México D.F., 27 de enero de 2012 (Redacción).- El Grito Más Fuerte ya comienza a ser escuchado. Este colectivo de artistas surgió como parte del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y es muestra de que la empatía con las víctimas de la guerra resulta un paso necesario para que la sociedad mexicana pueda detener esta violencia. Ahora, tras un proceso de organización paralela a la del Movimiento, este lunes a las 20 hrs realizarán el lanzamiento de la campaña En Los Zapatos del Otro.

Consulta y difunde los detalles del evento

La apuesta desde un primer momento fue comprender que es lo que se sentía estar en la situación de quién ha perdido a un ser querido a consecuencia de la guerra contra el narcotráfico, y de ahí surgió la idea central de la campaña, tomar el punto de vista de Marisela Escocbedo, de Don Nepo, de Juan Francisco…de tanto otros mexicanos y mexicanas.

En diciembre de 2011, cuando se preparaba la campaña y Héctor Bonilla ya había grabado un primer video, el defensor de derechos humanos e integrante del Movimiento, Nepomuceno Moreno, fue asesinado por exigir justicia en el caso de su hijo, Jorge Mario.

Ahora, les dejamos un video como muestra de toda la campaña que será presentada el lunes 30 de enero de 2012 a las 8 de la noche en el Teatro de la Ciudad. Lo recaudado servirá para financiar la lucha que hoy hace 10 meses encendió a miles de gritos de Paz con Justicia y Dignidad.

Mira la invitación al evento por la actriz Vanessa Bauche

MPJD

Comunicado: 1201/01

• Demandan a Diputados urgente tipificación del delito de Desaparición Forzada.

• Entregan CADHAC y Familiares de personas desaparecidas oficio al Congreso del estado para que realice la tarea correspondiente.

El día de hoy integrantes de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., CADHAC, y familiares de personas desaparecidas que conforman la LUPA (Lucha por Amor, Verdad y Justicia), entregaron dos documentos en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado donde demandan la inmediata actuación de la LXXII Legislatura, para la tipificación del delito de Desaparición Forzada.

Los escritos fueron dirigidos al Diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, Presidente de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno, así como al Diputado Jorge Santiago Alanís Almaguer, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Nuevo León.

En ellos dan cuenta del curso que ha tenido la propuesta de tipificación del señalado delito, presentada por CADHAC en mayo de 2011 al Congreso, la cual fue enriquecida en una serie de Mesas de Trabajo organizadas por la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, donde se contó con la presencia de diversos representantes de gobierno, así como de un oficial de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, experto en el tema.

Tras estas reuniones se obtuvo un documento que, en palabras del Coordinador de la Comisión señalada, el Diputado César Garza, sería el definitivo, tanto por su calidad, como por el consenso logrado en la redacción. Sin embargo es fecha que –señalan los grupos que acudieron al Congreso- no es subida al Pleno para su discusión.

En los escritos se solicita en concreto que se de lectura al oficio en la sesión que se celebrará el próximo viernes 13 por la Diputación Permanente, y, se solicite a la Comisión correspondientes que realice los trabajos necesarios para que el Dictamen sea presentado al Pleno en el periodo inmediato de sesiones, como lo marca la Ley, es decir, en el Período Extraordinario que está pronto a iniciar.

En esta ocasión, no tuvimos oposición por parte de los cuerpos de Seguridad para ingresar al Congreso, la sesión se llevó acabo en el espacio recepción antes de la sala de sesiones, por lo que pudimos tomar asiento frente a ellos. Algunas de las familias llevaban pancartas con las fotos de sus familiares que buscan, otras llevaban puestas la camiseta de “Dónde están”.

Sesionaron 7 diputados, casi todos líderes de los diferentes grupos parlamentarios, excepto 2, uno del PRI, y otra del PAN.

Casi al finalizar la sesión, el Dip. Héctor Gutiérrrez tomó la palabra y respetuosamente mencionó, que frente a ellos, estaba un grupo de ciudadanos que seguramente venían a expresar algo a ellos, y que lo menos que podían hacer, era responder de la misma manera -respetuosamente- y escuchar nuestro mensaje.

Al terminar, los diputados se acercaron a nosotr@s. Nosotr@s a su vez, nos acercamos un poco, y nos escucharon. Las ideas importantes que mencionamos fueron:

a) Se ha realizado un trabajo serio de análisis en donde han participado por iniciativa de la Comisión de Justicia presidida por el Dip. César Garza, todas las fracciones parlamentarias, miembros del Jurídico del Ejecutivo, Gente de la Procuraduría de Justicia, Miembros del Tribunal superior de Justicia, así como el experto en estos temas por parte de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en México, Alan García, y miembros de CAdhac.

b) Después de varias sesiones de trabajo, se llegó a elaborar un documento final, ya con todas las opiniones de los diferentes actores participantes, y estaba lista para ser presentada. ¿Porqué no se ha presentado al Pleno?…

c) Contar con el delito de desaparición forzada, favorecerá de manera importante a fortalecer el Estado de Derecho, inhibirá las desapariciones forzadas donde actúan agentes estatales, y también disminuirá la impunidad.

e)El tiempo para su presentación al pleno, debe hacerse en el período extraordinario, es decir a mediados de enero.

Como respuesta tuvimos:

a) había conocimiento del trabajo que se había realizado en la Comisión y no se sabía qué era lo que estaba deteniendo

b) hablaría Héctor Gutiérrez con César Garza par revisar esto, y se nos mantendría informad@s.

También tomó la palabra una de las mamás que busca a su hijo, y les dijo que ella buscaba, buscaba y no había respuestas, y que no pararía hasta encontrarlo.

Hoy sábado, tendremos reunión con los familiares, para planear la siguiente semana de seguimiento a fin de que se tipifique a la brevedad la desaparición forzada.

Les agradecemos a todos por su interés, y especialmente a quienes nos han estado pidiendo información sobre esto.

P.D. También les comparto, que hoy se metieron dos amparos, pues hemos venido recibiendo informes que dos internos del Penal de Cadereyta, estaban muy golpeados, uno de ellos inclusive con posible fractura de mano, “enganchados”, sin darles alimentos, desde el 31 de diciembre… y por consecuencia incomunicados… muy delicado y valoramos que estaba en riesgo sus vidas… veamos si logramos mejorarles la situación.

México, D.F., a 11 de noviembre de 2011.

LA CDHDF SE SUMA AL LLAMADO DE  HUMAN RIGHTS WATCH

POR EL CESE DE LA VIOLENCIA EN MEXICO

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) reconoce y comparte la preocupación y diagnóstico formulados por Human Rights Watch (HRW), en su  informe  “Ni Seguridad, Ni Derechos: Ejecuciones, desapariciones y tortura en la  guerra contra el narcotráfico de México”, acerca de los impactos negativos de la estrategia de seguridad nacional para combatir la delincuencia organizada en relación con el ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

HRW señala que la estrategia federal de combate frontal a las bandas de la delincuencia ha generado violaciones graves de derechos humanos, tales como tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y abusos de autoridad por parte de los cuerpos militares y policiacos, particularmente contra mexicanas y mexicanos jóvenes, quienes han experimentado la vulnerabilidad estructural y la impunidad como víctimas inocentes de dicha estrategia.

En un contexto como éste, se ha incrementado el clima de incertidumbre y desconfianza respecto de la acción pública en materia de seguridad, así como la sensación de que se ha vulnerado el Estado de derecho y las garantías del debido proceso, sin que las instituciones de procuración e impartición de justicia militar y civil hayan sido sometidas a los controles ciudadanos de transparencia y rendición de cuentas.

En este marco, tampoco ha sido posible hacer justicia a las a las víctimas, tanto de las redes criminales como de la estrategia de seguridad. La investigación de violaciones a derechos humanos realizada  por Human Rights Watch  evidencia la impunidad en que se encuentran las casi 35 mil muertes relacionadas con la delincuencia organizada, entre diciembre de 2006 y fines de 2010, según información del propio gobierno federal.

La  CDHDF expresa su preocupación por la falsa disyuntiva que se ha planteado a propósito de este debate, polarizando por un lado la defensa y promoción de los derechos humanos y, por el otro, la garantía de seguridad para el conjunto de la ciudadanía. Efectivamente, lo que necesitamos son espacios seguros para todos y todas, y certidumbre jurídica respecto de la procuración e impartición de justicia; pero también que se garanticen todos los derechos para todas las personas, particularmente los que se refieren a la protección de la vida y la integridad en sentido amplio, así como al debido proceso.

El informe de Human Rights Watch viene a sumarse al reclamo generalizado de las y los defensores de derechos humanos, Organizaciones de la Sociedad  Civil (OSC) y ciudadanía en general, en el sentido de que cese inmediatamente el clima de violencia, la impunidad y se fortalezca la confianza de la ciudadanía hacia las autoridades.

La CDHDF tiene la certeza de que estos objetivos deben lograrse por la vía del paradigma garantista, es decir, despejando el camino de obstáculos para que las y los mexicanos habiten espacios seguros y libres de violencia, al tiempo que ejercen todos sus derechos y libertades.

www.cdhdf.org.mx

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Te inviamos a que asistas a la 10a. FERIA DE LOS DERECHOS HUMANOS, 4 de Diciembre Zócalo capitalino, a partir de las 10 hrs. 

*DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN POR LOS DERECHOS HUMANOS*

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

Monterrey, N.L. 8 de noviembre 2011. Diversas organizaciones sociales de Monterrey se reunieron el día de hoy para ofrecer un reconocimiento público a la Hna. Consuelo Morales, Directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., CADHAC, quien será galardonada por Human Rights Watch (HRW) con el Premio Alison Des Forges por Activismo Extraordinario, el más alto honor que otorga la organización internacional en cuanto su firme compromiso con los altos ideales de la defensa de los derechos humanos.

Este homenaje, señaló Consuelo Espinola de la Alianza de Usuarios, es entregado anualmente a personas que han puesto en riesgo su seguridad y vida en la defensa de los derechos humanos, y este año se otorga a: Hossam Bahgat, de Egipto; Sihem Bensedrine, de Túnez; Anis Hidayah, de Indonesia; Farai Maguwu, de Zimbawe; Elena Milashina, de Rusia; Sussan Tahmasebi, de Irán y a Consuelo Morales, de Monterrey, México.

Espinola mencionó palabras textuales de Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch: “Cada uno de estos defensores y defensoras ha mostrado un coraje y una persistencia increíbles en beneficio de los demás (…) Honramos su coraje y sus esfuerzos, y esperamos que este premio fomente la sensibilización del público a nivel internacional sobre las condiciones abusivas que intentan cambiar”.

Leticia Hidalgo habló a nombre de la LUPA (Lucha por Verdad, Amor y Justicia) explicando que su grupo está conformado por familias de personas ejecutadas o desaparecidas, y que de conjunto agradecen el respaldo y trabajo que realizan con CADHAC; asimismo se escuchó la voz de organizaciones como el Colectivo Plural de Mujeres, el Movimiento Ambientalista Ciudadano y Resistencia Civil Pacífica.

Por su parte la Hna. Consuelo Morales agradeció el evento, señalando que el reconocimiento es para la gente que integra y ha integrado CADHAC a lo largo de los 18 años que esta organización tiene de trabajo. Asimismo hizo hincapié en que, si bien el reconocimiento es una bocanada de aire fresco, a la vez indica la gravedad del problema de violaciones a derechos humanos que existe en México, y en particular en Nuevo León. Este premio –dijo- está dando la oportunidad de visibilizar aún más lo que sucede en nuestro estado a nivel internacional.

Morales Elizondo saldrá en esta semana rumbo a Estados Unidos, donde en las ciudades de Santa Bárbara Ca, Los Ángeles Ca y San Francisco le será otorgado el señalado premio.

*** Imágenes sin editar de casos específicos de abusos cometidos por las fuerzas de seguridad en México se encuentran disponibles en:

http://hrwnews.org/distribute/mexico/spanish/preview_sp.html

(México D.F., 9 de noviembre de 2011) – En el marco de la lucha contra la delincuencia organizada en México, militares y policías han cometido violaciones de derechos humanos generalizadas y casi ningún caso está siendo investigado adecuadamente, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy.

El informe de 229 páginas, “Ni Seguridad, Ni Derechos: Ejecuciones, desapariciones y tortura en la ‘guerra contra el narcotráfico’ de México”, examina las consecuencias para los derechos humanos del enfoque del Presidente Felipe Calderón en la lucha contra los poderosos carteles de narcotráfico que operan en México. A través de investigaciones exhaustivas llevadas a cabo en cinco de los estados más violentos del país, Human Rights Watch encontró evidencias que sugieren fuertemente que miembros de las fuerzas de seguridad habrían participado en más de 170 casos de tortura, 39 “desapariciones” y 24 ejecuciones extrajudiciales desde que Calderón asumió la presidencia en diciembre de 2006.

“En vez de reducir la violencia, la ‘guerra contra el narcotráfico’ de México ha provocado un incremento dramático de la cantidad de asesinatos, torturas y otros terribles abusos por parte de las fuerzas de seguridad, que sólo contribuyen a agravar el clima de descontrol y temor que predomina en muchas partes del país”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

Una delegación de Human Rights Watch presidida por Kenneth Roth, director ejecutivo de la organización, y por Vivanco presentó el informe al Presidente Calderón, a miembros del Congreso mexicano y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a organizaciones de la sociedad civil.

Poco tiempo después de asumir la presidencia en diciembre de 2006, Calderón declaró la “guerra” contra la delincuencia organizada y convocó al Ejército mexicano a participar en la lucha contra los carteles, a pesar de los extensos antecedentes de abuso e impunidad de esta institución. Más de 50.000 soldados fueron asignados a esta iniciativa, además de miles de miembros de la Marina, de la Policía Federal y de fuerzas de policía estatales y locales.

En los cinco estados relevados – Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco – Human Rights Watch comprobó que las fuerzas de seguridad aplican torturas sistemáticamente para conseguir que los detenidos confiesen mediante coerción o proporcionen información sobre los carteles. El informe también contiene evidencias contundentes que sugieren que soldados y policías han perpetrado “desapariciones” y ejecuciones extrajudiciales, y que en muchos casos han adoptado medidas para ocultar sus delitos.

Human Rights Watch analizó datos recabados a través de más de 200 entrevistas efectuadas a víctimas y autoridades, 60 pedidos de información pública y del examen de un amplio espectro de estadísticas oficiales. Si bien la incidencia de las violaciones graves de derechos humanos ha aumentado drásticamente en el contexto de las medidas adoptadas por México contra el narcotráfico, no sucedió lo mismo con la investigación y el juzgamiento de estos abusos, según comprobó Human Rights Watch.

Esto se debe, en parte, a que los soldados que cometen violaciones de derechos humanos contra civiles continúan siendo investigados y juzgados en la jurisdicción militar, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de México y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han expresado en sus pronunciamientos que estos abusos deben ser investigados en la jurisdicción penal ordinaria, y que los tribunales militares carecen de la imparcialidad y la transparencia necesarias para juzgar a sus propios miembros. El resultado de esta práctica ha sido una impunidad casi total, afirmó Human Rights Watch. En los cinco estados relevados, entre 2007 y abril de 2011 los agentes del Ministerio Público militar iniciaron 1.615 investigaciones sobre delitos presuntamente cometidos por soldados contra civiles. Ni un sólo soldado ha sido condenado en estos casos.

Los agentes del Ministerio Público civil tampoco han adoptado medidas básicas – como entrevistar a testigos clave o visitar la escena del crimen – para investigar denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por policías y otros funcionarios civiles. Por ejemplo, según información solicitada al Ministerio Público estatal en los cinco estados relevados, se presentaron cientos de denuncias de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes ante las comisiones de derechos humanos de los estados. No obstante, ningún funcionario ha sido acusado en estos estados por hechos de tortura.

“Estos abusos casi nunca se investigan adecuadamente pero, a pesar de ello, es común que las autoridades se refieran a las víctimas como delincuentes y asuman que sus denuncias son falsas”, expresó Vivanco. “Como resultado, las víctimas y sus familiares no tienen otra opción que impulsar sus propias investigaciones para reivindicar a sus seres queridos”.

En varias oportunidades, el Presidente Calderón ha declarado públicamente que el 90 por ciento de las víctimas de muertes vinculadas al narcotráfico – que su gobierno estima fueron cerca de 35.000 entre 2007 y enero de 2011– eran delincuentes. No obstante, datos obtenidos por Human Rights Watch permiten dudar de la fiabilidad de estas afirmaciones. La Procuraduría General de la República, que cuenta con facultades constitucionales para investigar penalmente los homicidios vinculados con la delincuencia organizada, indicó a Human Rights Watch que solamente había iniciado 997 investigaciones de este tipo de homicidios entre 2007 y agosto de 2011. Y, según la justicia federal, los jueces federales solamente han condenado a 22 personas acusadas de homicidio y otros delitos relacionados con la delincuencia organizada.

Human Rights Watch comprobó que un amplio espectro de funcionarios judiciales participaron en las violaciones de derechos humanos. Entre ellos se incluyen jueces que admiten pruebas conseguidas posiblemente mediante tortura, agentes del Ministerio Público que obtienen “confesiones” de acusados que son mantenidos incomunicados en bases militares, y peritos médicos que omiten o minimizan lesiones cuando examinan a los detenidos.

El informe formula recomendaciones específicas a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial destinadas a abordar los abusos documentados en el informe, incluidas las siguientes:

·       El Congreso debería reformar el Código de Justicia Militar para impedir que las investigaciones de presuntas violaciones de derechos humanos contra civiles se lleven a cabo en la jurisdicción militar; y los procuradores generales de justicia de la República y de los estados deberían tomar la iniciativa de investigar todos los casos de posibles violaciones de derechos humanos, incluidas aquellas supuestamente cometidas por el Ejército.

·       Los funcionarios públicos deberían abstenerse de efectuar declaraciones en las cuales desestimen las denuncias de abuso antes de que éstas hayan sido investigadas, así como de afirmar que las víctimas de abusos son delincuentes antes de que hayan sido condenadas por algún delito.

·       Los jueces deberían hacer cumplir la prohibición de emplear pruebas obtenidas mediante tortura, y los legisladores deberían derogar las disposiciones legales – como el arraigo y otras normas excesivamente amplias que permiten la detención de personas in flagrante (mientras cometen un delito) – que facilitan el abuso de los detenidos.

“El gobierno mexicano se enfrenta a carteles que han cometido crímenes aberrantes contra oficiales y civiles por igual”, aseveró Vivanco. “Sin embargo, en su respuesta, las fuerzas de seguridad deben actuar empleando un estándar diferente, no sólo porque el respeto de los derechos es lo correcto, sino porque además es indispensable para asegurar el éxito de cualquier estrategia para mejorar la seguridad pública”.

Para leer “Ni Seguridad, Ni Derechos: Ejecuciones, desapariciones y tortura en la ‘guerra contra el narcotráfico’ de México’” visite: http://hrw.org/es/reports/2011/11/09/ni-seguridad-ni-derechos

Para obtener más información, comuníquese con las siguientes personas:

En México D.F., José Miguel Vivanco (inglés, español): +52-1-55-3070-7866 (celular); vivancj@hrw.org

En México D.F., Nik Steinberg (inglés, español): +52-1-55-3397-8268 (celular); steinbn@hrw.org

En Nueva York, Daniel Wilkinson (inglés, español): +1-212-216-1284 (oficina); +1-646-552-8063 (celular);wilkind@hrw.org

En Berlín, Wenzel Michalski (inglés, alemán): +49-151-419-24256 (celular); michalw@hrw.org

En París, Jean-Marie Fardeau (francés, inglés, portugués): +33-6-45-85-24-87 (celular); fardeaj@hrw.org

En Bruselas, Reed Brody (inglés, francés, español, portugués): +32-498-62-57-86 (celular); brodyr@hrw.org

En Londres, David Mepham (inglés): +44-20-7713-2766; +44-7572-603995 (celular); mephamd@hrw.org

Para más información acerca del trabajo de Human Rights Watch sobre México, visite:http://www.hrw.org/es/americas/mexico

Boletín de prensa

Redim

Este 1 de noviembre la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) recuerda a los aproximadamente 1,373 niños y niñas que han muerto en el marco de la lucha contra el crimen organizado, víctimas inocentes de la violencia y las omisiones institucionales para garantizar su derecho a la vida.

Es importante recordar que el Estado Mexicano al ratificar la Convención sobre los derechos del Niño (CND, 1989) hace ya dos décadas, tiene la responsabilidad de reconocer, respetar y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. Así mismo los distintos niveles de gobierno están obligados a cumplir con la reciente modificación del Artículo 4 de Constitución Mexicana que establece que “En todas las decisiones y actuaciones del estado se velara y cumplirá con el principio del interés superior del niño garantizando de manera plena sus derecho [...] Este principio guiará el diseño, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.

REDIM manifiesta su profunda preocupación porque el actual contexto de violencia generalizada, en parte desencadenada por la forma en que se combate al crimen organizado, se expresa en un mayor número de homicidios de la población de 15 a 17 años de edad que aumento de 5.3 en 2007, a 10.7 en 2009 (por cada 100 mil habitantes)[1]; y en miles de niñas y niños que han quedado sin cuidados parentales “huérfanos”, ya sea sin padre, madre o ambos, de los más de 40 mil homicidios ocurrido en los último cuatro años.

En este sentido exhortamos al Estado Mexicano a cumplir con las recomendaciones que el Comité de los Derechos del Niño (CRC-CDN) emitió el pasado 4 de febrero del presente año, entre las cuales destacamos:

30. El Comité insta al Estado Parte a que:

a. Recopile datos sobre el número de niños detenidos, heridos o asesinados en la lucha del Ejército y las fuerzas policiacas contra los grupos armados no estatales;

b. Investigue todos los delitos cometidos contra los niños y se asegure que las cortes civiles tengan jurisdicción sobre los delitos contra los niños cometidos por el Ejército;

c. Evite la impunidad, asegurándose que los responsables sean procesados y sancionados;

d. Adopte medidas adecuadas para proteger a los niños de las acciones militares y policiacas en el contexto de las medidas para mantener la seguridad pública, así como de la violencia armada por los grupos armados no estatales;

e. Establezca los mecanismos formales y los marcos legales correspondientes que garanticen los derechos humanos y la protección de los niños, en particular de las niñas, de la violencia de las fuerzas armadas y los grupos armados no estatales; y

f. Establezca reglas específicas y protocolos para las fuerzas armadas a fin de garantizar la integridad de los niños durante la investigación y los operativos contra los grupos armados no estatales.

32. El Comité alienta al Estado Parte a crear un mecanismo de identificación de los niños que puedan haber sido reclutados o utilizados en hostilidades y a tomar las medidas necesarias para su recuperación física, psicológica y su reintegración social. Dichas medidas deberían comprender la evaluación pormenorizada de su situación, el refuerzo de los servicios de asesoría jurídica de que disponen y la prestación de asistencia inmediata, respetuosa de su cultura, que tenga en cuenta sus necesidades y que sea multidisciplinaria para su recuperación física, psicológica y su reintegración social, de conformidad con el Protocolo Facultativo. (CRC/C/OPAC/MEX/CO/4 Febrero 2011)

En este contexto exhortamos al Estado (en sus diferentes niveles federal, estatal y municipal) a:

Dar cumplimiento a las recomendaciones que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU hizo al Estado mexicano desde 2006 con referencia al sistema de justicia para adolescentes.

Incorporar en el Código Penal Federal y en otras leyes estatales la prohibición explícita al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados, tal y como lo solicitó el Comité de los Derechos del Niño el pasado 4 de febrero de 2011.

Designar presupuesto para el desarrollo de un Sistema Nacional de Protección de Derechos de la Infancia como parte de las estrategias de prevención y protección especial para las y los adolescentes en conflicto con la ley.

Atentamente

Juan Martín Pérez García

Director Ejecutivo

Red por los Derechos de la Infancia en México

56.04.24.66

Mail / Messenger

Twt: @derechoinfancia

@juanmartinmx

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

Boletín de prensa

AI México

Las sentencias dictadas a 14 integrantes del ejército mexicano por el asesinato de cinco civiles en 2007 es un importante avance hacia la justicia. Sin embargo, estos casos deben ser juzgados en tribunales civiles y no militares, afirmó hoy Amnistía Internacional.

La secretaría de la defensa (SEDENA) anunció ayer que una corte marcial había impuesto sentencias de entre 16 a 40 años de prisión a integrantes del ejército con relación al asesinato de dos mujeres y tres niños, quienes no se detuvieron en un retén militar en el estado de Sinaloa.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha recibido más de 6,000 quejas de abusos a los derechos humanos cometidos por integrantes de las fuerzas armadas desde finales de 2006. Sin embargo, son infrecuentes los juicios y sentencias a militares.

“Es positivo que los responsables de este crimen en particular hayan sido identificados y procesados. Sin embargo, serias dudas continúan con respecto a los pormenores de sus sentencias” ha dicho hoy Susan Lee, Directora para las Américas de Amnistía Internacional. “Por ejemplo, dada la naturaleza poco transparente del sistema de justicia militar en México, no sabemos mayores detalles del caso o por cuánto tiempo estos hombres realmente permaneceránen prisión”

De acuerdo a autoridades militares, previamente a estas sentencias tan solo dos funcionarios del ejército han sido sentenciados por abusos contra civiles desde que el presidente Felipe Calderón asumió la presidencia en diciembre de 2006. Hasta el momento, todos los casos relacionados con presuntos abusos por parte de las fuerzas armadas han sido procesados a través del sistema de justicia militar.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ha emitido una serie de sentencias en contra de México ordenando que todas las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares sean investigadas y juzgadas en instancias civiles. A principios de año, la Suprema Corte de Justica de la Nación (SCJN) determinó que los casos relacionados con violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas deberían estar fuera de la jurisdicción militar. Hasta el momento no hay evidencia de que esto esté sucediendo.

La administración del presidente Felipe Calderón ha dependido de las fuerzas armadas para combatir el crimen organizado, incluyendo a los fuertemente armados carteles. Desde 2006 ha habido un alarmante incremento en el número de reportes de abusos a los derechos humanos cometidos por integrantes de estas fuerzas.

“Con la única excepción de estos pocos casos, el sistema de justicia militar ha fallado consistentemente en brindar justicia a las víctimas de estos abusos y hacer rendir cuentas a los responsables, conduciendo esto a un clima de impunidad”, dijo Susan Lee. “Es tiempo de que las autoridades mexicanas den cumplimiento a las decisiones de la Corte Interamericana y de la Suprema Corte de Justicia trasladando las investigaciones y procesos judiciales de abusos a los derechos humanos cometidos por las fuerzas armadas a instancias civiles” agregó.

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

· Legislaciones nacionales y estatales deben incorporar los compromisos internacionales asumidos en materia de derechos de las mujeres.

· Acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva es indispensable para la realización de los objetivos de desarrollo.

(Naciones Unidas, México).- El Sistema de Naciones Unidas en México (SNU) ha seguido con atención y respeto el debate nacional sobre acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, en particular el producido en las últimas semanas con motivo de las discusiones al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que desestimó la acción de inconstitucionalidad de las reformas de Baja California y San Luis de Potosí para proteger la vida desde la concepción. El SNU reconoce como, en ambos casos, la mayoría de quienes integran a la SCJN se pronunciaron a favor de los derechos humanos de las mujeres al señalar que las reformas de los Estados que establecen la protección de la vida desde la concepción no deben limitar los derechos de las mujeres reconocidos en la normativa mexicana y en los tratados internacionales de derechos humanos de los que México es parte.

Asimismo, en junio pasado, el SNU reconoció y celebró la aprobación por parte del Congreso de la Unión de la reforma en materia de derechos humanos a su Constitución, la que establece la obligación de todas las autoridades en el ámbito sus competencias de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo cual representa un avance sustantivo en favor del respeto y la garantía de los derechos y libertades. En tanto, responde positivamente a los compromisos internacionales asumidos por México.

En este sentido, el SNU en México reitera la importancia de asegurar la plena incorporación, en la legislación local y las políticas públicas de los países, de los derechos humanos de las mujeres, incluyendo sus derechos sexuales y reproductivos reconocidos en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado Mexicano en materia de derechos humanos, incluyendo la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como la incorporación de las observaciones emitidas por los Comités que emanan de estos tratados y que representan importantes precedentes vinculantes para México.

Los derechos humanos de las mujeres, reconocidos en estos instrumentos, incluyen el derecho a controlar y decidir libre y responsablemente sobre temas relacionados con su sexualidad, que comprenden la salud sexual y reproductiva, sin coerción, discriminación ni violencia; el acceso universal a educación, información y servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, a disponer de una amplia variedad de métodos anticonceptivos, incluidos los de emergencia, el acceso efectivo a servicios seguros para la interrupción voluntaria del embarazo, en las circunstancias previstas en la ley, que deben cumplir con las condiciones de seguridad, calidad y calidez, así como promover campañas nacionales de sensibilización sobre los derechos humanos de las mujeres dirigidas en particular al personal sanitario y también al público en general.

La restricción en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, ya sea por causas estructurales, legislativas, políticas o de cualquier otra índole, conlleva graves consecuencias como el embarazo adolescente y la expansión del VIH/SIDA. Asimismo, pone en riesgo la realización del Objetivo de Desarrollo del Milenio 5, referente a la reducción de la mortalidad materna y el acceso universal a salud reproductiva. En consonancia con lo anterior, diferentes Comités y Relatorías de Naciones Unidas han recomendado al Estado Mexicano eliminar los obstáculos que impiden a las mujeres acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva y armonizar la legislación sobre salud sexual y reproductiva con los tratados internacionales.

Por último, el SNU en México reitera su disponibilidad para seguir trabajando conjuntamente con el Estado Mexicano en favor del respeto y protección de los derechos humanos de todas las personas.