sobre el incidente. En este se contradecía su versión anterior (aquella referida al retén de control) y se afirmaba que los soldados habían ordenado al automóvil que se detuviera desde otro vehículo en movimiento y que, al ver que no acataba la orden de detenerse, el capitán había disparado. Sedena admitió que “no existió agresión contra el personal militar” desde el automóvil y que los tres soldados habían disparado “por inercia”. Los sobrevivientes, entre ellos la esposa de Vicente, manifestaron que los militares habían disparado sin ninguna advertencia y que en ningún momento hicieron señas para que la familia se detuviera.

El ministerio público militar ha iniciado una investigación del incidente, y varios soldados han sido acusados de “violencia contra las personas causando homicidio”. Human Rights Watch solicitó reunirse con autoridades militares para analizar aspectos concretos de este y otros casos, pero la petición fue denegado.

A título de ejemplo, a continuación se describen dos casos de desapariciones forzadas documentados por Human Rights Watch en Nuevo León:

• Jehú Abraham Sepúlveda Garza

El 12 de noviembre, Sepúlveda Garza había detenido su camioneta pick-up afuera de una tienda en San Pedro Garza García cuando, aproximadamente a las 6:15 p.m., fue interceptado por miembros de la policía de tránsito. Según un registro proporcionado por la policía municipal, como no llevaba consigo su licencia de conducir, fue detenido y trasladado a la estación de policía. No había transcurrido una hora desde su detención cuando, sin la correspondiente orden de aprehensión, miembros de la policía ministerial de Monterrey se presentaron en la estación de policía y se llevaron a Sepúlveda Garza en un vehículo bajo su custodia.

La esposa relató a Human Rights Watch que llamó al teléfono celular de su marido a las 7:30, poco después de que fue transferido a la policía ministerial. La víctima respondió el llamado y dijo que no se le había permitido efectuar llamadas y que estaba siendo trasladado por la policía ministerial hasta su delegación, pero que, según le habían informado, sería liberado a la brevedad. Una hora después, su esposa llamó nuevamente, pero el teléfono había sido apagado. Ante esta situación, sus familiares iniciaron una búsqueda inmediata para dar con su paradero ante distintas estaciones de policía, bases militares y oficinas estatales y federales. Todos afirmaron que Sepúlveda no se encontraba detenido allí.

En los días siguientes a su detención, la policía ministerial ofreció versiones contradictorias de los hechos. En un primer momento, dijeron a los familiares que no lo habían detenido, y luego les informaron que la víctima se encontraba bien y que estaba bajo su custodia. Posteriormente, dijeron que había sido puesto a disposición de la Marina la misma noche en que fue detenido. La Procuraduría de Justicia del estado inició una investigación sobre su paradero.

La esposa de la víctima, quien tuvo acceso al expediente, informó a Human Rights Watch que dos oficiales de la Marina declararon ante la Procuraduría del estado que Sepúlveda Garza había sido puesto a su disposición sin aparente justificación, y que fue liberado luego de un breve interrogatorio. Desde los altos mandos de la Marina, se continúa negando que esta institución haya intervenido en la custodia de la víctima. Sus familiares desconocen su paradero y no han tenido noticias de él desde la noche en que fue detenido.

• José Guadalupe Bernal Orzúa

Este joven de Monterrey, de 22 años, fue detenido el 23 de mayo a las 10 p.m., cuando salía de la casa de su suegra, quien fue testigo de su detención. Luego de varios días sin tener noticias, la madre de Bernal, Isabel Orzúa García, se presentó ante el Ejército, la Marina y la policía, pero todos negaron haber detenido a su hijo. Posteriormente, presentó una denuncia formal ante la Procuraduría de Justicia.

Durante la semana siguiente a la presentación de la denuncia, la vivienda de Bernal fue allanada en dos ocasiones por fuerzas de seguridad. Dos semanas después de la denuncia, se presentó en el domicilio de la madre de la víctima un hombre vestido de civil que afirmó pertenecer a la Procuraduría estatal y le preguntó “¿Está segura de que no quiere retirar la demanda?”. Orzúa interpretó estas declaraciones como una amenaza.

Orzúa informó a Human Rights Watch que no sabía si las autoridades civiles o militares habían iniciado una investigación por la desaparición de su hijo. La suegra de Bernal nunca fue entrevistada por investigadores civiles o militares. Aún se desconoce el paradero de Bernal.

México es parte de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas desde marzo de 2008. Entre las obligaciones jurídicas asumidas en los tratados, México tiene el deber específico de registrar la detención de cualquier persona y proporcionar información al respecto; investigar en forma rápida, imparcial y efectiva todas las denuncias sobre desapariciones; y sancionar penalmente a los implicados. El incumplimiento por parte de las autoridades de Nuevo León incluso de las garantías más básicas de la Convención despierta dudas acerca de en qué medida el gobierno Mexicano cumple con la Convención, señaló Human Rights Watch.

En la mayoría de los casos sobre presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por miembros del Ejército o la Marina, los agentes del ministerio público del fuero común han renunciado a su jurisdicción y han transferido los casos al fuero militar. Según comentaron a Human Rights Watch agentes de la Procuraduría General de la República habían iniciado investigaciones en “dos o tres” casos de presuntas violaciones de derechos humanos en Nuevo León, que aún estaban en curso.

El 20 de diciembre, la Corte Interamericana dictó una sentencia vinculante para México, en la cual dispuso que todas las violaciones de derechos humanos debían ser investigadas y juzgadas en el sistema de justicia penal ordinario. Se trata de la cuarta sentencia sobre abusos militares contra civiles dictada por la Corte desde 2008. En todas, la Corte determinó que bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar en casos de violaciones de derechos humanos de civiles cometidas por las fuerzas armadas.

Las investigaciones de Human Rights Watch—incluido un informe de 2009, Impunidad Uniformada—han demostrado que el sistema de justicia militar de México carece de la independencia e imparcialidad necesarias para ofrecer vías de acción efectivas a las víctimas, a través de la investigación y el juzgamiento de los militares que cometen violaciones de derechos humanos. El Secretario de la Defensa ejerce a la vez poderes ejecutivos y judiciales sobre las fuerzas armadas, el control civil de las decisiones de los tribunales militares es muy limitado y prácticamente no existe ningún escrutinio público de las investigaciones y los juicios militares.

“El Gobernador Medina debe asegurarse de que los agentes del ministerio público del estado lleven a cabo una investigación enérgica, exhaustiva e imparcial de estos asesinatos y desapariciones, y debe enviar un mensaje claro de que su gobierno no tolerará ningún tipo de violaciones de derechos humanos ni investigaciones mediocres”, afirmó Vivanco. “Ante un sistema de justicia militar que ha demostrado mayor preocupación por proteger a sus miembros que por asegurar justicia para las víctimas, es crucial que las autoridades de la justicia ordinaria investiguen los abusos del Ejército y la Marina”.

Para consultar otros informes de Human Rights Watch sobre México, visite:
http://www.hrw.org/es/americas/mexico

Daniel Rodríguez Morales narra que tres días fue torturado por marinos; “me fabricaron pruebas”

Sanjuana Martínez

Especial para La Jornada

Monterrey, NL. Nosotros te vamos a arreglar la columna, cabrón, le gritaron a Daniel Rodríguez Morales, cuyas piernas no le respondían y era cargado por dos marinos al entrar a lo que parecía un gimnasio. Lo colgaron de las manos. Desnudo, con los ojos vendados. El golpe inicial de una tabla de madera en las nalgas lo hizo estremecerse de dolor. Luego siguieron las quemaduras en todo el cuerpo, las patadas en la columna vertebral, los puñetazos en las costillas… Aguantó el tormento físico en silencio para no darles gusto a sus verdugos que le exigían que gritara. Apretó las quijadas y los dientes hasta que lo intentaron ahogar con una bolsa de plástico. En ese momento emitió un grito desgarrador. Un golpe seco en la nariz y en la frente lo llevó a la oscuridad reparadora de un desmayo momentáneo. Al despertar, los torturadores lo esperaban para continuar con su tarea, la cual duró tres días.

“Di que la Marina te rescató –le exigían sus captores. Di que eres zeta, que vendes droga, que eres del crimen organizado”. Daniel se rehusaba. No podía aceptar someterse a una mentira: “Pensaba que me iban a matar. Éramos varios. Sólo oía los gritos y el llanto de otros. Me decían: ‘ya se nos murió uno. ¿Quieres ser el próximo? Coopera’. Cuando me iba a derrumbar tomaba fuerza pensando en mis dos hijos, en mi mamá, en mis hermanos. Quería despertar. Quería que se acabara aquella pesadilla.”

Integrantes de la Armada de México lo detuvieron el 15 de octubre por la mañana en la calle Uranio, colonia San Pedro 400. Ocho marinos entraron a su casa sin orden de cateo y se lo llevaron sin orden de detención: “Nunca dijeron a quién buscaban, sólo me agarraron de la camiseta y me la pusieron en la cabeza, me estiraron del escapulario de San Judas Tadeo que traía en el cuello y me abrieron la cabeza de un cachazo. Desperté cuando me bajaron entre dos. Me torturaron durante tres días. No me dieron de beber ni de comer; no me permitían dormir. A fuerza querían que dijera que era narco”.

Daniel habla mientras camina con mucha dificultad. Usa bastón. La mañana es luminosa. El sol brilla en el patio del penal de Apodaca, Nuevo León. Su madre, Blanca Eva Morales, le ha traído carne con mole y arroz para almorzar. Su hermano Víctor está sentado en la mesa esperándolo. Han pasado tres meses de la tortura y las secuelas se traducen en intensos dolores que mitiga con las medicinas que su familia le trae cada semana: “Estoy desesperado, deprimido, hundido. No hice nada y aquí estoy por un montaje de la Marina. Me fabricaron delitos. Me sembraron pruebas. Alteraron todo. Dicen que me detuvieron en otra parte. Me convirtieron en zeta. Sacaron un comunicado y mi nombre está en Internet. Soy inocente. ¿Qué va a pasar cuando salga de aquí? ¿Cómo voy a recuperar mi buena reputación? ¿Cómo voy a conseguir trabajo? Me han destruido”.

La entrada de periodistas al penal para ver a Daniel no está permitida. Su caso, como el de otros nueve presos, es considerado como un asunto delicado. Esta reportera entró a través de los controles de visita familiar, con una cita previamente acordada con el interno: Mi mamá intentó que otros medios denunciaran lo que me pasó, pero nadie quiso por tratarse de la Marina. La gente le tiene mucho miedo a los marinos; yo en cambio les tengo coraje. No es justo lo que me hicieron, comenta y muestra las huellas de torturas en las fotos tomadas por su madre cuando lo presentaron ante el juzgado quinto federal.

El montaje

¿Quieres abecedario o las vocales?, le preguntaban los torturadores a Daniel. Se trataba de darle un tablazo por cada letra: “Querían que me quebrara. Me dejaban tirado en el piso. Apenas me mojaban los labios con agua. Nunca pude ver el lugar, pero parecía un gimnasio. Cerca había unos baños. Recuerdo el olor y hasta allí me llevaban. Nunca dejaron de golpearme. El tercer día me dijeron: Mucho cuidado con hablar y contar algo. Si lo haces, mataremos a tu familia.

La Secretaría de Marina tiene su destacamento en instalaciones deportivas ubicadas en avenida López Mateos. Tres días después del operativo en la calle Uranio, colonia San Pedro 400, emitió un comunicado donde señalaba que había detenido a 10 hombres pertenecientes a un grupo del crimen organizado, concretamente a Los Zetas. El documento decía que en la operación aseguraron dos AK47 (cuerno de chivo), un fusil ametralladora M-1 calibre 30, dos armas cortas, 111 cartuchos de diversos calibres, 220 dosis de cocaína, 440 dosis más de crack, 80 gramos de mariguana, un vehículo y equipo de comunicación.

Cuando la Marina presentó a los 10 detenidos ante la Procuraduría General de la República el Ministerio Público se sorprendió: “Se quedó asustado al ver lo golpeado que estábamos. Nos dijo: ‘Cómo los han dejado’. Pero nadie intercedió por nosotros. Yo traía el ojo derecho cerrado por los golpes. En las heridas de las muñecas traía pus. No podía caminar. Estaba muy adolorido. En ese momento conocí a los que supuestamente eran mis cómplices”, cuenta Daniel.

Para su sorpresa, Daniel descubrió que no era el único inocente acusado falsamente por la Marina. En el penal se fue familiarizando con cada uno de los detenidos que componían la supuesta célula de Los Zetas. Cuenta que tres fueron sacados por los marinos de un taller mecánico cercano a su casa en San Pedro; otros tres lavacoches los detuvieron en el estacionamiento del supermercado Soriana y dos eran camioneros que fueron detenidos una noche antes en un enfrentamiento que ocurrió en Santa Catarina, donde murió un marino. Ambos se resguardaron de la balacera en la tienda de una gasolinera: Un trailero trabaja en Vitro y llevaba la carga. Tiene todos los documentos que avalan el recorrido que hizo. Iba a Tepic, de donde es. El otro trailero es de Querétaro. Los tres compartimos celda.

Todos han tenido la oportunidad de contarse sus historias y cotejar los datos con los que cuentan. El proceso que se les sigue es por pertenencia al crimen organizado. La Marina no se ha presentado en las pasadas dos citas jurídicas: Todo fue un montaje. Fueron levantando inocentes por puro coraje, porque les mataron a uno de ellos y querían presentar a los culpables de cualquier manera. Ahora saben que el caso no se sostiene. No tienen nada de lo que dicen. Hay muchas contradicciones en el expediente.

Daniel es un gran amante de la música. Y ha trabajado como DJ en bares y discotecas. Estaba desempleado desde hacía unos meses, intentando recuperarse de sus problemas de columna. Su madre lo ayudaba económicamente: Lo único que quiero es salir de aquí y olvidarme de todo. No he dejado que mis niños me vengan a ver. No lo soportaría. Sólo pienso en abrazarlos y estar nuevamente con ellos, dice llorando.

Madre Coraje

Blanca Eva Morales tuvo cinco hijos. Al nacer el último, con una deficiencia mental, su esposo la abandonó. Eso fue hace 18 años y desde entonces los ha sacado adelante: Yo vendo zapatos, ropa, trabajo todos los turnos que haga falta porque no quiero que anden mal vestidos ni que les falte nada, dice mientras sirve el mole y anima a Daniel a comer.

Tiene los ojos verdes. Lleva recogido el pelo en una coleta. Usa pantalón de mezclilla y camiseta. Parece una mujer enérgica, pero su cara amorosa se expone en cuanto mira a Daniel. Todos los días que puede viene a verlo a la cárcel. Le trae despensa, medicinas, cobijas, ropa, calzado: No puedo dejar que se me venga abajo.

Recuerda la angustia que padeció mientras el joven estaba desaparecido y el vía crucis judicial de estos últimos tres meses. Se limpia las lágrimas. Da un trago al refresco y dice: “Fui y me paré a la Marina hasta que apareció. Les gritaba. Los escupía. Les decía: ‘Deténganme a mí, desgraciados. Si me lo matan, no se la van a acabar”. Yo sabía que lo estaban torturando. Allí estuve día y noche. Me tomaban por loca. Yo pensé: si me lo entregan va estar bien golpeado. Me lo van a dejar peor de la columna. Tal vez tenga que volver al pañal y la sonda, pero no me importa. Si me lo matan, lo van a desaparecer”.

Blanca es policía y conoce los entresijos del sistema judicial: “Fui viendo los detalles del expediente. Todo se cae por sí solo (…) Me entró mucho coraje. Fui y hablé con la directora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y no quiso hacer nada. Le pedí ayuda a mucha gente. Nadie quiso hacer nada. Todo mundo le teme a la Marina. Yo no.”

A LOS MEDIOS DE COMUNICACION

A LOS PUEBLOS DE MEXICO Y EL MUNDO

A LAS ORGANIZACIONES SOSIALES Y DE DERECHOS HUMANOS

A LA OTRA CAMPAÑA

El pueblo digno de San Juan Copala se dirige a ustedes con gran dolor para que se conozca la verdad de los acontecimientos que se suscitaron en nuestra comunidad el pasado viernes 30 de julio.

Ese día 30 de julio cerca de 200 elementos de la policía estatal al mando del Comisionado Jorge Quezada entraron de manera violenta a nuestra comunidad con el pretexto de rescatar el cuerpo sin vida de uno de los jefes paramilitares más sanguinarios de esta región, junto con los policías iba un grupo fuertemente armado de al menos 20 pistoleros de la UBISORT, las mujeres que se encuentran en la comunidad para defender a los niños y su territorio formaron una valla humana para impedirles el paso, pero ellos empezaron a disparar hacia todos lados, todas  se protegieron como pudieron pero las compañeras Selena y Adela de apellidos Ramírez López de 17 y 15 años de edad no tuvieron tiempo de hacerlo por lo que fueron alcanzadas por las balas resultando gravemente heridas, por su estado de salud tuvieron que ser trasladadas a un hospital de la Ciudad de Oaxaca, hasta el día de hoy Selena y Adela libran una batalla dura contra la muerte las dos ya fueron intervenidas quirúrgicamente, a Selena la bala le atravesó el pulmón  y la reportan como grave a su hermana Adela la bala le daño los intestinos y se le alojo en la columna vertebral por lo que es muy probable que no vuelva a caminar si logra recuperarse ya que su estado es sumamente grave.  Ese es el OPERATIVO LIMPIO de Jorge Quezada por si fuera poco  este jefe policiaco  le dio posesión a los pistoleros de la UBISORT del Palacio Municipal mismos que hasta el día de hoy resguardan fuertemente armados y mantienen a los pobladores en un constante acoso, debemos recordar que  nuestro pueblo ha estado secuestrado por este grupo de criminales pertenecientes a la UBISORT por más de ocho meses, en los últimos meses se han agudizado los ataques hacia nuestros hermanos especialmente hacia las mujeres que han padecido ataques físicos y amenazas, ellas son las que más sufren la violencia, ahora resulta que después de que nos han matado a nuestros compañeros y compañeras, ellos que han generado toda esta ola de violencia hoy nos quieren acusar a nosotros de esa muerte de la cual nosotros somos totalmente inocentes.

La forma de realizar este tipo de operativos que solo reprimen a nuestros compañeros y nuestros pueblos que han sido al mas puro estilo de Ulises Ruiz Ortiz, nos referimos a su forma de aplicar la ley tan particular de este señor criminal que primero reprime y daña para que después a través  de los medios de comunicación dice todo lo contrario y que todo esta bien,  en este caso no fue la excepción ya que después que nos fueron a reprimir salieron a los medios y el Comisionado de la Policía Jorge Quezada declaro que “fue una acción limpia, no hubo violencia”, se puede llamar un operativo limpio cuando hirieron gravemente de bala a dos mujeres indígenas que no contaban con ningún tipo de arma para defenderse y que solo trataron de impedir el paso a los matones que iban con protección de la policía porque sabían que esto generaría más violencia e incertidumbre en la comunidad

Por lo tanto responsabilizamos de la vida de nuestras hermanas y de lo que les pueda suceder a los habitantes que siguen en nuestra comunidad a la Procuradora del Estado MARIA DE LA LUZ CANDELARIA CHIÑAS, al Secretario General EVENCIO NICOLAS MARTINEZ y al Gobernador ULISES RUIZ ORTIZ quiénes ahora si no consideraron que el entrar a San Juan Copala podía ser muy peligroso como lo dijeron anteriormente cuando se les solicito por un acto de humanidad ya que la gente estaba muy mal y padece hambre.

Hoy le reafirmamos al mal gobierno que los pueblos indígenas llevan mas de 500 años resistiendo y no será un grupo de perversos en el poder el que vea a San Juan Copala ir de rodillas a su tan añorada mesa de dialogo sabemos perfectamente que es el precio que estamos pagando por no querernos sentar a dialogar y haber desmentido al secretario de gobierno. Y reafirmamos el dialogo se debe dar entre comunidades y dirigentes naturales nombrados en asambleas una vez que los criminales que han sembrado de dolor nuestro pueblo sean detenidos.

Por último hacemos un llamado a los compañeros solidarios del  pueblo  de Oaxaca a que  contribuyan con la familia de nuestras compañeras de la forma que puedan pues por la situación económica y moral por la que atraviesan es sumamente crítica y se necesita de su aporte.

NOS TIENEN MIEDO PORQUE NO TENEMOS MIEDO

RESPETUOSAMENTE

MUJERES EN RESISTENCIA DE SAN JUAN COPALA