México, D.F., a 11 de noviembre de 2011.

LA CDHDF SE SUMA AL LLAMADO DE  HUMAN RIGHTS WATCH

POR EL CESE DE LA VIOLENCIA EN MEXICO

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) reconoce y comparte la preocupación y diagnóstico formulados por Human Rights Watch (HRW), en su  informe  “Ni Seguridad, Ni Derechos: Ejecuciones, desapariciones y tortura en la  guerra contra el narcotráfico de México”, acerca de los impactos negativos de la estrategia de seguridad nacional para combatir la delincuencia organizada en relación con el ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

HRW señala que la estrategia federal de combate frontal a las bandas de la delincuencia ha generado violaciones graves de derechos humanos, tales como tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y abusos de autoridad por parte de los cuerpos militares y policiacos, particularmente contra mexicanas y mexicanos jóvenes, quienes han experimentado la vulnerabilidad estructural y la impunidad como víctimas inocentes de dicha estrategia.

En un contexto como éste, se ha incrementado el clima de incertidumbre y desconfianza respecto de la acción pública en materia de seguridad, así como la sensación de que se ha vulnerado el Estado de derecho y las garantías del debido proceso, sin que las instituciones de procuración e impartición de justicia militar y civil hayan sido sometidas a los controles ciudadanos de transparencia y rendición de cuentas.

En este marco, tampoco ha sido posible hacer justicia a las a las víctimas, tanto de las redes criminales como de la estrategia de seguridad. La investigación de violaciones a derechos humanos realizada  por Human Rights Watch  evidencia la impunidad en que se encuentran las casi 35 mil muertes relacionadas con la delincuencia organizada, entre diciembre de 2006 y fines de 2010, según información del propio gobierno federal.

La  CDHDF expresa su preocupación por la falsa disyuntiva que se ha planteado a propósito de este debate, polarizando por un lado la defensa y promoción de los derechos humanos y, por el otro, la garantía de seguridad para el conjunto de la ciudadanía. Efectivamente, lo que necesitamos son espacios seguros para todos y todas, y certidumbre jurídica respecto de la procuración e impartición de justicia; pero también que se garanticen todos los derechos para todas las personas, particularmente los que se refieren a la protección de la vida y la integridad en sentido amplio, así como al debido proceso.

El informe de Human Rights Watch viene a sumarse al reclamo generalizado de las y los defensores de derechos humanos, Organizaciones de la Sociedad  Civil (OSC) y ciudadanía en general, en el sentido de que cese inmediatamente el clima de violencia, la impunidad y se fortalezca la confianza de la ciudadanía hacia las autoridades.

La CDHDF tiene la certeza de que estos objetivos deben lograrse por la vía del paradigma garantista, es decir, despejando el camino de obstáculos para que las y los mexicanos habiten espacios seguros y libres de violencia, al tiempo que ejercen todos sus derechos y libertades.

www.cdhdf.org.mx

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Te inviamos a que asistas a la 10a. FERIA DE LOS DERECHOS HUMANOS, 4 de Diciembre Zócalo capitalino, a partir de las 10 hrs. 

*DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN POR LOS DERECHOS HUMANOS*

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

Organizaciones de la sociedad civil se suman a la marcha en contra de la violencia

Monterrey, N. L. a 6 de mayo de 2011

Las organizaciones abajo firmantes nos sumamos a la marcha nacional en contra de la violencia. En el contexto nacional y en la situación que impera en el estado de Nuevo León es fundamental que la ciudadanía asuma y ejercite sus derechos civiles para manifestar su más profunda preocupación por el crecimiento y normalización de la violencia y por la terrible impunidad y corrupción que la cobija y la reproduce.

La violencia que enfrenta la ciudadanía no proviene sólo de la delincuencia organizada, sino también de las propias autoridades encargadas de la seguridad pública. Es cierto que existe violencia criminal, pero ese no es el único peligro que enfrentamos los ciudadanos, sino que lidiamos con múltiples violencias, la de los delincuentes comunes, de la delincuencia organizada, de los policías municipales, estatales y federales, y más aun, la violencia letal de las fuerzas armadas.

En Nuevo León son cotidianos los abusos de las autoridades de todos los órdenes de gobierno. Esto incluye muertes civiles a manos de efectivos policiales y militares, irrupciones arbitrarias en casas y negocios, revisiones y detenciones ilegales, tortura, extorsiones y desapariciones forzadas. El fenómeno de la violencia no disminuirá mientras las autoridades sigan actuando con los mismos medios que usa la delincuencia organizada; mientras el Estado no instrumente urgentes políticas públicas que atiendan radicalmente las causas sociales y económicas de la criminalidad desbordada. Lo necesario es combatir la corrupción y la impunidad de que gozan ahora todos los actores armados y hacer respetar irrestrictamente los derechos humanos de todas y todos.

Estas organizaciones nos congratulamos y solidarizamos con  las iniciativas ciudadanas de demandar un país sin violencia, un país donde  la legalidad sea la norma y las autoridades sean honestas y eficientes. En este sentido, nos sumamos a la iniciativa de jóvenes nuevoleoneses de realizar una marcha contra la violencia en Monterrey y extendemos la invitación a todos los ciudadanos para comenzar a retomar en nuestras manos el destino de nuestra entidad. La marcha se realizará el próximo domingo 08 de mayo a las 5 de la tarde y partirá del Colegio Civil.

¡YA BASTA, ALTO A LA IMPUNIDAD Y A LA VIOLENCIA!

Nos unimos a la Marcha Nacional contra la Violencia: ¡NO MÁS SANGRE!

ALIANZA CÍVICA DE NUEVO LEÓN, A. C.

ALIANZA DE USUARIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS

ALTERNATIVAS PACÍFICAS, A.C.

ASOCIACIÓN REGIOMONTANA DE TRABAJADORES ESPECIALES, A. C.

ASOCIACIÓN PARA EL ESTUDIO Y DESARROLLO DE LA ENERGÍA SOLAR, A. C.

AVANCE  POR LOS DERECHOS DE MEXICO, A.C.

CENTRO DE ESTUDIOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS, A. C.

CIUDADANOS EN APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS, A. C.

COLECTIVO CIUDADANO EN DEFENSA DE LA PASTORA

COLECTIVO PLURAL DE MUJERES

COMITE ECOLOGICO PRO BIENESTAR AC.

COMITÉ PRO DEFENSA DE LA HUASTECA

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DE LA MUJER, A.C. – NUEVO LEÓN

CONFERENCIA DE RELIGIOSAS Y RELIGIOSOS DE MÉXICO, MONTERREY (CIRM)

COORDINADORA NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS EXBRASEROS

EVOLUCIÓN MEXICANA A.C.

FORO LIBRE Y DEMOCRÁTICO, A.C.

LAS JUGLARESAS, TEATRO POPULAR

MOVIMIENTO AMBIENTALISTA CIUDADANO

OFICIO EDICIONES

PRO SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, A. C.

PUEBLO BICICLETERO

RED DE DEFENSA CIUDADANA

RESISTENCIA CIVIL PACÍFICA EN NUEVO LEÓN

ZIHUAME MOCHILLA, A.C.

30 de abril Día de los Derechos de la niña y el niño ¿un día para celebrar?

El 30 de abril debería ser un motivo de celebración para niñas y niños. Sin embargo, existen aún grandes pendientes para garantizar los derechos de la infancia en México. Estos pendientes implican, entre otros factores, la armonización legislativa y el desarrollo de políticas públicas que deben estar sustentadas en los principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).

El pasado 20 de abril como parte de los compromisos adquiridos a nivel internacional, México debió entregar al Comité de Derechos del Niño su informe sobre el cumplimiento de la Convención. A la fecha, dicho informe no ha sido entregado. Ante ello, y a fin de brindar un balance de la situación que viven niñas y niños en México, en la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) hacemos una revisión de aquellos ámbitos que demandan atención inmediata para garantizar el pleno cumplimiento de sus derechos:

Es preocupante la ausencia de una Secretaría de Estado especializada en infancia y adolescencia que articule y promueva políticas públicas integrales. Actualmente, existen acciones públicas desarticuladas, opacidad en la inversión destinada a la infancia y un diseño institucional obsoleto. Por otro lado, la inexistencia de un sistema de información sobre infancia, impide valorar realmente los avances o retrocesos en la aplicación de las políticas públicas y dificulta la supervisión de los programas y sus impactos.

Hemos expresado desde el año pasado preocupación por la “narco explotación” de que son víctimas niñas, niños y adolescentes socialmente excluidos quienes están siendo reclutados de manera forzada por la delincuencia organizada. Esto como consecuencia de la ausencia de oportunidades y de medidas de protección del Estado (en sus tres niveles) que eviten su involucramiento en los grupos del crimen organizado. En este sentido, datos publicados el día de ayer señalan que en México tiene la tasa de pobreza infantil más alta de los países que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), pues 1 de cada 4 niñas y niños vive en condiciones de pobreza. Ante ello, resaltamos la importancia de reconocer que la inequidad y la pobreza extrema son factores que impiden garantizar los derechos de la infancia.

Ejemplo de ello es que de 2008 a 2009 la tasa de mortalidad por homicidio en la población menor de 18 años se incrementó en 40% pasó de 2.3 defunciones por cada 100 mil habitantes en 2008 a 3.2 en 2009. Si se desagregan los datos por rangos de edad, se puede observar que el incremento ha sido general. No obstante, en el rango de 15 a 17 años, el aumento de la tasa ha sido mayor, pasando de 5.3 defunciones en 2007 a 10.7 en 2009, esto representa un incremento de más del 100% en sólo dos años. Esto se muestra en la siguiente gráfica:

Podemos destacar que hay un mayor grado de incidencia en homicidios en la población de 0 a 4 años que en la de 5 a 14 años. En la población de 0 a 4 años, la tasa a nivel nacional en 2009 se ha convertido en la más alta desde el 2000. Nada más del 2008 al 2009, ésta pasó de 1.6 a 2.4, lo cual representa un incremento del 50%.
Otros datos recopilados por la REDIM desde enero de 2010 a través de fuentes hemerográficas, de los homicidios dolosos de niñas, niños y adolescentes dan cuenta de un incremento del 30% en el número de decesos, que paso de 60 muertes (enero a abril 2010) a 84 (mismo periodo, 2011) como se indica en la siguiente gráfica:

Al contexto de violencia que vive la infancia en nuestro país, se suman otras problemáticas como la normalización y justificación social del castigo corporal (maltrato infantil) el cual, es la expresión más común de violencia contra niñas y niños. Cada año, más de 20 mil denuncias de maltrato infantil son comprobadas por el DIF, de los cuales solamente una cuarta parte son presentadas ante el Ministerio público. En 2009, esto representó más de 17,000 casos que quedaron impunes.

Exaltamos el incremento de la criminalización y el estigma contra las y los adolescentes que se ha dado como medio para promover la reducción de la edad penal y los “castigos severos”, en contrasentido de un Sistema de Justicia para Adolescentes que contemple medidas alternativas de reinserción social. Dicho Sistema de Justicia está inconcluso en los Estados y sin Ley a nivel Federal,  lo cual representa un incumplimiento a la obligación del Estado establecida en el artículo 18 Constitucional.

La ausencia de una legislación federal en materia de justicia adolescente ha ocasionado que niñas, niños y adolescentes quienes han incurrido en algún delito federal sean juzgados por autoridades estatales que no resultan competentes y bajo reglas procesales de los diferentes códigos locales. En este aspecto, el Estado Mexicano no ha cumplido con la recomendación de elevar la edad mínima de responsabilidad penal de los 12 hasta los 14 años de edad.

En razón de lo anterior, la REDIM exige al Estado Mexicano:
Avanzar en la construcción del Sistema Nacional de Protección de Derechos de la Infancia, entendido como la existencia de un órgano articulador de alto nivel para el desarrollo de políticas públicas, programas y acciones que garanticen los derechos de niños, niñas y adolescentes en México.
Adoptar medidas suficientes para combatir la impunidad y frenar la violencia de la que son víctimas niños, niñas y adolescentes, en la familia, la comunidad, o las instituciones que tienen la responsabilidad de cuidarlos, así como alcanzar las reformas legislativas que prohíban explícitamente el castigo corporal y obliguen al desarrollo de políticas públicas integrales que promuevan el buen trato, medidas disciplinarias positivas, acciones participativas y el uso de la resolución no violenta de conflictos en los procesos educativos.
Crear un Sistema Nacional de Información sobre Infancia, desagregado por grupos de edad y sexo, con indicadores para evaluar los progresos en la aplicación de la Convención sobre los derechos del niño.
Armonizar las legislaciones federales y estatales con la Convención sobre los Derechos del Niño para mejorar el sistema jurídico nacional que enfrenta serios rezagos en la defensa de los derechos de la infancia.
Finalmente, exhortamos de manera importante al Estado Mexicano a retomar las Recomendaciones que diera a conocer el pasado 4 de febrero, el Comité sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas (CRC-UN) con respecto al Protocolo Facultativo sobre la Participación de Niños en Conflictos Armados” en las que: “El Comité expresa su gran preocupación por el elevado número de niños víctima (alrededor de 1000 en los últimos 4 años) como resultado de la lucha contra el crimen organizado, violaciones de derechos humanos y falta de investigación de los delitos cometidos por miembros de las fuerzas armadas” Ante ello, el Comité insta al Estado Parte a que:

a. Recopile datos sobre el número de niños detenidos, heridos o asesinados en la lucha del Ejército y las fuerzas policiacas contra los grupos armados no estatales;
b. Investigue todos los delitos cometidos contra los niños y se asegure que las cortes civiles tengan jurisdicción sobre los delitos contra los niños (…);
c. Evite la impunidad, asegurándose que los responsables sean procesados y sancionados (1)

El arraigo de militares en funciones de policía es violatorio de los derechos humanos

27 de abril de 2011

Boletín No. 1104/012/BP

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) manifiesta su preocupación por la noticia de que elementos militares que cumplían funciones de policía en el Estado de Nuevo León han sido arraigados para ser investigados por su posible participación en los hechos en que perdió la vida el señor Otilio Cantú Cantú.

Pese a congratularse por el hecho de que las autoridades estatales estén investigando los hechos en que un civil perdió la vida, CADHAC estima que toda investigación penal debe ajustarse a las disposiciones legales, al debido proceso, y a los estándares de derechos humanos internacionalmente reconocidos. En este sentido, CADHAC reprueba que estas personas hayan sido sometidas a la medida cautelar de arraigo, que es violatoria de los derechos humanos.

Arraigar es siempre una violación a los derechos humanos porque,con el fin de investigarla, se priva de la libertad a una persona que ni siquiera ha sido acusada de delito alguno. Es decir, que en vez de realizar una investigación para detener a los probables responsables, se les detiene primero y después se les investiga, esta es una acción inaceptable en una sociedad democrática ya que viola la presunción de inocencia. Además el arraigo tiende a limitar seriamente las posibilidades de auténtica defensa legal debido a que es común que el arraigo se use para fabricar delitos y que es común que durante éste se cometan otras serias violaciones a los derechos humanos, incluida la tortura.

Ante esta circunstancia, CADHAC renueva su demanda de que la muerte del señor Otilio Cantú Cantú no quede impune, pero agrega que cualquier acción de investigación por parte de las autoridades debe respetar irrestrictamente los derechos humanos de las personas investigadas. Todas y todos tenemos derechos humanos y éstos deben ser respetados siempre.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.

La muerte de civiles a manos de autoridades no debe

quedar en la impunidad

19 de abril de 2011
Comunicado número: 1104/08/BP

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. manifiesta su más seria preocupación por la muerte de Jorge Otilio Cantú Cantú, asesinado el pasado 18 de abril por elementos del ejército mexicano en funciones de policía estatal.

La muerte del señor Cantú Cantú, cuyos detalles no han sido plenamente aclarados mediante una investigación imparcial y profesional, incrementa dolorosamente el número de víctimas civiles a manos de efectivos militares en activo y de cuerpos policiacos supuestamente civiles dirigidos por militares. Esta es una muestra más de que los militares no están capacitados para llevar a cabo actividades policiacas ni para dirigir la política pública de seguridad.

Los más altos órganos internacionales de derechos humanos, incluyendo la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así como el Comité de Derechos Humanos de la misma organización, han pedido reiteradamente a México que revise su política de utilizar a las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico. Ahora, vestidos como integrantes de la Secretaría de Seguridad del Estado de Nuevo León, estos cuerpos demuestran nuevamente las nefastas consecuencias de su ineficiencia.

Esta organización ha observado reiteradamente que las muertes de civiles a manos de militares no son investigadas adecuadamente, los responsables no son procesados ante jueces ordinarios y la impunidad prevalece. Es imperativo que haya un viraje en esta dinámica y que la impunidad se rompa.

Esta organización demanda una adecuada investigación de la muerte de Jorge Otilio Cantú Cantú; esto significa llevar a los responsables ante tribunales ordinarios, no ante tribunales militares. Con esto, esperamos, se inicien todas las acciones necesarias para reparar, en la mayor medida posible, el daño a los familiares, para emitir un reconocimiento público acerca de la violación de derechos humanos que ocurrió en este caso, y para evitar la repetición de este tipo de violencia en contra de los ciudadanos y ciudadanas. Ante estos casos, reiteramos nuestra exigencia de que se delimiten explícitamente las responsabilidades de servidores públicos que hasta el momento permanecen en una ambigüedad jurídica pues no se ha definido si permanecen adscritos al fuero militar o si son funcionarios públicos del Estado de Nuevo León.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.

CENSAR A TRABAJADORES Y TRABAJADORAS

DOMÉSTICOS ES UNA CLARA VIOLACIÓN A LOS

DERECHOS HUMANOS

20 de abril de 2011
Boletín No. 1104/010/BP

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) manifiesta nuevamente su profunda preocupación por el programa de que pretende registrar a las trabajadoras y trabajadores domésticos y ambulantes en el municipio de San Pedro Garza García.

Esta organización difiere con la postura de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León, que opina que si el censo es voluntario no violaría derechos humanos. Los derechos humanos son indisponibles, por lo que no se pueden violar no con la autorización de su titular. En este sentido, la medida sigue siendo discriminatoria porque no pretende censar a toda la población económicamente activa, sino a un grupo específico, un grupo que además se encuentra en estado de vulnerabilidad.

Cabe destacar que la supuesta voluntad de las personas censadas no está garantizada. No es dable suponer, sin más, que personas pertenecientes a un grupo especialmente vulnerable tendrán en los hechos la capacidad para decir sin presiones si desean o no ser registradas. ¿Qué sucedería si los patrones de una empleada le exigen que entre al censo y ella no quiere hacerlo? ¿Hay en este caso auténtica voluntad de la persona registrada?

La justificación del municipio sobre que muchos robos a casa habitación son llevados a cabo por trabajadores domésticos es inaceptable, porque viola el principio de presunción de inocencia. Es decir, se le dice a la gente, sin justificación alguna y sin que hayan cometido ningún delito, que ellos son propensos a cometer delitos y deben ser registrados. Es decir se les trata como delincuentes sin que se les haya juzgado por delito alguno.

Esta organización reitera que la auténtica seguridad ciudadana no se puede lograr sin un respeto irrestricto a los derechos humanos de todos y todas, y exige que el municipio de San Pedro Garza García adecue todos sus programas y políticas públicas a los más altos estándares de derechos humanos.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.

SOLO PONE MÁS PRESIÓN EN LOS MIEMBROS MÁS

DÉBILES DE LA CADENA DELINCUENCIAL

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) se encuentra extremadamente preocupada ante voces que claman por la reducción de la edad penal en el Estado de Nuevo León.
Según han reportado medios locales, integrantes de las bancadas panistas y otras personas han externado su interés en que se reduzca la edad penal y se aumenten las penas para los adolescentes. Las propias voces que piden esta medida regresiva aceptan que los jóvenes son usados como carne de cañón y que se ven orillados a la delincuencia por necesidad económica y la falta de oportunidades. Sin embargo, en vez de proponer programas que den oportunidades reales a los jóvenes de nuestro estado y que sancionen a quien los utilice en la delincuencia, se propone castigarlos más severamente. Es decir, de nuevo se trata de presionar a los miembros más débiles de la cadena delincuencial.
La Constitución mexicana y tratados internacionales de que México es parte establecen que los adolescentes sólo deben ser sujetos a prisión por los crímenes más graves, como última opción y por el menor tiempo que proceda. Es decir, de lo que se trata es de brindar oportunidades y lograr que menos jóvenes delincan y, cuando lo hagan, de reintegrarlos lo antes posible a la sociedad.
Dejar a estos adolescentes, que fueron víctimas de las redes de la delincuencia organizada, encarcelados por más tiempo en nada ayudará a su reinserción social, máxime cuando el Centro de Atención Integral a Menores y Adolescentes es considerado por el Subcomité sobre Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas como un centro de privación de la libertad en el que se brinda un trato que sólo puede calificarse como cruel, inhumano o degradante.1
Esta organización pide que se privilegien políticas públicas que favorezcan a los jóvenes a través de oportunidades auténticas, en vez de sentencias más graves que no acabarán con el problema pero disminuirán sus posibilidades de reinserción en nuestra comunidad.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.
1 Informe sobre la visita a México del Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. CAT/OP/MEX/1. pág. 55, párrafo 246. Disponible en: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/docs/ReportMexico_sp.pdf

CARTA ABIERTA A LA PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA
14 de abril de 2011
LIC. MARISELA MORALES IBÁÑEZ
PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Distinguida Procuradora Morales:
En el marco de su reciente nombramiento como titular de la Procuraduría General de la República, las organizaciones firmantes nos dirigimos a Usted para solicitar su intervención en los casos de Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú y de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García, resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en agosto y noviembre de 2010, respectivamente.
Los tres casos -paradigmáticos de los obstáculos que enfrentan en México las mujeres indígenas y los defensores de derechos humanos y del medio ambiente para acceder a la justicia- se encuentran hoy en día bajo el conocimiento de autoridades militares, en abierto desacato de las sentencias del tribunal interamericano, sin que su predecesor en el cargo haya tomado medidas para acatar los fallos internacionales. Teniendo en cuenta el rezago imperante, confiamos en que su llegada a la Procuraduría contribuya a que las investigaciones sean inmediatamente asumidas por las instancias civiles; sin duda, ello demostraría el grado de relevancia y prioridad que durante su gestión asignará al cumplimiento de las obligaciones internacionales que el Estado mexicano tiene en materia de derechos humanos, dentro del ámbito de la procuración de justicia.
Es preciso recordar, por una parte, que tanto la señora Rosendo Cantú como la señora Fernández Ortega fueron violadas sexualmente y torturadas por elementos del Ejército mexicano en el año 2002, sin que hasta ahora hayan accedido a la justicia. La denuncia de Valentina Rosendo fue remitida al fuero militar desde el 16 de mayo de 2002. Un día después, el 17 de mayo de ese año, ocurrió lo mismo con la denuncia de Inés Fernández. Por otra parte, los señores Montiel Flores y Cabrera García fueron detenidos arbitrariamente y violentados en su integridad personal a manos de militares en el año de 1999.
En los tres casos las investigaciones fueron remitidas a las autoridades militares, quienes, a decir de la propia Corte Interamericana, “no eran competentes para conocer de este caso”. La falta de imparcialidad e independencia del ministerio público militar al investigar delitos cometidos por los propios elementos castrenses, surge de los hechos tenidos como probados por la CoIDH, y se manifiesta en el modo en que la carga de la prueba fue revertida en perjuicio de las víctimas, y en la impunidad que ha beneficiado a los miembros del Ejército responsables desde entonces.
La búsqueda de justicia de las dos mujeres indígenas Me’phaa y de los dos campesinos ecologistas los llevó hasta la CoIDH, la cual al resolver los casos, consideró plenamente probado que Inés y Valentina fueron violadas sexualmente y torturadas por soldados mexicanos, y que Rodolfo y Teodoro fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes. En consecuencia, ordenó al Estado en los tres casos una investigación efectiva de los hechos en la jurisdicción penal ordinaria.

Organizaciones Internacionales
Amnistía Internacional; Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights (EE.UU); Latin American Working Group LAWG (EE.UU); Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL (EE.UU.) Misereor (Alemania); Fundación del Consejo General de la Abogacía Española (España); Fundación para el Debido Proceso Legal, DPLF (EE.UU).
Organizaciones Mexicanas
Instituto para la seguridad y la democracia, Insyde; FUNDAR Centro de Análisis e Investigación A.C.; Comité Cerezo México; Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos A.C.; Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” conformada por 72

organizaciones: Agenda LGBT, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo”, A.C. (Jacala, Hgo.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.);

Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Puebla, Pue.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis) ; Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (CDHFV) (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (PRODH) (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua), Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi” , A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Ñu’u Ji Kandií, A. C. (Tlaxiaco, Oax.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez), Centro de Derechos Humanos Solidaridad Popular, A.C. (Monterrey, N.L.); Centro de

Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, A. C. (Tehuantepec, Oax); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de

Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Tlilapan, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (Zac. Zacatecas); Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos, A.

C. (Reynosa, Tamps.); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”,A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.), Centro Mujeres (La Paz, BC.), Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A. C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. – KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC) (Monterrey, NL); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos “La Voz de los sin voz” (Coyuca de Benítez, Gro.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacan,

A.C. (Tehuacan, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Intercongregacional “Justicia, Paz y Vida” (Distrito Federal); Comisión Parroquial de Derechos Humanos “Martín de Tours”, A.C. (Texmelucan, Pue.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (CDLI) (Palenque, Chis.);

Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sembrador de la Esperanza”. A. C.

(Acapulco, Gro.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, AC. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo AC (Tulancingo, Hgo.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.);

Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Chablekal, comisaría del municipio de Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (Distrito Federal); Instituto Guerrerense

de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, – Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.); Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana-Puebla (Puebla, Pue); Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (PRODESC) (Distrito Federal); Promoción

de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí, S.L.P.); Servicio, Paz y

Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicio, Paz y Justicia, México (SERPAJ-México) (Comalcalco, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (Pachuca, Hidalgo); Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (TUDH) (Distrito Federal).
C.c.p. Lic. Felipe de Jesús Zamora Castro. Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos

Humanos de la Secretaría de Gobernación. Para su conocimiento

7 abril 2011

Amnistía Internacional ha instado hoy a las autoridades mexicanas a llevar a cabo una investigación completa y efectiva sobre la muerte de 59 personas cuyos cadáveres se hallaron ayer en fosas clandestinas localizadas en una ruta utilizada por personas migrantes que viajan a Estados Unidos.

“Las fosas clandestinas halladas ayer muestran de nuevo que el gobierno de México no está abordando la crisis de seguridad ni ocupándose de reducir la violencia que está haciendo que muchas poblaciones sean vulnerables a ataques, secuestros y homicidios”, ha afirmado Rupert Knox, investigador sobre México de Amnistía Internacional.

“Con demasiada frecuencia este tipo de delitos contra los derechos humanos quedan impunes y permiten que comunidades vulnerables, como la de las personas migrantes en situación irregular, se conviertan en el objetivo de las bandas criminales y de los funcionarios que operan en connivencia con ellas.”

“El gobierno de México debe tomar medidas urgentes para identificar a las víctimas de este nuevo homicidio masivo, y llevar ante la justicia a sus responsables. Es fundamental que todas las medidas que las autoridades tomen sean completamente legales y garanticen la protección de los derechos humanos. Éste es el único modo de proteger eficazmente a la población y garantizar la justicia en México.”

Las fosas fueron halladas en un mismo enclave del estado de Tamaulipas, al norte del país, donde operan bandas criminales y de narcotraficantes. El estado de Tamaulipas se encuentra en la ruta que atraviesan las personas migrantes que se dirigen a Estados Unidos.

En agosto de 2010, fueron hallados los cadáveres de 72 migrantes irregulares en el municipio de San Fernando, también en Tamaulipas.