El aumento de penas no es benéfico para la ciudadanía Mediante un desplegado que con motivo del inicio de su segundo periodo ordinario de sesiones fue publicado en la prensa local el 30 de marzo pasado, el H. Congreso del Estado de Nuevo León dio a conocer a [...]]]> 06 de abril de 2010
Comunicado número: 0410/005BP

El aumento de penas no es benéfico para la ciudadanía
Mediante un desplegado que con motivo del inicio de su segundo periodo ordinario de sesiones fue publicado en la prensa local el 30 de marzo pasado, el H. Congreso del Estado de Nuevo León dio a conocer a la ciudadanía lo que considera sus principales logros legislativos. Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. desea expresar su opinión sobre el primer punto del desplegado, referente a la seguridad ciudadana.
El Congreso del Estado manifestó que ha aumentado la penalidad a imponerse en dos delitos (Secuestro y robo en casa habitación) y que ha aprobado el inicio inmediato de la búsqueda de personas desaparecidas. Esta organización se congratula profundamente por las modificaciones hechas por el Congreso relativas a la agilización de los procesos de búsqueda de cualquier persona reportada como desaparecida debido a que dicha reforma permitirá proteger mejor los derechos de la ciudadanía y está acorde a los estándares internacionales de protección de los derechos humanos.
Sin embargo, CADHAC se encuentra sumamente preocupada por el aumento de penas a delitos, esta organización está convencida de que no es a través de un sistema de penas duras, sino a través de un sistema que aplique sistemática y transparentemente la ley, que la situación de inseguridad que se vive en la entidad podrá revertirse. Existe un amplio consenso científico relativo a que el aumento de las penas no sirve para disminuir el número de ilícitos cometidos.
Dado que el pretendido efecto disuasorio de las penas sólo es factible si éstas son realmente impuestas, el problema del Estado de Nuevo León no es que las penas sean de poca monta sino que la impunidad es enorme. Por lo que CADHAC exhorta a los miembros del Poder Legislativo local a revertir las reformas en la materia y a buscar vías para que la ley se aplique, no para que sea más dura.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.
Padre Mier 617 PTE. 64000 Monterrey, N.L. México Tel. (81) 8343-5058 / Fax (81) 8343-6618 / Mail: cadhac@cadhac.org

Comunicado número: 1001/01/BP

Injusticia de la prisión preventiva: aplica a ciudadanos, pero no a autoridades

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., manifiesta su indignación por la desigualdad legal que impera en el Estado de Nuevo León en cuyas leyes los abusos de la autoridad no son considerados delito grave, [...]]]> 07 de enero de 2010

Comunicado número: 1001/01/BP

Injusticia de la prisión preventiva: aplica a ciudadanos, pero no a autoridades

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., manifiesta su indignación por la desigualdad legal que impera en el Estado de Nuevo León en cuyas leyes los abusos de la autoridad no son considerados delito grave, pero la resistencia de los particulares sí.

Los hechos de violencia en la Colonia Los Altos tuvieron como consecuencia la privación de la libertad tanto de policías municipales como de ciudadanos. Sin embargo, los policías podrán seguir el juicio en libertad mientras que los ciudadanos tendrán que hacerlo encarcelados, debido a que el artículo 16 BIS del Código Penal para el Estado de Nuevo León establece que el delito de Resistencia de particulares es grave, pero el delito de abuso de autoridad no lo es, y toda persona acusada de un delito grave es sometida a prisión preventiva.

Esta organización ha sostenido que el sistema de remisión automática a prisión preventiva por estar acusado de un delito considerado grave en la ley es incorrecto y poco eficaz, porque impide que los jueces valoren en cada caso si la situación de los inculpados es tal que sería un riesgo dejar que enfrentaran su proceso penal en libertad. Este sistema lleva a abusos e injusticias, como la manifestada en este caso en el que personas procesadas por los mismos hechos reciben tratos sumamente desiguales.

Exhortamos a nuestros legisladores a ajustar el sistema de prisión preventiva a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, de tal forma que ésta se aplique sólo en casos excepcionales cuando se ha demostrado al juez de la causa que de la libertad provisional del acusado se seguirían graves perjuicios a la sociedad.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.

“PROTESTAR ES UN DERECHO, REPRIMIR ES UN DELITO”

Reprimen manifestación de adultos mayores.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) expresa su indignación y preocupación por las acciones represivas de las autoridades gubernamentales en contra de un grupo de adultos mayores que se manifestaban pacíficamente frente al Congreso [...]]]> Comunicado 0909/026

“PROTESTAR ES UN DERECHO, REPRIMIR ES UN DELITO”

Reprimen manifestación de adultos mayores.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) expresa su indignación y preocupación por las acciones represivas de las autoridades gubernamentales en contra de un grupo de adultos mayores que se manifestaban pacíficamente frente al Congreso del Estado de Nuevo León.

Hoy, el 24 de septiembre, mientras el Gobernador del estado de Nuevo León, José Natividad González Parás rendía su sexto y último informe de gobierno en el Congreso Local, un grupo de 20 personas, defraudadas por la empresa financiera Unión de Crédito Monterrey (UCREM) fue brutalmente reprimido por quienes la prensa identificó como sindicalizados de la CTM, privándolos de su legitimo derecho de libertad de expresión y de manifestación pacífica de sus ideas.

Los defraudados de UCREM fueron despojados de sus ahorros. Tras su jubilación, recibieron sus pensiones correspondientes que invirtieron confiadamente en la empresa financiera, autorizada y regulada por la Comisión Nacional Bancaria. A lo largo de los varios años, de las 1,800 personas defraudadas, han fallecido 56 sin recibir su dinero.  Han agotado medidas jurídicas y políticas para recuperar sus inversiones. Sus intentos han sido en vano. Ni UCREM, ni el gobierno estatal, ni la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, ni la Comisión Nacional Bancaria, han podido resarcir el daño económico y moral.

Como un recurso más para encontrar la justicia, las víctimas caminaron las calles, expresando su frustración; humildemente pidiendo su derecho a su seguridad económica. En respuesta a la protesta pacífica, las autoridades gubernamentales rompieron el micrófono, empujaron y golpearon a los adultos mayores.

CADHAC desea expresar su firme solidaridad con las victimas a quienes se han negado sus derechos constitucionales de manifestación, libre expresión, seguridad económica y social, así como el derecho de libre tránsito. Es absolutamente vergonzoso que el gobierno de Nuevo León sea capaz de tratar así personas tan vulnerables como adultos mayores.

UCREM les ha robado de sus pensiones de jubilación, hoy el gobierno de Nuevo León les robo de su dignidad. Protestar es un derecho, reprimir es un delito.

Invitamos a la ciudadanía a que manifieste su rechazo a este tipo de acciones que avergüenzan a nuestra sociedad.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C.

24 de septiembre de 2009

Comunicado No. 0809/024BP

Del abuso de autoridad. . . ni los Diputados se escapan

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC), por este medio nos permitimos reiterar nuestra indignación y preocupación por una más de las arbitrarias detenciones efectuadas en Nuevo León; en [...]]]> 24 de agosto de 2009

Comunicado No. 0809/024BP

Del abuso de autoridad. . . ni los Diputados se escapan

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC), por este medio nos permitimos reiterar nuestra indignación y preocupación por una más de las arbitrarias detenciones efectuadas en Nuevo León; en esta ocasión por agentes de la policía municipal de García, Nuevo León, el día de ayer, en perjuicio de varios diputados integrantes de la LXXI Legislatura al Congreso del Estado.

Las detenciones arbitrarias -sin orden de autoridad competente, sin fundamentación ni motivación o sin conducta flagrante- son comunes y cotidianas en nuestra entidad federativa y los representantes de la autoridad que las realizan generalmente las pretenden justificar bajo el falso argumento de que la persona detenida es o parece sospechosa; o bien, aducen que se trata de una revisión de rutina.

Ninguna de ellas constituye causa justificada para violentar los derechos al libre tránsito y a la legalidad, constitucionalmente reconocidos en beneficio de la ciudadanía[1]; más bien han sido hasta ahora el pretexto para cometer abusos en contra de gente inocente, robos, golpes, lesiones, desapariciones e, incluso, homicidio, conductas que en la inmensa mayoría de las veces han quedado impunes, gracias al contubernio que priva en los cuerpos policíacos y en el sistema de justicia.

Es muy grave que los elementos policíacos, con su actuar, demuestren con inusitada frecuencia una actitud de indiferencia con relación a los más elementales derechos  humanos de los ciudadanos ¿o será conducta, además de común, dolosa?, pero más grave aún lo es la actitud permisiva de los altos mandos.

Esperamos que la injusta detención y molestia vivida en carne propia por los Legisladores les sirva como experiencia para tomar urgentemente  las medidas legislativas necesarias  para evitar la repetición de las mismas, así como para que quienes incurran en ellas reciban las sanciones pertinentes para desalentar su práctica y sean obligados a reparar el daño que causen a las víctimas.

¡Demandamos un alto urgente a los abusos policíacos!

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C.

Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento: artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

México, D.F., 14 de agosto de 2009

17 de febrero de 2009

Bloqueos viales en Nuevo León: la solución no es la indiferencia ni la represión

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A. C (CADHAC), organización no gubernamental y sin fines de lucro que desde 1993 se dedica a la defensa integral de los derechos humanos [...]]]> Boletín No. 0209/007 BP

17 de febrero de 2009

Bloqueos viales en Nuevo León: la solución no es la indiferencia ni la represión

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A. C (CADHAC), organización no gubernamental y sin fines de lucro que desde 1993 se dedica a la defensa integral de los derechos humanos en el Estado de Nuevo León, manifiesta su más profunda preocupación en relación al indebido manejo que las autoridades han hecho en torno a los bloqueos que recientemente se han llevado a cabo en distintas vialidades de la ciudad de Monterrey.

Los grupos que han llevado a cabo estas acciones se manifiestan por la retirada del ejército de las funciones que constitucionalmente pertenecen sólo a la autoridad civil. La forma en que las han llevado a cabo, empero, es atípica de los movimientos ciudadanos neoloneses, como atípica ha sido la reacción de la autoridad, que ha permitido  la mayoría de los bloqueos sin tomar cartas en el asunto.

Ante estos hechos que redundan en el malestar de la comunidad, debemos recordar que tanto el derecho al libre tránsito, como el derecho a manifestarse, están ampliamente reconocidos en nuestra Constitución. Es común que el ejercicio de uno de estos derechos afecte o incida en el ejercicio del otro, ante estos casos es deber de la autoridad buscar activamente un equilibrio pacífico entre ambos derechos. Las autoridades del Estado de Nuevo León han permitido que expresiones con claros tintes de provocación se dilaten indebidamente sin hacer uso de medios idóneos como la negociación. Debemos recordar que, como lo ha indicado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “en una sociedad democrática el espacio urbano no es sólo un ámbito de circulación, sino también un espacio de participación”[1], por lo tanto, la labor de la autoridad es negociar el desbloqueo de las avenidas, que tanto desquicio provoca en la comunidad; la autoridad no debe reprimir, ni tampoco quedarse de brazos cruzados.

Las autoridades estatales han dicho que los grupos de manifestantes son manejados por el crimen organizado y con este argumento se han llevado propuestas al H. Congreso del Estado para convertir en delito lo que es un derecho fundamental: el derecho a protestar. Por otra parte, la prensa local y nacional ha dado a conocer que el gobierno federal decidió enviar refuerzos a esta entidad con la finalidad de combatir estos bloqueos.  De llevarse a cabo dicha acción represiva y de aprobar la creación de nuevos delitos, la ciudadanía, y no sólo estos manifestantes específicos, se verá privada de uno de los pocos medios que en un país de profundas desigualdades estructurales, tiene para hacer oír sus preocupaciones y para buscar la solución de los problemas que la aquejan.

Estamos convencidos de que el pleno respeto al estado de derecho es una condición necesaria para una vida armónica en sociedad, ese estado de derecho sustantivo debe contener un respeto irrestricto a los derechos humanos, incluido el derecho a disentir y de manifestarse. La autoridad y la comunidad pueden legítimamente cuestionar los motivos de un grupo para ejercer sus derechos, si el Estado tiene elementos de convicción suficientes en contra de alguien para considerar que ha incurrido en conductas ilícitas, como el narcotráfico, la autoridad debe iniciar la acción penal correspondiente, que a través de un debido proceso puede culminar con la privación de la libertad de dicha persona; pero la autoridad no puede privar a alguien de sus derechos constitucionales, no puede tampoco declarar que reprimirá a quien se manifieste en contra de una u otra política gubernamental.

Hacemos un respetuoso llamado a las autoridades para que aborden este delicado asunto con la celeridad que amerita, buscando en todo momento una salida pronta y pacífica a estas tensiones, sin caer en el impulso de la represión y sin alterar nuestro orden jurídico.

“Protestar es un derecho, reprimir es un delito”

CIUDADANOS EN APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS, A.C.

[1] OEA-CIDH. Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos de las américas, Símbolo: OEA/Ser.L/V/II.124, 7 de marzo de 2006, §56.

11 de febrero de 2009

¡RESPETO AL LIBRE TRÁNSITO Y A LA MANIFESTACIÓN!

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC), expresa su preocupación por la deficiente actuación de las autoridades gubernamentales con relación a las manifestaciones hechas en calles y avenidas por grupos de ciudadanos, [...]]]> Boletín No. 0209/06 BP

11 de febrero de 2009

¡RESPETO AL LIBRE TRÁNSITO Y A LA MANIFESTACIÓN!

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC), expresa su preocupación por la deficiente actuación de las autoridades gubernamentales con relación a las manifestaciones hechas en calles y avenidas por grupos de ciudadanos, en protesta por la intervención militar en funciones de seguridad pública.

Reivindicamos el derecho a la libre expresión y manifestación de las ideas, reconocido Constitucionalmente como garantía. Asimismo, destacamos la legitimidad de dichas acciones, por ser respuesta a la continua y flagrante violación a nuestra Constitución cometida por el ejército mexicano al realizar funciones reservadas a las autoridades civiles.

Reprobamos que dichas expresiones públicas de grupos de ciudadanos no hayan sido atendidas en forma eficaz por las autoridades de seguridad pública, ya que si como expresó el Sr. Aldo Facci[1], tenían antecedentes que estas manifestaciones eran promovidas por grupos de delincuencia organizada, ¿porqué no se actuó de inmediato?… Ahora bien, independientemente de lo que pudiera estar detrás de estas manifestaciones, las autoridades de seguridad pública, no sólo no actuaron de acuerdo a  protocolos establecidos para estos casos, fallaron en recurrir oportunamente a la mediación u otras medidas pacíficas y firmes de disuasión, y tampoco actuaron oportunamente, ya que injustificadamente esperaron demasiado tiempo (dos horas y media) para intervenir, propiciando así el caos y el incremento de la molestia y desesperación en los automovilistas y transeúntes.

Dicho proceder de la autoridad responsable de la seguridad, además de evidenciar su  impericia, presenta también una clara tendencia a criminalizar la protesta social, lo que contribuye a acrecentar la desconfianza de la ciudadanía hacia las autoridades y a fragmentar aún más el Estado de Derecho.

Cabe destacar que apenas el día de ayer el Estado Mexicano, al ser evaluado por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) a través del Examen Periódico Universal (EPU), que revisa las condiciones que prevalecen en el país en la materia, recibió serios cuestionamientos  relacionadas con la intervención militar y el abuso a los derechos humanos cometidos por militares, preocupaciones que ya han sido manifestadas por otras instancias de la ONU como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Demandamos al gobierno nuevoleonés atender dichas preocupaciones a la mayor brevedad posible, y garantizar que el derecho a protestar no será indebidamente limitado en la entidad.

“Protestar es un derecho, reprimir es un delito”

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C.

Basta de Tortura en Nuevo León

Madre que denuncia desaparición de hijo es torturada para autoinculparse

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC), expresa su total indignación por la tortura y el abuso de autoridad cometidos por Agentes Ministeriales estatales en contra de la señora JUANA RODRÍGUEZ ANTONIO, [...]]]> Boletín No. 0209/05 BP

Basta de Tortura en Nuevo León

Madre que denuncia desaparición de hijo es torturada para autoinculparse

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC), expresa su total indignación por la tortura y el abuso de autoridad cometidos por Agentes Ministeriales estatales en contra de la señora JUANA RODRÍGUEZ ANTONIO, durante las investigaciones realizadas con motivo de la desaparición y muerte de su menor hijo Leonardo Rodríguez Antonio.

La señora JUANA RODRIGUEZ ANTONIO ha señalado que Agentes Ministeriales la torturaron en un cuarto del edificio de la Policía Ministerial colocándole una bolsa en la cabeza para que dijera dónde había dejado a su hijo, golpeándola en abdomen y cara e insultándola  para que se declarara culpable de la muerte de su hijo; cabe agregar que la mujer presentaba un estado de embarazo de un mes y que debido a la tortura de la que fue objeto sufrió sangrado vaginal, por lo que se teme que pueda abortar.

Lo anterior constituye claramente un caso de tortura y abuso de autoridad, previstos como delitos en el Código Penal vigente en el Estado[1].

Dicho proceder de la autoridad investigadora, además de evidenciar la persistencia de prácticas policiales retrógradas y autoritarias, presenta también discriminación, por dirigirse a una mujer, de estatus socioeconómico bajo, separada de su familia de origen y del padre del niño cuya desaparición denunció y se constata por el menosprecio a su condición de embarazo, expresado a través de las frases que ella relata le dijeron quienes la “interrogaban”.

Es claro que las acciones emprendidas por el “Estado de Progreso” para la difusión y promoción de los derechos a la igualdad, a la no discriminación y a la no violencia contra las mujeres han resultado inútiles; esta flagrante violación a los derechos humanos es una muestra más de que la política pública imperante no es la de reconocer a las ciudadanas y a los ciudadanos como personas con derechos, sino como entes de los cuales el Estado, a través de los agentes gubernamentales, puede abusar impunemente.

Nuestra experiencia en la atención de casos similares en el Estado, nos ha permitido constatar que la tortura y los tratos crueles e inhumanos son utilizados por las diversas corporaciones policíacas, sistemática y recurrentemente, como método de investigación de delitos.

Exigimos al Gobernador del Estado y al Procurador General de Justicia ordenen realizar de inmediato la aplicación del Protocolo de Estambul[2] tanto a la señora JUANA RODRÍGUEZ ANTONIO como a la señora BALBINA ARRIAGA AGUILAR (de quien se ha dicho que se encuentra confesa del crimen del menor) y una investigación imparcial sobre el abuso de autoridad  y la tortura cometidas por los agentes adscritos a la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), que culmine en la aplicación de las sanciones penales y administrativas correspondientes a su ineficiente actuación.

La aberración de estos hechos es una muestra clara de que el estado de descomposición en general de nuestras policías y de nuestro Estado de Derecho, sólo podrá ser frenado si los ciudadanos asumimos nuestra responsabilidad y repudiamos enérgicamente cualquier abuso.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C.

6 de febrero de 2009

Artículo 209 CPNL: Comete el delito de abuso de autoridad todo servidor público: II.- Que ejerciendo sus funciones, o con motivo de ellas, hiciere violencia a una persona sin causa legítima o la vejare o insultare;

[2] Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes; presentado por la Asamblea General de la ONU el 9 de agosto de 1999 y aceptado por Nuevo León el 10 de junio de 2005.

Ante el presunto “suicidio” de dos internos en el CERESO Apodaca

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC), lamenta profundamente el deceso de dos internos recientemente trasladados al Centro de Readaptación Social Nuevo León, acontecido en las primeras horas del día de hoy en [...]]]> Boletín No. 0109/03 BP

Ante el presunto “suicidio” de dos internos en el CERESO Apodaca

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC), lamenta profundamente el deceso de dos internos recientemente trasladados al Centro de Readaptación Social Nuevo León, acontecido en las primeras horas del día de hoy en condiciones ambiguas.

Exigimos al Ministerio Público realizar una investigación imparcial, profesional y completa sobre los hechos que dieron lugar al fallecimiento de los hermanos Tomás y Efraín López De la Cruz, para que se establezca con apego a la realidad si su deceso deriva de un homicidio o de un suicidio y, de esa manera, la procuración de justicia contribuya a inhibir la impunidad y no a acrecentarla.

El trabajo desarrollado por Cadhac en el ámbito penitenciario durante los últimos trece años nos ha permitido observar que en los CERESOS o Penales, particularmente el conocido como Cereso Apodaca, se realiza la práctica de dar la bienvenida a los reclusos de nuevo ingreso, consistente en, al menos, una salvaje golpiza, por lo que puede suponerse que se les pasó la mano y si además llegaron con una recomendación, eso fortalece la hipótesis de una agresión.

Además, es remota la posibilidad de que dos personas recién trasladadas a un lugar donde se ejerce vigilancia continua, incluso por medios electrónicos,  se suiciden el mismo día y al mismo tiempo.

Recordemos que es responsabilidad directa de las autoridades penitenciarias garantizar la integridad física y psicológica de los internos[1], por lo que corresponde al Ejecutivo Estatal la responsabilidad del deceso de los mencionados hermanos López De La Cruz.

Asimismo, esta infortunada situación evidencia una vez más que la calidad de vida de las personas privadas de su libertad e internas en los Centros de  Readaptación Social ha sufrido un detrimento considerable, sólo atribuible a la autoridad gubernamental, por ser las penitenciarías un espacio exclusivo de ésta, en donde no hay participación de la ciudadanía y solamente colaboran o realizan alguna actividad quienes cuentan con autorización expresa para ello por parte de aquélla.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C.

13 de enero de 2009

-        artículo 31, fracción V: corresponde al Comisario General de de la Agencia de Administración Penitenciaria la atribución de dirigir y supervisar que la operación y la administración de los establecimientos del sistema penitenciario se lleven a cabo de conformidad con la normatividad aplicable.. .  . (Entre las que se encuentra la relativa al respeto de  las garantías individuales de los internos)

-        artículo 32, fracción V: corresponde al Comisario de Apoyo a la Operación Penitenciaria la atribución de supervisar en coordinación con los Alcaides la ejecución de políticas, normas, manuales, procedimientos y control interno a fin de evitar fenómenos de omisión, corrupción y violación de derechos humanos por parte de servidores públicos del Sistema Penitenciario;

-        artículo 32, fracción VII: apoyar a los titulares de los centros penitenciarios en la supervisión y evaluación de políticas, normas, programas y acciones que garanticen la correcta ejecución de la sentencia y el respeto a los derechos humanos en las instituciones del Sistema Penitenciario;

-        artículo 34, fracción X: corresponde a los Alcaides de los Centros de Reinserción Social y del Centro Preventivo de Reinserción Social la atribución de operar las políticas, normas, programas, acciones y régimen que garantice la correcta ejecución de la sentencia y el respeto a los derechos humanos en el centro a su cargo;

Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas: Toda persona privada de libertad que esté sujeta a la jurisdicción de cualquiera de los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos será tratada humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a sus derechos y garantías fundamentales y con estricto apego a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.

En particular y tomando en cuenta la posición especial de garante de los Estados frente a las personas privadas de libertad, se les respetará su vida e integridad personal, y se asegurarán condiciones mínimas que sean compatibles con su dignidad.

Se les protegerá contra todo tipo de amenazas y actos de tortura, ejecución, desaparición forzada, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. . . (Principio I, Trato humano)