Comunicado: 1201/01

• Demandan a Diputados urgente tipificación del delito de Desaparición Forzada.

• Entregan CADHAC y Familiares de personas desaparecidas oficio al Congreso del estado para que realice la tarea correspondiente.

El día de hoy integrantes de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., CADHAC, y familiares de personas desaparecidas que conforman la LUPA (Lucha por Amor, Verdad y Justicia), entregaron dos documentos en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado donde demandan la inmediata actuación de la LXXII Legislatura, para la tipificación del delito de Desaparición Forzada.

Los escritos fueron dirigidos al Diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, Presidente de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno, así como al Diputado Jorge Santiago Alanís Almaguer, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Nuevo León.

En ellos dan cuenta del curso que ha tenido la propuesta de tipificación del señalado delito, presentada por CADHAC en mayo de 2011 al Congreso, la cual fue enriquecida en una serie de Mesas de Trabajo organizadas por la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, donde se contó con la presencia de diversos representantes de gobierno, así como de un oficial de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, experto en el tema.

Tras estas reuniones se obtuvo un documento que, en palabras del Coordinador de la Comisión señalada, el Diputado César Garza, sería el definitivo, tanto por su calidad, como por el consenso logrado en la redacción. Sin embargo es fecha que –señalan los grupos que acudieron al Congreso- no es subida al Pleno para su discusión.

En los escritos se solicita en concreto que se de lectura al oficio en la sesión que se celebrará el próximo viernes 13 por la Diputación Permanente, y, se solicite a la Comisión correspondientes que realice los trabajos necesarios para que el Dictamen sea presentado al Pleno en el periodo inmediato de sesiones, como lo marca la Ley, es decir, en el Período Extraordinario que está pronto a iniciar.

Los escritos fueron dirigidos al Diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, Presidente de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno, así como al Diputado Jorge Santiago Alanís Almaguer, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Nuevo León.

En ellos dan cuenta del curso que ha tenido la propuesta de tipificación del señalado delito, presentada por CADHAC en mayo de 2011 al Congreso, la cual fue enriquecida en una serie de Mesas de Trabajo organizadas por la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, donde se contó con la presencia de diversos representantes de gobierno, así como de un oficial de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, experto en el tema.

Tras estas reuniones se obtuvo un documento que, en palabras del Coordinador de la Comisión señalada, el Diputado César Garza, sería el definitivo, tanto por su calidad, como por el consenso logrado en la redacción. Sin embargo es fecha que –señalan los grupos que acudieron al Congreso- no es subida al Pleno para su discusión.

En los escritos se solicita en concreto que se de lectura al oficio en la sesión que se celebrará el próximo viernes 13 por la Diputación Permanente, y, se solicite a la Comisión correspondientes que realice los trabajos necesarios para que el Dictamen sea presentado al Pleno en el periodo inmediato de sesiones, como lo marca la Ley, es decir, en el Período Extraordinario que está pronto a iniciar.

En esta ocasión, no tuvimos oposición por parte de los cuerpos de Seguridad para ingresar al Congreso, la sesión se llevó acabo en el espacio recepción antes de la sala de sesiones, por lo que pudimos tomar asiento frente a ellos. Algunas de las familias llevaban pancartas con las fotos de sus familiares que buscan, otras llevaban puestas la camiseta de “Dónde están”.

Sesionaron 7 diputados, casi todos líderes de los diferentes grupos parlamentarios, excepto 2, uno del PRI, y otra del PAN.

Casi al finalizar la sesión, el Dip. Héctor Gutiérrrez tomó la palabra y respetuosamente mencionó, que frente a ellos, estaba un grupo de ciudadanos que seguramente venían a expresar algo a ellos, y que lo menos que podían hacer, era responder de la misma manera -respetuosamente- y escuchar nuestro mensaje.

Al terminar, los diputados se acercaron a nosotr@s. Nosotr@s a su vez, nos acercamos un poco, y nos escucharon. Las ideas importantes que mencionamos fueron:

a) Se ha realizado un trabajo serio de análisis en donde han participado por iniciativa de la Comisión de Justicia presidida por el Dip. César Garza, todas las fracciones parlamentarias, miembros del Jurídico del Ejecutivo, Gente de la Procuraduría de Justicia, Miembros del Tribunal superior de Justicia, así como el experto en estos temas por parte de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en México, Alan García, y miembros de CAdhac.

b) Después de varias sesiones de trabajo, se llegó a elaborar un documento final, ya con todas las opiniones de los diferentes actores participantes, y estaba lista para ser presentada. ¿Porqué no se ha presentado al Pleno?…

c) Contar con el delito de desaparición forzada, favorecerá de manera importante a fortalecer el Estado de Derecho, inhibirá las desapariciones forzadas donde actúan agentes estatales, y también disminuirá la impunidad.

e)El tiempo para su presentación al pleno, debe hacerse en el período extraordinario, es decir a mediados de enero.

Como respuesta tuvimos:

a) había conocimiento del trabajo que se había realizado en la Comisión y no se sabía qué era lo que estaba deteniendo

b) hablaría Héctor Gutiérrez con César Garza par revisar esto, y se nos mantendría informad@s.

También tomó la palabra una de las mamás que busca a su hijo, y les dijo que ella buscaba, buscaba y no había respuestas, y que no pararía hasta encontrarlo.

Hoy sábado, tendremos reunión con los familiares, para planear la siguiente semana de seguimiento a fin de que se tipifique a la brevedad la desaparición forzada.

Les agradecemos a todos por su interés, y especialmente a quienes nos han estado pidiendo información sobre esto.

P.D. También les comparto, que hoy se metieron dos amparos, pues hemos venido recibiendo informes que dos internos del Penal de Cadereyta, estaban muy golpeados, uno de ellos inclusive con posible fractura de mano, “enganchados”, sin darles alimentos, desde el 31 de diciembre… y por consecuencia incomunicados… muy delicado y valoramos que estaba en riesgo sus vidas… veamos si logramos mejorarles la situación.

Comunicado No. 1112/039

Policía Estatal restringe la libertad de expresión

al reprimir manifestación pacífica.

CADHAC manifiesta su indignación ante el hecho ocurrido el dìa de hoy, en el que la  Policía Estatal detuvo a 4 ciudadanos ejerciendo su derecho a manifestarse pacíficamente por el desproporcionado aumento a las tarifas del transporte público, autorizadas por el Consejo Estatal de Transporte y Vialidad.  Es muy grave que se pretenda nulificar estas acciones, ya que representan el control democrático por parte de la sociedad, fomentan la transaprecia de las actividades estatales y  promueven la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública; razón por la que, de ser estrictamente necesario, el margen de restricción debe ser muy reducido, especialmente tratandose de cuestiones de interés público.

Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la libertad de expresión tiene tres funciones primordiales dentro de cualquier Estado: La primera garantiza la libertad de compartir información y pensamientos propios y ajenos. La segunda, como herramienta de la democracia, y la tercera, como herramienta de los demás derechos. Por lo anteriormente mencionado es fundamental la protección de la libertad de expresión y manifestación, y debe tomar en cuenta, que violentando alguna de sus funciones se vulneran las demás.

Es decir, la libertad de expresión es sustento y efecto de toda sociedad democrática, instrumento para su ejercicio y garantía de su desempeño. Es innegable la relación entre el despliegue de la expresión y el goce de la libertad. El orden público democrático reclama, pues, la defensa de la libertad de expresión.

Por lo anterior, CADHAC considera inaceptable los hechos ocurridos el día de hoy en el Estado de Nuevo León,  por lo tanto condena:

a) la represión de 4 personas que esta mañana ejercían pacíficamente su derecho de manifestarse contra el aumento desmedido a las tarifas al transporte público,

b) la detención ilegal y arbitraria a la que fueron sometidos estos 4 ciudadanos.

c) el abuso de la fuerza pública al golpear a una de estas personas.

Por lo anterior exigimos: 1) su inmediata liberación, 2) la devolución de la multa, en caso que la hubieran pagado, y 3) el respeto irrestricto a cualquier manifestación ciudadana en ejercicio de la libertad de expresión.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.

Boletín No. 039/1211/BP

Aumenta el Número de Muertes en los Penales de Nuevo León, bajo la complacencia de las autoridades

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) deplora y condena las más de 60 muertes que durante este año han ocurrido en los tres centros penitenciarios de la entidad, vislumbrándose en ello una intolerable e injustificable complacencia por parte de las autoridades.

El más reciente de estos hechos corresponde a una joven de nombre Janeth de la Cerda Palacios de 23 años de edad, quien ingresó al Penal del Topo Chico el 4 de agosto de este año y fue encontrada muerta el día de ayer, 12 de diciembre. Las autoridades señalan que se suicidó ingiriendo insecticida. Sin embargo, la presunción de suicidios en muchas de las muertes ocurridas en 2011 genera suspicacias. Está fallando gravemente el sistema penitenciario. No es posible que en un lugar que se encuentra protegido y vigilado las 24 horas, y donde la seguridad debe ser garantizada por las autoridades, ocurran estos hechos que se han vuelto sistemáticos.

La privación de la libertad, de ninguna manera significa que las personas recluidas en centros penitenciarios puedan ser expuestas a tratos crueles inhumanos y denigrantes y mucho menos que puedan ser privadas de sus vidas.

Las autoridades muestran que no pueden o no quieren mantener un control legal y suficiente en un lugar especialmente vigilado, en el que las personas están confinadas. No es racional pensar que en un ambiente cerrado y extremadamente protegido puedan suceder en menos de 12 meses, mas de 60 muertes que hasta hoy han quedado en total impunidad. Es necesario que las autoridades replanten su estrategia de control y seguridad en las prisiones desde una visión de derechos humanos.

Asimismo CADHAC se manifiesta profundamente preocupada por la inactividad que ante estos hechos ha mostrado la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León. Como institución pretendidamente protectora de derechos humanos, la Comisión debió iniciar quejas de oficio y tomar todas las medidas administrativas necesarias para proteger a las personas privadas de la libertad. La inactividad de este organismo ha comprometido la integridad de las y los presos.

CADHAC hace un llamado enérgico a las autoridades para que cumplan con sus funciones legales y constitucionales de brindar un servicio penitenciario acorde con los más altos estándares internacionales.

Es necesario detener la muerte de personas privadas de la libertad, así como investigar de manera pronta y expedita las muertes ocurridas en lo que va del año, para que se sancione a los responsables. Se debe  garantizar que las prisiones sean un auténtico espacio de reinserción social, no un lugar de abusos, extorsiones, tortura y de riesgo para la vida de las personas ahí recluidas.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.

Boletín No. 037

-        Se realiza la quinta reunión de seguimiento entre sociedad civil y Procuraduría de N.L., sobre casos de personas desaparecidas

-        Si bien hay avances, aún no es localizada ninguna persona desaparecida.

El día de ayer, miércoles 7 de diciembre, se realizó la quinta reunión que familiares de personas desaparecidas quienes integran la LUPA (Lucha por Amor, Verdad y Justicia), CADHAC y el Movimiento por la Paz, sostuvieron con la Procuraduría de Justicia de Nuevo León.

Alrededor de 100 personas partieron de la Plaza de la Purísima hacia las instalaciones de la Procuraduría, con mantas y cartelones donde se colocaron las fotos de personas desaparecidas, resaltando la pregunta “¿Dónde están?”

Con la presencia del poeta Javier Sicilia y Emilio Álvarez Icaza del Movimiento por la Paz, así como de integrantes de CADHAC, familiares de personas desaparecidas participaron en Mesas donde se abordaron los avances de sus casos.

Tras seis horas de reunión se concluyó la revisión de 29 expedientes. La Hna. Consuelo Morales, Directora de CADHAC, señaló que el 50% de ellos presentan avances cualitativamente importantes, mientras que el 40% muestra avances menores, siendo que el 10% restante presenta un avance nulo. Estos avances –dijo- significan arrancar pedazos a la impunidad.

Asimismo señaló que entre los Acuerdos de la Reunión se encuentra trabajar, durante el mes de enero, en Protocolos para protección de testigos/as e investigación de casos, mientras que la siguiente reunión de revisión de expedientes será en febrero de 2012.

Por su parte Javier Sicilia del Movimiento por la Paz, al igual que la directora de CADHAC, señaló que si bien se vieron ciertos avances, no se ha encontrado a ninguna de las personas desaparecidas. “No es posible que el gobierno no sepa dónde está una cantidad tan alta de desaparecidos, más de 10,000 en el país”, señaló el poeta.

“¿Dónde están, nuestros hijos dónde están?” gritaban las familias de personas desaparecidas luego de las conclusiones de la reunión.

MÉXICO INCUMPLE RECOMENDACIONES DE ORGANISMO INTERNACIONALES

• Criminalización y persecución penal de comunicadores comunitarios, grave agravio a la libertad de expresión.
• Poder Judicial insiste en emitir sentencias discriminatorias y desproporcionales.

México, D.F.,  a 1º de diciembre de 2011.-  Aproximadamente a las 14 horas del día de hoy, 1º de diciembre, fue detenido Juan José Hernández, Director de la radio comunitaria Radio Diversidad, ubicada en el Estado de Veracruz en cumplimiento a una sentencia que lo acusa de usar, aprovechar y explotar un bien propiedad de la Nación sin permiso o concesión del Estado, según lo establecido en el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales.

Esta es la segunda detención contra un integrante de Radio Diversidad, estación que fue cerrada el 11 de marzo de 2009 mediante un operativo de la Procuraduría General de la República (PGR) respondiendo a una orden de cateo librada por un juez penal federal. De acuerdo con el expediente, la denuncia inicial fue interpuesta por la Unidad Jurídica de la Secretaría de Gobernación (Segob) en enero de 2009.

La libertad de expresión es uno de los valores fundamentales de la democracia y es inherente al respeto de los demás derechos humanos[1], en este sentido la labor que desempeñan las radios comunitarias atendiendo a las voces menos favorecidas de la sociedad, llevando información acorde con sus necesidades, las convierte en una herramienta por excelencia para que las comunidades pueden ejercer ampliamente la libre expresión.

La radio comunitaria Diversidad surgió por la inquietud de los jóvenes del Municipio Paso el Macho, en el estado de Veracruz, para acercar información acorde a necesidades de las personas de la comunidad, difundir los derechos de las personas que trabajan en la zafra de la caña de azúcar, lograr vínculos de solidaridad y apoyo mutuo con otros grupos que realizan un trabajo social, como el grupo de mujeres de Las Patronas, y en especial mejorar las condiciones de vida de otros jóvenes y de los habitantes de su municipio y aledaños.

Es importante resaltar que los integrantes de la radio solicitaron, desde el año 2008, por múltiples canales, un permiso de transmisión para operar una estación de radio, sin que hubiera respuesta alguna por parte de las autoridades, ante lo cual y en vista de las necesidades de comunicación se atrevieron a transmitir de manera alegal.

Como señaló la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH en su último informe es necesaria una legislación acorde a la sentencia de la Suprema Corte y a los estándares internacionales, de manera tal que las emisoras comunitarias obtengan autorización para operar, así como que se establezca un marco jurídico claro sobre su funcionamiento. El Estado Mexicano falla al negar un mecanismo fiable de acceso a las frecuencias, sin embargo, enjuicia diligentemente a quienes transmiten sin licencia[2].

Este caso se suma al de otras radios comunitarias que han sufrido persecuciones penales similares. La persistencia por parte de las autoridades en utilizar figuras penales en contra de periodistas que abordan asuntos de interés público, de personas que trabajan en radios comunitarias y de activistas sociales en el marco de actos de protesta social se traduce en presiones directas o indirectas encaminadas a silenciar la labor informativa de los periodistas y son incompatibles con la libertad de expresión e interfiere con el flujo de información, necesario para la construcción de la democracia mexicana[3].

La Asociación Mundial de Radios Comunitarias México (AMARC-Mx) condena enérgicamente la detención de José Hernández, así como la criminalización y represión de la que son víctimas las y los comunicadores comunitarios a través del inicio de procesos penales injustos y desproporcionados por hacer uso de la voz.

Amarc-Mx le recuerda al Estado Mexicano que tanto las relatorías para la Libertad de Expresión de Naciones Unidad, la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como la UNESCO, el Banco Mundial y el PEN Canadá, entre otros, han emitido diversos informes donde se llama al reconocimiento de las características especiales de la radiodifusión comunitaria en ley, la creación de un marco normativo claro, preestablecido, preciso y razonable que establezca procedimientos sencillos y accesibles para la obtención de frecuencias.

Amarc-Mx agradece de manera muy especial el acompañamiento realizado por la Casa de los Derechos de Periodistas.

[1] ONU Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión Frank La Rue, A/HRC/17/27/Add.3 Párr. 49

[2] GIBBONS Cara y SPRATT Beth Corrupción, Impunidad, Silencio: La Guerra contra los Periodistas mexicanos. PEN Canadá/IHRP, Canadá, 2011, pág 47

[3] supra 1, párr. 84

Monterrey, N.L. 8 de noviembre 2011. Diversas organizaciones sociales de Monterrey se reunieron el día de hoy para ofrecer un reconocimiento público a la Hna. Consuelo Morales, Directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., CADHAC, quien será galardonada por Human Rights Watch (HRW) con el Premio Alison Des Forges por Activismo Extraordinario, el más alto honor que otorga la organización internacional en cuanto su firme compromiso con los altos ideales de la defensa de los derechos humanos.

Este homenaje, señaló Consuelo Espinola de la Alianza de Usuarios, es entregado anualmente a personas que han puesto en riesgo su seguridad y vida en la defensa de los derechos humanos, y este año se otorga a: Hossam Bahgat, de Egipto; Sihem Bensedrine, de Túnez; Anis Hidayah, de Indonesia; Farai Maguwu, de Zimbawe; Elena Milashina, de Rusia; Sussan Tahmasebi, de Irán y a Consuelo Morales, de Monterrey, México.

Espinola mencionó palabras textuales de Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch: “Cada uno de estos defensores y defensoras ha mostrado un coraje y una persistencia increíbles en beneficio de los demás (…) Honramos su coraje y sus esfuerzos, y esperamos que este premio fomente la sensibilización del público a nivel internacional sobre las condiciones abusivas que intentan cambiar”.

Leticia Hidalgo habló a nombre de la LUPA (Lucha por Verdad, Amor y Justicia) explicando que su grupo está conformado por familias de personas ejecutadas o desaparecidas, y que de conjunto agradecen el respaldo y trabajo que realizan con CADHAC; asimismo se escuchó la voz de organizaciones como el Colectivo Plural de Mujeres, el Movimiento Ambientalista Ciudadano y Resistencia Civil Pacífica.

Por su parte la Hna. Consuelo Morales agradeció el evento, señalando que el reconocimiento es para la gente que integra y ha integrado CADHAC a lo largo de los 18 años que esta organización tiene de trabajo. Asimismo hizo hincapié en que, si bien el reconocimiento es una bocanada de aire fresco, a la vez indica la gravedad del problema de violaciones a derechos humanos que existe en México, y en particular en Nuevo León. Este premio –dijo- está dando la oportunidad de visibilizar aún más lo que sucede en nuestro estado a nivel internacional.

Morales Elizondo saldrá en esta semana rumbo a Estados Unidos, donde en las ciudades de Santa Bárbara Ca, Los Ángeles Ca y San Francisco le será otorgado el señalado premio.

*** Imágenes sin editar de casos específicos de abusos cometidos por las fuerzas de seguridad en México se encuentran disponibles en:

http://hrwnews.org/distribute/mexico/spanish/preview_sp.html

(México D.F., 9 de noviembre de 2011) – En el marco de la lucha contra la delincuencia organizada en México, militares y policías han cometido violaciones de derechos humanos generalizadas y casi ningún caso está siendo investigado adecuadamente, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy.

El informe de 229 páginas, “Ni Seguridad, Ni Derechos: Ejecuciones, desapariciones y tortura en la ‘guerra contra el narcotráfico’ de México”, examina las consecuencias para los derechos humanos del enfoque del Presidente Felipe Calderón en la lucha contra los poderosos carteles de narcotráfico que operan en México. A través de investigaciones exhaustivas llevadas a cabo en cinco de los estados más violentos del país, Human Rights Watch encontró evidencias que sugieren fuertemente que miembros de las fuerzas de seguridad habrían participado en más de 170 casos de tortura, 39 “desapariciones” y 24 ejecuciones extrajudiciales desde que Calderón asumió la presidencia en diciembre de 2006.

“En vez de reducir la violencia, la ‘guerra contra el narcotráfico’ de México ha provocado un incremento dramático de la cantidad de asesinatos, torturas y otros terribles abusos por parte de las fuerzas de seguridad, que sólo contribuyen a agravar el clima de descontrol y temor que predomina en muchas partes del país”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

Una delegación de Human Rights Watch presidida por Kenneth Roth, director ejecutivo de la organización, y por Vivanco presentó el informe al Presidente Calderón, a miembros del Congreso mexicano y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a organizaciones de la sociedad civil.

Poco tiempo después de asumir la presidencia en diciembre de 2006, Calderón declaró la “guerra” contra la delincuencia organizada y convocó al Ejército mexicano a participar en la lucha contra los carteles, a pesar de los extensos antecedentes de abuso e impunidad de esta institución. Más de 50.000 soldados fueron asignados a esta iniciativa, además de miles de miembros de la Marina, de la Policía Federal y de fuerzas de policía estatales y locales.

En los cinco estados relevados – Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco – Human Rights Watch comprobó que las fuerzas de seguridad aplican torturas sistemáticamente para conseguir que los detenidos confiesen mediante coerción o proporcionen información sobre los carteles. El informe también contiene evidencias contundentes que sugieren que soldados y policías han perpetrado “desapariciones” y ejecuciones extrajudiciales, y que en muchos casos han adoptado medidas para ocultar sus delitos.

Human Rights Watch analizó datos recabados a través de más de 200 entrevistas efectuadas a víctimas y autoridades, 60 pedidos de información pública y del examen de un amplio espectro de estadísticas oficiales. Si bien la incidencia de las violaciones graves de derechos humanos ha aumentado drásticamente en el contexto de las medidas adoptadas por México contra el narcotráfico, no sucedió lo mismo con la investigación y el juzgamiento de estos abusos, según comprobó Human Rights Watch.

Esto se debe, en parte, a que los soldados que cometen violaciones de derechos humanos contra civiles continúan siendo investigados y juzgados en la jurisdicción militar, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de México y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han expresado en sus pronunciamientos que estos abusos deben ser investigados en la jurisdicción penal ordinaria, y que los tribunales militares carecen de la imparcialidad y la transparencia necesarias para juzgar a sus propios miembros. El resultado de esta práctica ha sido una impunidad casi total, afirmó Human Rights Watch. En los cinco estados relevados, entre 2007 y abril de 2011 los agentes del Ministerio Público militar iniciaron 1.615 investigaciones sobre delitos presuntamente cometidos por soldados contra civiles. Ni un sólo soldado ha sido condenado en estos casos.

Los agentes del Ministerio Público civil tampoco han adoptado medidas básicas – como entrevistar a testigos clave o visitar la escena del crimen – para investigar denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por policías y otros funcionarios civiles. Por ejemplo, según información solicitada al Ministerio Público estatal en los cinco estados relevados, se presentaron cientos de denuncias de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes ante las comisiones de derechos humanos de los estados. No obstante, ningún funcionario ha sido acusado en estos estados por hechos de tortura.

“Estos abusos casi nunca se investigan adecuadamente pero, a pesar de ello, es común que las autoridades se refieran a las víctimas como delincuentes y asuman que sus denuncias son falsas”, expresó Vivanco. “Como resultado, las víctimas y sus familiares no tienen otra opción que impulsar sus propias investigaciones para reivindicar a sus seres queridos”.

En varias oportunidades, el Presidente Calderón ha declarado públicamente que el 90 por ciento de las víctimas de muertes vinculadas al narcotráfico – que su gobierno estima fueron cerca de 35.000 entre 2007 y enero de 2011– eran delincuentes. No obstante, datos obtenidos por Human Rights Watch permiten dudar de la fiabilidad de estas afirmaciones. La Procuraduría General de la República, que cuenta con facultades constitucionales para investigar penalmente los homicidios vinculados con la delincuencia organizada, indicó a Human Rights Watch que solamente había iniciado 997 investigaciones de este tipo de homicidios entre 2007 y agosto de 2011. Y, según la justicia federal, los jueces federales solamente han condenado a 22 personas acusadas de homicidio y otros delitos relacionados con la delincuencia organizada.

Human Rights Watch comprobó que un amplio espectro de funcionarios judiciales participaron en las violaciones de derechos humanos. Entre ellos se incluyen jueces que admiten pruebas conseguidas posiblemente mediante tortura, agentes del Ministerio Público que obtienen “confesiones” de acusados que son mantenidos incomunicados en bases militares, y peritos médicos que omiten o minimizan lesiones cuando examinan a los detenidos.

El informe formula recomendaciones específicas a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial destinadas a abordar los abusos documentados en el informe, incluidas las siguientes:

·       El Congreso debería reformar el Código de Justicia Militar para impedir que las investigaciones de presuntas violaciones de derechos humanos contra civiles se lleven a cabo en la jurisdicción militar; y los procuradores generales de justicia de la República y de los estados deberían tomar la iniciativa de investigar todos los casos de posibles violaciones de derechos humanos, incluidas aquellas supuestamente cometidas por el Ejército.

·       Los funcionarios públicos deberían abstenerse de efectuar declaraciones en las cuales desestimen las denuncias de abuso antes de que éstas hayan sido investigadas, así como de afirmar que las víctimas de abusos son delincuentes antes de que hayan sido condenadas por algún delito.

·       Los jueces deberían hacer cumplir la prohibición de emplear pruebas obtenidas mediante tortura, y los legisladores deberían derogar las disposiciones legales – como el arraigo y otras normas excesivamente amplias que permiten la detención de personas in flagrante (mientras cometen un delito) – que facilitan el abuso de los detenidos.

“El gobierno mexicano se enfrenta a carteles que han cometido crímenes aberrantes contra oficiales y civiles por igual”, aseveró Vivanco. “Sin embargo, en su respuesta, las fuerzas de seguridad deben actuar empleando un estándar diferente, no sólo porque el respeto de los derechos es lo correcto, sino porque además es indispensable para asegurar el éxito de cualquier estrategia para mejorar la seguridad pública”.

Para leer “Ni Seguridad, Ni Derechos: Ejecuciones, desapariciones y tortura en la ‘guerra contra el narcotráfico’ de México’” visite: http://hrw.org/es/reports/2011/11/09/ni-seguridad-ni-derechos

Para obtener más información, comuníquese con las siguientes personas:

En México D.F., José Miguel Vivanco (inglés, español): +52-1-55-3070-7866 (celular); vivancj@hrw.org

En México D.F., Nik Steinberg (inglés, español): +52-1-55-3397-8268 (celular); steinbn@hrw.org

En Nueva York, Daniel Wilkinson (inglés, español): +1-212-216-1284 (oficina); +1-646-552-8063 (celular);wilkind@hrw.org

En Berlín, Wenzel Michalski (inglés, alemán): +49-151-419-24256 (celular); michalw@hrw.org

En París, Jean-Marie Fardeau (francés, inglés, portugués): +33-6-45-85-24-87 (celular); fardeaj@hrw.org

En Bruselas, Reed Brody (inglés, francés, español, portugués): +32-498-62-57-86 (celular); brodyr@hrw.org

En Londres, David Mepham (inglés): +44-20-7713-2766; +44-7572-603995 (celular); mephamd@hrw.org

Para más información acerca del trabajo de Human Rights Watch sobre México, visite:http://www.hrw.org/es/americas/mexico

Boletín de prensa

AI México

Las sentencias dictadas a 14 integrantes del ejército mexicano por el asesinato de cinco civiles en 2007 es un importante avance hacia la justicia. Sin embargo, estos casos deben ser juzgados en tribunales civiles y no militares, afirmó hoy Amnistía Internacional.

La secretaría de la defensa (SEDENA) anunció ayer que una corte marcial había impuesto sentencias de entre 16 a 40 años de prisión a integrantes del ejército con relación al asesinato de dos mujeres y tres niños, quienes no se detuvieron en un retén militar en el estado de Sinaloa.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha recibido más de 6,000 quejas de abusos a los derechos humanos cometidos por integrantes de las fuerzas armadas desde finales de 2006. Sin embargo, son infrecuentes los juicios y sentencias a militares.

“Es positivo que los responsables de este crimen en particular hayan sido identificados y procesados. Sin embargo, serias dudas continúan con respecto a los pormenores de sus sentencias” ha dicho hoy Susan Lee, Directora para las Américas de Amnistía Internacional. “Por ejemplo, dada la naturaleza poco transparente del sistema de justicia militar en México, no sabemos mayores detalles del caso o por cuánto tiempo estos hombres realmente permaneceránen prisión”

De acuerdo a autoridades militares, previamente a estas sentencias tan solo dos funcionarios del ejército han sido sentenciados por abusos contra civiles desde que el presidente Felipe Calderón asumió la presidencia en diciembre de 2006. Hasta el momento, todos los casos relacionados con presuntos abusos por parte de las fuerzas armadas han sido procesados a través del sistema de justicia militar.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ha emitido una serie de sentencias en contra de México ordenando que todas las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares sean investigadas y juzgadas en instancias civiles. A principios de año, la Suprema Corte de Justica de la Nación (SCJN) determinó que los casos relacionados con violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas deberían estar fuera de la jurisdicción militar. Hasta el momento no hay evidencia de que esto esté sucediendo.

La administración del presidente Felipe Calderón ha dependido de las fuerzas armadas para combatir el crimen organizado, incluyendo a los fuertemente armados carteles. Desde 2006 ha habido un alarmante incremento en el número de reportes de abusos a los derechos humanos cometidos por integrantes de estas fuerzas.

“Con la única excepción de estos pocos casos, el sistema de justicia militar ha fallado consistentemente en brindar justicia a las víctimas de estos abusos y hacer rendir cuentas a los responsables, conduciendo esto a un clima de impunidad”, dijo Susan Lee. “Es tiempo de que las autoridades mexicanas den cumplimiento a las decisiones de la Corte Interamericana y de la Suprema Corte de Justicia trasladando las investigaciones y procesos judiciales de abusos a los derechos humanos cometidos por las fuerzas armadas a instancias civiles” agregó.

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos