Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos » Comunicado

Declaración de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, sobre el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura

admin — Tue, 29 Jun 2010 04:03:52 +0000

Declaración de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, sobre el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura
26 de junio de 2010,
La Convención contra la Tortura exige a los Estados tratar la tortura como un delito y, procesar o extraditar a los presuntos autores de la misma. Incluso los Estados que no han ratificado la Convención tienen la obligación de proteger a sus ciudadanos de la tortura. Sin embargo, a pesar de esto, son escasos los juicios por casos de tortura. ”
“No obstante, hay un aspecto de todo esto que debería provocar que incluso los más despiadados torturadores reflexionen: con el tiempo, todos los regímenes cambian, incluyendo los más arraigados y despóticos. Esto quiere decir que quienes piensan que su inmunidad frente a la justicia está blindada pueden – y espero que cada vez más – enfrentarse a la justicia. ”
GINEBRA. “Casi todos los Estados tienen leyes que prohíben la
tortura y la declaran un crimen. Sin embargo, aún algunos Estados practican la tortura y
no enjuician a quienes la comenten. A pesar de que algunos Estados que practican la
tortura intentan mantenerla escondida en lugares pequeños y oscuros, que la mayoría de
nosotros no conocemos y que a muchos nos gustaría pensar que no existen tras las
fachadas de nuestras luminosas ciudades del siglo XXI, todos los días, en los escritorios
de funcionarios del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos hay
escalofriantes informes sobre actos de tortura “.
“El miércoles, Pakistán se convirtió en el Estado 147 en ratificar la Convención contra la
Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes. Ahora “solo” faltan 45
Estados miembros de la ONU por ratificar este tratado histórico, uno de los baluartes más
importantes de la civilización moderna contra el abuso de poder. ”
“Desafortunadamente, eso no quiere decir que la práctica de la tortura se limite a sólo 45
países. Las autoridades estatales de muchos países que son parte en la Convención siguen
practicando la tortura, ya sea porque la legislación nacional que la prohíbe no es
suficiente, o porque no se cumple. ”
“Tanto en tiempo de guerra como de paz, la tortura es un grave delito según el derecho
internacional.
“Mientras que muchos torturadores están en libertad, y continúan cometiendo este horrible crimen, la lista de los procesados por tortura está creciendo año tras año. Ejemplos recientes incluyen casos contra personas acusadas de haber cometido torturas, desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales en Chile y Argentina en los años 1970 y 1980. A nivel internacional, los tribunales ad hoc, incluidos los de la antigua Yugoslavia y Ruanda, han condenado a ex dirigentes por actos de tortura, y el tribunal de Camboya tiene previsto anunciar su veredicto sobre Kaing Guek Eav, el famoso Khmer Rouge, jefe de la prisión conocida como “Duch”, el 26 de julio. La Corte Penal Internacional, en el futuro, juzgará casos similares si los tribunales nacionales se abstienen de hacerlo. ”
“Me preocupa, sin embargo, que varios Estados mantienen amnistías que protegen a torturadores de ser llevados a la justicia, pese que los regímenes durante los que se cometieron los crímenes han terminado. Por eso, democracias establecidas que, en general acatan el Estado de Derecho, y están orgullosas de hacerlo, lo cual está, acaban en efecto protegiendo a torturadores y negando justicia – y, a menudo, como resultado, reparación – a las víctimas. ”
“La tortura es un crimen extremadamente grave, y en determinadas circunstancias puede constituir un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad o genocidio. Ningún sospechoso de cometer actos de tortura puede beneficiarse de una amnistía. Ese es un principio básico y vital de la justicia internacional “.
“Los torturadores y sus superiores, necesitan escuchar el siguiente mensaje alto y claro: por muy poderoso que sean hoy, hay muchas posibilidades de que tarde o temprano tengan que rendir cuentas por su falta de humanidad. Los gobiernos, las Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales, los defensores de derechos humanos, los medios de comunicación y todos nosotros necesitamos asegurar que este mensaje sea respaldado por acciones contundentes. ”
(*) Si desea revisar ratificaciones, incluida la Convención contra la Tortura, visite:

http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en

Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes:

http://www2.ohchr.org/english/law/cat.htm

Más información sobre el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos: http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/HighCommissioner.aspx

La reforma contra Halcones, peligrosa para la ciudadanía y de poca relevancia para la delincuencia

admin — Wed, 23 Jun 2010 02:26:21 +0000

22 de junio de 2010
Comunicado número: 1006/009/BP

“La reforma contra Halcones, peligrosa para la ciudadanía y de poca relevancia para la delincuencia”

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. manifiesta su más seria preocupación por la reforma contra “halcones” aprobada ayer por el H. Congreso del Estado de Nuevo León. La reforma al Código penal de la entidad tipifica como delito el acecho, la vigilancia y cualquier otra actividad tendente a obtener información de las instituciones de seguridad.

En vez de atacar las estructuras de poder, la corrupción y los recursos financieros que permiten el trabajo de la delincuencia organizada, la reforma ataca los niveles más bajos de las organizaciones criminales y afecta la capacidad ciudadana de revisar el trabajo de las autoridades.

Esta organización reconoce que la filtración y obtención de información juega un papel relevante en la problemática de la delincuencia organizada. Sin embargo, la reforma ataca un débil eslabón de la cadena de actos que permiten el florecimiento de la delincuencia y de la violencia. A la vez que desatiende alternativas de políticas sociales que incidan positivamente en la desincentivación de esta actividad, es decir, se pretende atacar la delincuencia sin tomar en cuenta las causas de ésta.

Preocupa gravemente la amplitud y ambigüedad del texto aprobado por la legislatura estatal, porque en él caben actividades legítimas y pacíficas de escrutinio ciudadano. Volver delito el obtener información, en general “las labores de seguridad pública, de persecución o sanción del delito” atenta contra los derechos civiles de la población, incluyendo el derecho de acceso a la información, y disminuye la posibilidad de democratizar nuestras instituciones.

Esta organización exhorta a los legisladores a reconsiderar su postura sobre el particular y a generar normas que de manera efectiva impidan el funcionamiento de la delincuencia organizada, en vez de concentrar los esfuerzos estatales en contra de los niveles más bajos de las organizaciones criminales.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.

El mando único de policía es una propuesta simplista que no resolverá nuestros problemas

admin — Fri, 11 Jun 2010 03:45:24 +0000

07 de junio de 2010

Comunicado número: 1006/008/BP

El mando único de policía es una propuesta simplista que no resolverá nuestros problemas

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. manifiesta su profunda preocupación por la posibilidad de que se apruebe la propuesta de un mando único de policía. Durante su XXXVIII Reunión ordinaria, la Conferencia Nacional de Gobernadores propuso que cada entidad federativa cuente con un mando único para todas sus policías, es decir, que se elimine el mando municipal.

CADHAC considera que la propuesta de un mando único por entidad es apresurada y simplista, ya que no se basa en ningún análisis de la situación que impera en el país. La propuesta carece de mecanismos para mejorar el trabajo de los cuerpos policiacos e, injustificadamente, parece afirmar que el problema de seguridad tiene como causa la pluralidad de corporaciones y no el desempeño de las mismas o el modelo de seguridad y las políticas públicas con las que éstas trabajan.

Un mando único por entidad federativa daría mayor poder a los Gobernadores de los estados y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en detrimento de la autoridad de los municipios y de las delegaciones capitalinas; además, no hay ninguna evidencia de que dicha transferencia de poder sirva para proteger mejor a la ciudadanía. Debido a que los cuerpos policiacos estatales son ineficaces, corruptos y poco transparentes, no hay razón alguna para pensar que harán mejor el trabajo que ahora comparten con las distintas corporaciones municipales.

CADHAC considera que la propuesta no atiende la complejidad de la situación de seguridad en el país y exhorta a los actores involucrados a meditar detenidamente el asunto y a buscar auténticos cambios en la fracasada política nacional de seguridad.

Secuestros a migrantes en México “Una Tragedia Humanitaria”

admin — Wed, 24 Mar 2010 02:16:52 +0000

COMUNICADO DE PRENSA

México, D.F., 23 de marzo de 2010

Secuestros a personas migrantes en México “Una Tragedia Humanitaria”: Comisión Interamericana de Derechos Humanos

• Relator sobre Trabajadores Migrantes pide visitar México este año
• Comisionados expresan que la cifra de migrantes secuestrados es escalofriante y constituye una violación masiva de derechos humanos

En el marco de una audiencia pública del 138 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos efectuada el día 22 de marzo de 2010 en la ciudad de Washington DC, Estados Unidos de América, las organizaciones de la sociedad civil firmantes de este comunicado presentamos la temática del secuestro sistemático y generalizado a personas migrantes en México, cometido por el crimen organizado con la complicidad de autoridades como producto de una política migratoria restrictiva y con escasa perspectiva de derechos humanos.

Al recibir la información, Felipe González, Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Relator para los Trabajadores Migrantes y sus Familias, señaló que la cifra presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de 9,758 personas migrantes secuestradas en un lapso de seis meses es escalofriante y, por lo tanto, que el Estado debe redoblar esfuerzos para prevenir que esta situación se continúe reproduciendo. Asimismo, destacó la importancia que para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene el respeto a los derechos humanos de los defensores, por lo que conminó al Estado a facultar garantías de seguridad para la vida y el trabajo del Padre Alejandro Solalinde y del Albergue Hermanos en el Camino, de Ixtepec, Oaxaca, así como del Padre Pedro Pantoja y del albergue Belén, Posada del Migrante, Frontera con Justicia, A.C. y Humanidad Sin Fronteras, A.C.

Por su parte, el Comisionado Rodrigo Escobar Gil, Relator para México, fue contundente al expresar que la situación de secuestros masiva y generalizada que sufren las personas migrantes en tránsito por México ha adquirido las características de una verdadera tragedia humanitaria. Particularizó que en el secuestro se violan absolutamente todos los derechos humanos, afectando no sólo a las víctimas, sino también a sus familias y a sus comunidades. Por estas razones, señaló que el Estado no debe sólo intervenir con medidas policíacas, sino que tiene, forzosamente, que ejecutar una política integral, involucrándose a partir de sus tres órdenes de gobierno para brindar, sobre todo, acciones de prevención y de atención integral a todas las problemáticas derivadas de esta grave violación a los derechos humanos.

Las organizaciones peticionarias hemos denunciado esta grave problemática desde hace más de tres años, sin que haya existido ninguna reacción eficaz del gobierno, lo cual ha desembocado en la persistencia de toda clase de abusos sexuales, tortura física y psicológica, asesinatos, extorsión, corrupción, privación ilegal de la libertad, explotación con fines laborales, sexuales, prácticas análogas a la esclavitud, tráfico de órganos e impunidad. Por lo tanto, pusimos en evidencia el incumplimiento del Estado mexicano a los instrumentos americanos de Derechos Humanos al consentir la comisión del secuestro, así como al no garantizar la protección y la defensa de los derechos humanos de las víctimas.

Asimismo, reiteramos que las y los defensores de los derechos humanos de las personas migrantes continúan siendo criminalizados y puestos en condiciones de extremo riesgo al no garantizárseles mecanismos de seguridad que permitan desarrollar labores de defensa y representación legal.

La delegación del Estado no contestó puntualmente a la información proporcionada por los peticionarios, rechazando, además, los calificativos expresados por los Comisionados de graves violaciones a los derechos humanos y de tragedia humanitaria; sin embargo, no aportó ningún argumento para demostrar lo contrario. Por no contar con los datos relevantes durante la audiencia, el Estado se comprometió a entregar un informe posterior sobre el tema.

Las organizaciones peticionarias estaremos pendientes de que se concrete la visita del Relator de Migrantes al país este año, para que pueda cumplir con su objetivo de recabar información de primera mano sobre la situación de vulnerabilidad y violencia extrema en la que viven las personas migrantes en tránsito por México y víctimas de secuestro.

Organizaciones que participamos en este proceso
y presentamos a la CIDH un informe específico en la materia:

1. Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro Prodh)
2. Frontera Con Justicia, A.C.
3. Humanidad Sin Fronteras, A.C.
4. Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios
5. Casa del Migrante Hermanos en el Camino, de Ixtepec, Oaxaca
6. Dimensión de la Pastoral de la Movilidad Humana
7. Servicio Jesuita a Migrantes México
8. Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova
9. Servicio Jesuita de Jóvenes Voluntarios
10. Albergue de Nuestra Señora de Guadalupe, A.C. de Reynosa, Tamaulipas
11. Albergue Guadalupano de Tierra Blanca, Veracruz

Redes que se solidarizan con las organizaciones que presentaron
el informe ante la CIDH y se adhieren a este comunicado.

Foro Migraciones
Red nacional de la sociedad civil que trabaja por los derechos humanos de las personas migrantes,
Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos Para Todos y Todas
Organismo conformado por 69 organizaciones de todo el país

Injusticia de la prisión preventiva: aplica a ciudadanos, pero no a autoridades

admin — Thu, 07 Jan 2010 20:28:20 +0000

07 de enero de 2010

Comunicado número: 1001/01/BP

Injusticia de la prisión preventiva: aplica a ciudadanos, pero no a autoridades

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., manifiesta su indignación por la desigualdad legal que impera en el Estado de Nuevo León en cuyas leyes los abusos de la autoridad no son considerados delito grave, pero la resistencia de los particulares sí.

Los hechos de violencia en la Colonia Los Altos tuvieron como consecuencia la privación de la libertad tanto de policías municipales como de ciudadanos. Sin embargo, los policías podrán seguir el juicio en libertad mientras que los ciudadanos tendrán que hacerlo encarcelados, debido a que el artículo 16 BIS del Código Penal para el Estado de Nuevo León establece que el delito de Resistencia de particulares es grave, pero el delito de abuso de autoridad no lo es, y toda persona acusada de un delito grave es sometida a prisión preventiva.

Esta organización ha sostenido que el sistema de remisión automática a prisión preventiva por estar acusado de un delito considerado grave en la ley es incorrecto y poco eficaz, porque impide que los jueces valoren en cada caso si la situación de los inculpados es tal que sería un riesgo dejar que enfrentaran su proceso penal en libertad. Este sistema lleva a abusos e injusticias, como la manifestada en este caso en el que personas procesadas por los mismos hechos reciben tratos sumamente desiguales.

Exhortamos a nuestros legisladores a ajustar el sistema de prisión preventiva a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, de tal forma que ésta se aplique sólo en casos excepcionales cuando se ha demostrado al juez de la causa que de la libertad provisional del acusado se seguirían graves perjuicios a la sociedad.

Esperanza legislativa

admin — Thu, 27 Aug 2009 00:32:12 +0000

26 de agosto de 2009

Comunicado No. 0809/025BP

Esperanza legislativa

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC), desea compartir con la comunidad una breve reflexión sobre el trabajo desempeñado por los y las integrantes de la LXXI Legislatura al Congreso del Estado de Nuevo León, y las expectativas que recaen sobre la Legislatura entrante..

La legislación creada en los últimos tres años en materia de seguridad pública, nos permite identificar un serio retroceso en el respeto y vigencia de los derechos fundamentales de todo ciudadano, así como en el proceso democrático que toda sociedad merece.

En la Legislación saliente se identificó una clara tendencia al endurecimiento de las sanciones y la creación de más prohibiciones legales, especialmente a través de la creación de nuevos delitos, el aumento de sanciones y de delitos en el catálogo de delitos graves, tales como: Delito contra la seguridad de la comunidad, Ataque contra Servidores Públicos, Violencia en Espectáculos Deportivos, Daño en Propiedad Ajena en la modalidad de pintar inmuebles (graffiti), Obstrucción de la Vía Pública fueron delitos de nueva creación; el Pandillerismo, la Resistencia a las Autoridades, las Lesiones a Servidores Públicos, el Homicidio calificado, el Parricidio y el Secuestro, son algunos de los ilícitos o modalidades cuya pena fue agravada.

La mayoría de las reformas en materia penal que hemos visto en los últimos años no responden adecuadamente a las problemáticas sociales; debemos recordar que no existe una relación directa entre la gravedad de la pena y su efecto disuasorio. Las conductas criminales no disminuirán porque las penas sean mayores, sino porque se apliquen correcta y sin excepción a los culpables. Es decir que, no es con sanciones más aparatosas sino con autoridades más eficientes y menos corruptas, que la sociedad neolonesa podrá enfrentar adecuadamente a la delincuencia.

Por otra parte, la ampliación del catálogo de delitos graves en el Código Penal y, por remisión, en la Ley del Sistema Especial de Justicia para Adolescentes, ha dado lugar al incremento en la aplicación de la prisión preventiva y, en consecuencia, en el número de personas encarceladas, incluyendo menores de edad. La adopción del sistema penal acusatorio y la preeminencia del principio de presunción de inocencia requieren la reducción de los supuestos de prisión preventiva, ya que ésta constituye un obstáculo para el ejercicio de una defensa adecuada, viola el principio de presunción de inocencia, constituye una pesada carga para la hacienda pública y genera situaciones de privación arbitraria de la libertad, porque se aplica de forma automática sin que el juez de la causa pueda evaluar caso por caso si es justificado aplicar tal medida.

Consideramos que esta serie de acciones legislativas, redujo la esfera de libertades de los individuos, dañando las de por sí precarias condiciones democráticas en Nuevo León. Al no contar con instituciones de Estado que se apeguen estrictamente a los derechos fundamentales consagrados en las constituciones federal y local, así como en el derecho internacional de los derechos humanos, vemos que los anhelos por la vigencia de un Estado Constitucional y Democrático de Derecho, y por un mayor ejercicio público de deliberación en la toma de decisiones, se esfuman.

Exhortamos a los nuevos legisladores a no cometer los errores antes mencionados, a asumir una actitud, asertiva y humilde, que les permita buscar y tomar en cuenta las opiniones de la ciudadanía y de expertos en los temas que les toque legislar, así como la obligación de cuidar y respetar los límites que las Constitución y los tratados internacionales les imponen y sin los cuales nos conduciríamos precipitadamente a un estado autoritario.

Mantenemos la esperanza y exhortamos a los recién electos Diputados y Diputadas que integrarán la LXXII Legislatura al Congreso del Estado a aprovechar la oportunidad de realizar su encomienda legislativa con dedicación, esmero, asumiendo el compromiso de restituir a la ciudadanía los derechos esenciales que le han sido afectados; es decir, esperamos que el órgano democrático y representativo de nuestra entidad federativa contribuya al fortalecimiento de un modelo de democracia constitucional, garante de las libertades y los derechos de todas las personas.

Fraternalmente,

CIUDADANOS EN APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS

Del abuso de autoridad. . . ni los Diputados se escapan

admin — Mon, 24 Aug 2009 14:43:47 +0000

24 de agosto de 2009

Comunicado No. 0809/024BP

Del abuso de autoridad. . . ni los Diputados se escapan

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC), por este medio nos permitimos reiterar nuestra indignación y preocupación por una más de las arbitrarias detenciones efectuadas en Nuevo León; en esta ocasión por agentes de la policía municipal de García, Nuevo León, el día de ayer, en perjuicio de varios diputados integrantes de la LXXI Legislatura al Congreso del Estado.

Las detenciones arbitrarias -sin orden de autoridad competente, sin fundamentación ni motivación o sin conducta flagrante- son comunes y cotidianas en nuestra entidad federativa y los representantes de la autoridad que las realizan generalmente las pretenden justificar bajo el falso argumento de que la persona detenida es o parece sospechosa; o bien, aducen que se trata de una revisión de rutina.

Ninguna de ellas constituye causa justificada para violentar los derechos al libre tránsito y a la legalidad, constitucionalmente reconocidos en beneficio de la ciudadanía[1]; más bien han sido hasta ahora el pretexto para cometer abusos en contra de gente inocente, robos, golpes, lesiones, desapariciones e, incluso, homicidio, conductas que en la inmensa mayoría de las veces han quedado impunes, gracias al contubernio que priva en los cuerpos policíacos y en el sistema de justicia.

Es muy grave que los elementos policíacos, con su actuar, demuestren con inusitada frecuencia una actitud de indiferencia con relación a los más elementales derechos humanos de los ciudadanos ¿o será conducta, además de común, dolosa?, pero más grave aún lo es la actitud permisiva de los altos mandos.

Esperamos que la injusta detención y molestia vivida en carne propia por los Legisladores les sirva como experiencia para tomar urgentemente las medidas legislativas necesarias para evitar la repetición de las mismas, así como para que quienes incurran en ellas reciban las sanciones pertinentes para desalentar su práctica y sean obligados a reparar el daño que causen a las víctimas.

¡Demandamos un alto urgente a los abusos policíacos!

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C.

[1] Todo hombre tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes: artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento: artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

¿Es juego o es burla?

admin — Tue, 18 Aug 2009 23:11:01 +0000

18 de agosto de 2009

Comunicado No. 0809/023BP

¿Es juego o es burla?

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC), por este medio nos permitimos expresar nuestra indignación por la carencia de seriedad en el ejercicio de la función pública por parte del Secretario de Seguridad Pública del Estado, mostrada en sus contradictorias decisiones con relación a la aplicación de los operativos antialcohol.

Es increíble y muy lamentable que casi al finalizar la presente administración pública uno de los servidores públicos con mayor responsabilidad se conduzca en forma errática, inestable, respecto de un tema altamente sensible para la ciudadanía, como lo es un espacio de actuación gubernamental municipal sujeto al debate por representar una acción inconstitucional y, al mismo tiempo, una oportunidad para el abuso y la extorsión por parte de algunos elementos integrantes de los cuerpos de seguridad pública, tránsito y vialidad.

Es contradictorio que, por un lado, el Secretario de Seguridad Pública aduzca que los elementos que integran el cuerpo de policía bajo su responsabilidad tienen que ser vigilados por el ejército por no ser confiables y, por otro lado, ahora pretenda hacernos creer que si dichos elementos participan en operativos antialcohol éstos serán realizados en forma adecuada.

La población de Nuevo León merece que las tareas gubernamentales sean efectuadas con profesionalismo y eficacia y no como si el quehacer público fuese un juego o motivo de burla.

Exigimos que el Secretario de Seguridad Pública ajuste su actuar al marco jurídico en vigor y respete puntualmente la esfera de derechos inviolable de la ciudadanía: las garantías individuales, particularmente el derecho al libre tránsito, mismo que se violenta a través de la aplicación de los operativos antialcohol.

Fraternalmente,

CIUDADANOS EN APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS

Comunicado conjunto sobre la resolución de la SCJN en torno al caso Acteal

admin — Fri, 14 Aug 2009 22:52:27 +0000

Comunicado conjunto sobre la resolución
de la SCJN en torno al caso Acteal

México, D.F., 14 de agosto de 2009

SCJN dio su aval a la impunidad con su decisión sobre el caso Acteal.
La resolución confirma una vez más el agotamiento de las instancias nacionales para garantizar el acceso a la justicia en nuestro país.
Levantamos la voz para exigir justicia por los 45 asesinados en Acteal.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio su aval nuevamente a la impunidad con su decisión de amparar a 26 indígenas chiapanecos y ordenar la liberación inmediata de 20 de ellos, todos los cuales habían sido sentenciados por su participación en la masacre de Acteal. Los ministros de la Primera Sala de la SCJN justificaron su decisión en el hecho de que las sentencias se basaron en pruebas y testigos fabricados por la Procuraduría General de la República (PGR). De igual manera resolvieron que ésta, junto con jueces y magistrados violaron gravemente las garantías procesales de los sentenciados.

La Suprema Corte no se pronunció con respecto a la culpabilidad o inocencia de los indígenas amparados, sino que se limitó a señalar que hubo actuaciones contrarias al orden constitucional por parte de la PGR, así como de los jueces y magistrados que intervinieron en el proceso. Sin embargo, su decisión supone un grave riesgo para los derechos humanos, debido a que por negligencias cometidas por agentes del Estado mexicano durante el crimen cometido el 22 de diciembre de 1997 en Acteal, así como en su proceso de investigación, éste quedará en impunidad. Cabe destacar que al momento actual, los familiares de los sobrevivientes no han encontrado acceso a la justicia: ni sanción a responsables, ni reparación integral del daño.

La resolución adoptada por la Primera Sala del Máximo Tribunal confirma una vez más el agotamiento de las instancias nacionales para garantizar el acceso a la justicia en nuestro país. Su decisión la convierte en factor de impunidad, pero también pone en evidencia la incapacidad y la ineficiencia de las instancias de procuración y administración de justicia, lo que permite que éstas sean usadas discrecionalmente por las diversas autoridades como espacios de control político y de negociación.

Frente a esta realidad levantamos la voz para exigir justicia por los 45 niños, mujeres y hombres asesinados en Acteal. Confiamos para ello en el compromiso decidido de los sobrevivientes y sus familiares. Mientras estos crímenes no sean esclarecidos, ni los responsables –tanto materiales como intelectuales– sean debidamente procesados y sentenciados, cualquier acción gubernamental carecerá de credibilidad.

Nos solidarizamos con quienes en Acteal sufrieron la injusticia y la siguen sufriendo y avalamos la coadyuvancia del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en el caso Acteal. Por lo tanto también expresamos nuestro compromiso para evitar que en la región vuelvan a imponerse las condiciones para el resurgimiento de la violencia. De ello serían responsables tanto el gobierno del Estado de Chiapas como el gobierno federal, que en 12 años han sido manifiestamente incapaces para proponer soluciones reales y se han empeñado en seguir vulnerando los derechos de los pueblos indígenas.

ORGANIZACIONES:

Católicas por el Derecho a Decidir, A.C.
Centro de Derechos Humanos
“Fray Francisco de Vitoria, O.P.” A.C.
Centro de Derechos Humanos
Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro Prodh)
Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C.
Centro de Derechos Humanos
”Fray Francisco de Vitoria O.P.”A.C.
Centro de Investigación y Promoción Social A.C. (CIPROSOC)
Centro Nacional de Comunicación Social A.C. (CENCOS)
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC)
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI)
Colectivo Garrapathos; Querétaro
Comisión de Religiosos de Justicia, Paz y Vida
Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C.
Comité de América Latina y el Caribe
para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM)
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM JALISCO)
Comité Monseñor Romero
Contraimpunidad (Uruguay)
Enlace, Comunicación y Capacitación, A.C.
Equipo Indignación A.C. , Mérida, Yucatán
Fuga A.C., Espacio Alternativo
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C.
La Academia Mexicana de Derechos Humanos, A.C.
Mujeres Sin Miedo
Nuestras Hijas de Regreso a Casa, A.C.
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio
Observatorio Latinoamericano de Geopolítica
Paz con Democracia
Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C. (ProDESC)
Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad
Red de Solidaridad con Chiapas
Red Guerrerense de Organizaciones Civiles y de Derechos Humanos
Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”
Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (Serapaz)

Sistema Universitario Jesuita: Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Universidad Iberoamericana Torreón, Universidad Iberoamericana León, Universidad Iberoamericana Puebla, Universidad Iberoamericana Tijuana, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente de Guadalajara (ITESO), Centro de Estudios Ayuuk-Universidad Indígena Intercultural Ayuuk, Oaxaca, Universidad Loyola del Pacífico.
Tinku – Dinamarca

PERSONALIDADES:

Carlos Morfín Otero SJ,
Provincial de la Compañía de Jesús en México
Gonzalo Ituarte Verduzco,
Provincial de la orden de predicadores
(Dominicos) en México.
Fray Miguel Concha Malo, O.P.,
Promotor Regional de Justicia y Paz
de los Dominicos en América Latina y El Caribe
Pablo González Casanova
Carlos Fazio
Julieta Egurrola
Humberto Robles
Carmen Huete
Enrique González Ruiz
Ofelia Medina
Begoña Lecumberri
Ana Esther Ceceña
Giovanna Cabazola
Teresa Zacarías
Claudia Santiago
Rodolfo Stavenhagen
Juan Brom
Francesca Guillén
Guillermo Briseño
Juan Bañuelos
Dolores González
Miguel Alvarez
Pablo Romo
Magdalena Gómez
Bruno Bichir
Guadalupe Bringas
Angélica Araceli Reveles Soto
Denise Ramirez
Vicente López
Adolfo Gilly
Luciano Concheiro
Patricia Rodríguez Jurado, Argentina
Oscar Rivera
Malcom Aquiles
Gilberto López y Rivas
Alicia Castellanos
Victor Flores Olea
Paulina Fernández

Para mayor información comunicarse a:

Área de Comunicación y Análisis del Centro Prodh

Quetzalcoatl g. Fontanot (04455 3917 5068)

Teléfono: (0155) 55468217, extensión 110

Correo electrónico: analisis@centroprodh.org.mx

¿Necesidad real o creada?

admin — Wed, 24 Jun 2009 15:26:12 +0000

24 de junio de 2009
Comunicado No. 0609/021BP

¿Necesidad real o creada?

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC), por este conducto manifestamos nuestra preocupación por la posibilidad de que la Administración Pública estatal concrete el proyecto de edificar un nuevo centro penitenciario, sin contar con un estudio o diagnóstico que justifique la necesidad de construirlo.

Dicha preocupación deriva del hecho de que en el Estado ya existen tres centros de readaptación o reinserción social y sólo en uno de ellos, el Topo Chico, se reporta una pequeña sobrepoblación y en ninguno de ellos se reporta la prestación de servicios eficientes, apegados a las normas constitucionales vigentes y a los estándares internacionalmente aceptados.

Antes de realizar una obra suntuaria e innecesaria, deben adoptarse las medidas que, por lógica, son útiles para abatir la sobrepoblación que pudiera alegarse existe, como son:

Crear y utilizar mecanismos que permitan privar de la libertad a las personas solamente después de que judicialmente se haya acreditado su responsabilidad en un hecho delictuoso; es decir, evitar lo más posible el uso de la prisión preventiva;
Remitir a los reos inimputables a espacios de salud especializados, por tratarse de personas enfermas y no de delincuentes;
Realizar una revisión puntual de la situación jurídica de cada uno de los internos, para identificar aquéllos que pueden obtener el beneficio de la libertad anticipada y proceder a otorgársela.

En el estudio denominado Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria publicado en este año por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se aprecia que la calificación de Nuevo León con relación a la calidad de los servicios que se prestan en los penales ha descendido, ya que en el año 2006 fue de 7.27 y en el 2008 cayó a 6.69; fueron evaluados 56 indicadores, encontrándose 50 de ellos con calificación a la baja y sólo 6 a la alza, lo cual evidencia el detrimento de la calidad de dichos servicios en la actual Administración y obliga a revisar escrupulosamente si es o no necesario construir un nuevo penal.

Las reiteradas quejas presentadas por internos e internas y sus familiares con relación a actos de tortura, malos tratos, falta de oportunidades de empleo y de actividades deportivas y culturales, aplicación de castigos desmedidos e ilegales, deficiente alimentación e insuficiencia de servicios psicológicos y médicos, así como respecto a las indignantes revisiones corporales que se practican en la persona de los visitantes, ratifican que lo que sí se requiere urgentemente es la revisión y modificación de los procedimientos que se siguen en la prestación de los servicios penitenciarios, así como la verdadera profesionalización de los prestadores de los mismos, evitando la participación de personas carentes del perfil necesario, como lo

son algunos celadores señalados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos como presuntos responsables de actos de tortura.[1]

El endurecimiento de las sanciones penales, el abuso de la prisión preventiva, la preeminencia de grupos de control al interior de los espacios penitenciarios en oposición a los representantes del orden, el probable tránsito o tráfico de drogas y de armas, la corrupción y la impunidad, son factores que deben ser analizados para proceder a su erradicación antes de gastar el dinero público en un rubro en el que las autoridades han demostrado ser negligentes.

De nada serviría realizar una millonaria inversión económica y contar con un moderno edificio si no se cuenta también con una política pública integral, que incluya personal debidamente calificado y probado en su honestidad, profesionalismo, capacidad y disponibilidad de trabajo en un área que es singularmente sensible y trascendente para toda la sociedad, como lo es la reinserción social.

Como Estado, debemos decidir conscientemente si nuestro proyecto social es seguir propiciando las condiciones que generan delincuencia y, por tanto, la necesidad de contar con más espacios penitenciarios, o si enfocamos nuestra determinación y recursos a lograr que mejoren las condiciones socioeconómicas de la población y los servicios de seguridad pública y procuración y administración de justicia, para lograr que prevalezca el Estado de Derecho sin necesidad de encarcelar a más gente y de gastar más dinero del erario en servicios que no cumplen el objetivo de lograr la reinserción social del delincuente.

Exhortamos nuevamente a las autoridades estatales a analizar amplia y públicamente la viabilidad de un nuevo penal y, con suma responsabilidad en el ejercicio de la función que les está encomendada, descartar su edificación.

Fraternalmente

CIUDADANOS EN APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS, A. C.

[1] Recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos No. 42/99