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El mando único de policía es una propuesta simplista que no resolverá nuestros problemas

admin — Fri, 11 Jun 2010 03:45:24 +0000

07 de junio de 2010

Comunicado número: 1006/008/BP

El mando único de policía es una propuesta simplista que no resolverá nuestros problemas

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. manifiesta su profunda preocupación por la posibilidad de que se apruebe la propuesta de un mando único de policía. Durante su XXXVIII Reunión ordinaria, la Conferencia Nacional de Gobernadores propuso que cada entidad federativa cuente con un mando único para todas sus policías, es decir, que se elimine el mando municipal.

CADHAC considera que la propuesta de un mando único por entidad es apresurada y simplista, ya que no se basa en ningún análisis de la situación que impera en el país. La propuesta carece de mecanismos para mejorar el trabajo de los cuerpos policiacos e, injustificadamente, parece afirmar que el problema de seguridad tiene como causa la pluralidad de corporaciones y no el desempeño de las mismas o el modelo de seguridad y las políticas públicas con las que éstas trabajan.

Un mando único por entidad federativa daría mayor poder a los Gobernadores de los estados y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en detrimento de la autoridad de los municipios y de las delegaciones capitalinas; además, no hay ninguna evidencia de que dicha transferencia de poder sirva para proteger mejor a la ciudadanía. Debido a que los cuerpos policiacos estatales son ineficaces, corruptos y poco transparentes, no hay razón alguna para pensar que harán mejor el trabajo que ahora comparten con las distintas corporaciones municipales.

CADHAC considera que la propuesta no atiende la complejidad de la situación de seguridad en el país y exhorta a los actores involucrados a meditar detenidamente el asunto y a buscar auténticos cambios en la fracasada política nacional de seguridad.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.

El aumento de penas no es benéfico para la ciudadanía

admin — Wed, 07 Apr 2010 04:09:23 +0000

06 de abril de 2010
Comunicado número: 0410/005BP

El aumento de penas no es benéfico para la ciudadanía
Mediante un desplegado que con motivo del inicio de su segundo periodo ordinario de sesiones fue publicado en la prensa local el 30 de marzo pasado, el H. Congreso del Estado de Nuevo León dio a conocer a la ciudadanía lo que considera sus principales logros legislativos. Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. desea expresar su opinión sobre el primer punto del desplegado, referente a la seguridad ciudadana.
El Congreso del Estado manifestó que ha aumentado la penalidad a imponerse en dos delitos (Secuestro y robo en casa habitación) y que ha aprobado el inicio inmediato de la búsqueda de personas desaparecidas. Esta organización se congratula profundamente por las modificaciones hechas por el Congreso relativas a la agilización de los procesos de búsqueda de cualquier persona reportada como desaparecida debido a que dicha reforma permitirá proteger mejor los derechos de la ciudadanía y está acorde a los estándares internacionales de protección de los derechos humanos.
Sin embargo, CADHAC se encuentra sumamente preocupada por el aumento de penas a delitos, esta organización está convencida de que no es a través de un sistema de penas duras, sino a través de un sistema que aplique sistemática y transparentemente la ley, que la situación de inseguridad que se vive en la entidad podrá revertirse. Existe un amplio consenso científico relativo a que el aumento de las penas no sirve para disminuir el número de ilícitos cometidos.
Dado que el pretendido efecto disuasorio de las penas sólo es factible si éstas son realmente impuestas, el problema del Estado de Nuevo León no es que las penas sean de poca monta sino que la impunidad es enorme. Por lo que CADHAC exhorta a los miembros del Poder Legislativo local a revertir las reformas en la materia y a buscar vías para que la ley se aplique, no para que sea más dura.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.
Padre Mier 617 PTE. 64000 Monterrey, N.L. México Tel. (81) 8343-5058 / Fax (81) 8343-6618 / Mail: cadhac@cadhac.org

Respuesta al Dip. Omar Orlando Pérez Ortega

admin — Wed, 16 Dec 2009 18:10:48 +0000

Re16 de diciembre de 2009

Oficio Número: 1209/060D

C. LIC. OMAR ORLANDO PÉREZ ORTEGA

Diputado Local por el 10° Distrito del Estado

Estimado señor diputado,

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (CADHAC) agradece su amable atención de solicitar nuestros comentarios sobre el proyecto de reforma constitucional que busca imponer cadena perpetua por una serie de delitos.

Esta organización aprecia todos los esfuerzos por solucionar el creciente problema de inseguridad pública relacionada con delitos de delincuencia organizada que afecta de manera dolorosa y preocupante a la ciudadanía en general. Sin embargo, consideramos que la propuesta por usted realizada desatiende importantes consideraciones de derechos humanos.

En primer lugar, la pena de cadena perpetua imposibilita la eficacia del principio constitucional que busca la reinserción del delincuente en la sociedad, una pena del tipo propuesto, es una pena máxima que impediría la rehabilitación personal de los condenados, la resocialización y reintegración familiar en el que se basa el sistema penal mexicano.

La Constitución federal no es el texto normativo adecuado para establecer sanciones penales, éstas derivan de análisis de las condiciones sociales imperantes en un momento dado y que deben ser revaloradas constantemente, esa actividad sólo puede estar a cargo del legislador ordinario y no del Poder constituyente. Adicionalmente, la creación de una pena a nivel constitucional dejaría a los juzgadores sin la posibilidad de valorar caso por caso las condiciones de la persona que cometió el delito, para verificar si por alguna razón la pena debe ser menor, un tal sistema es contrario a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros tratados internacionales firmados y ratificados por México, porque provocaría afectaciones serias a la libertad personal que no estarían en proporción a los hechos del caso.

En la aplicación de una reforma como la propuesta, se puede esperar que el número de ilícitos no disminuya, esto es así debido a que aumentar las sanciones no detiene a la delincuencia. En los años recientes hemos visto un endurecimiento de las sanciones por un sinnúmero delitos, a la par que la delincuencia ha crecido de forma desproporcionada. El efecto inhibidor de una sanción sólo surte efecto cuando ésta es aplicada de forma correcta, imparcial y sistemática, lo que no sucede en nuestro ineficaz sistema de procuración e impartición de justicia. En México los criminales delinquen no porque consideren que 30, 50 o hasta 70 años en prisión es poco tiempo, sino porque saben que es muy poco probable que las sanciones les sean aplicadas.

En este contexto, la reforma sólo provocaría que aquellos que no tengan acceso a un servicio de defensa adecuada, por ser pobres, pasen el resto de su vida en prisión, sean culpables o no. Esta situación enrarecería aún más el clima social, no solucionaría el problema de la delincuencia y dispararía los costos de la administración de los centros penitenciarios.

Consideramos que para el contexto mexicano la solución no puede ser de endurecimiento de las penas o de creación de nuevos tipos penales, sino se deben plantear soluciones integrales que resuelvan de fondo el problema de la inseguridad pública, a través de medios alternos y del fortalecimiento y la profesionalización de los sistemas de impartición y procuración de justicia.

Sin más por el momento, quedamos de Usted para cualquier comentario o aclaración al respecto.

Fraternalmente,

Hna. Consuelo Morales Elizondo

Directora

Esperanza legislativa

admin — Thu, 27 Aug 2009 00:32:12 +0000

26 de agosto de 2009

Comunicado No. 0809/025BP

Esperanza legislativa

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC), desea compartir con la comunidad una breve reflexión sobre el trabajo desempeñado por los y las integrantes de la LXXI Legislatura al Congreso del Estado de Nuevo León, y las expectativas que recaen sobre la Legislatura entrante..

La legislación creada en los últimos tres años en materia de seguridad pública, nos permite identificar un serio retroceso en el respeto y vigencia de los derechos fundamentales de todo ciudadano, así como en el proceso democrático que toda sociedad merece.

En la Legislación saliente se identificó una clara tendencia al endurecimiento de las sanciones y la creación de más prohibiciones legales, especialmente a través de la creación de nuevos delitos, el aumento de sanciones y de delitos en el catálogo de delitos graves, tales como: Delito contra la seguridad de la comunidad, Ataque contra Servidores Públicos, Violencia en Espectáculos Deportivos, Daño en Propiedad Ajena en la modalidad de pintar inmuebles (graffiti), Obstrucción de la Vía Pública fueron delitos de nueva creación; el Pandillerismo, la Resistencia a las Autoridades, las Lesiones a Servidores Públicos, el Homicidio calificado, el Parricidio y el Secuestro, son algunos de los ilícitos o modalidades cuya pena fue agravada.

La mayoría de las reformas en materia penal que hemos visto en los últimos años no responden adecuadamente a las problemáticas sociales; debemos recordar que no existe una relación directa entre la gravedad de la pena y su efecto disuasorio. Las conductas criminales no disminuirán porque las penas sean mayores, sino porque se apliquen correcta y sin excepción a los culpables. Es decir que, no es con sanciones más aparatosas sino con autoridades más eficientes y menos corruptas, que la sociedad neolonesa podrá enfrentar adecuadamente a la delincuencia.

Por otra parte, la ampliación del catálogo de delitos graves en el Código Penal y, por remisión, en la Ley del Sistema Especial de Justicia para Adolescentes, ha dado lugar al incremento en la aplicación de la prisión preventiva y, en consecuencia, en el número de personas encarceladas, incluyendo menores de edad. La adopción del sistema penal acusatorio y la preeminencia del principio de presunción de inocencia requieren la reducción de los supuestos de prisión preventiva, ya que ésta constituye un obstáculo para el ejercicio de una defensa adecuada, viola el principio de presunción de inocencia, constituye una pesada carga para la hacienda pública y genera situaciones de privación arbitraria de la libertad, porque se aplica de forma automática sin que el juez de la causa pueda evaluar caso por caso si es justificado aplicar tal medida.

Consideramos que esta serie de acciones legislativas, redujo la esfera de libertades de los individuos, dañando las de por sí precarias condiciones democráticas en Nuevo León. Al no contar con instituciones de Estado que se apeguen estrictamente a los derechos fundamentales consagrados en las constituciones federal y local, así como en el derecho internacional de los derechos humanos, vemos que los anhelos por la vigencia de un Estado Constitucional y Democrático de Derecho, y por un mayor ejercicio público de deliberación en la toma de decisiones, se esfuman.

Exhortamos a los nuevos legisladores a no cometer los errores antes mencionados, a asumir una actitud, asertiva y humilde, que les permita buscar y tomar en cuenta las opiniones de la ciudadanía y de expertos en los temas que les toque legislar, así como la obligación de cuidar y respetar los límites que las Constitución y los tratados internacionales les imponen y sin los cuales nos conduciríamos precipitadamente a un estado autoritario.

Mantenemos la esperanza y exhortamos a los recién electos Diputados y Diputadas que integrarán la LXXII Legislatura al Congreso del Estado a aprovechar la oportunidad de realizar su encomienda legislativa con dedicación, esmero, asumiendo el compromiso de restituir a la ciudadanía los derechos esenciales que le han sido afectados; es decir, esperamos que el órgano democrático y representativo de nuestra entidad federativa contribuya al fortalecimiento de un modelo de democracia constitucional, garante de las libertades y los derechos de todas las personas.

Fraternalmente,

CIUDADANOS EN APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS

¿Reformas legislativas precisas o distractoras?

admin — Wed, 01 Apr 2009 15:41:22 +0000

Comunicado No. 0409/012BP

1 de abril de 2009

¿Reformas legislativas precisas o distractoras?

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, AC (CADHAC) manifiesta su preocupación por la evidente distracción de los Diputados y Diputadas que integran la LXXI Legislatura al Congreso del Estado, al ocuparse en reformas innecesarias a la ley penal, a pesar de que existe una enorme necesidad social y ciudadana de contar con un marco jurídico eficiente en muchos temas que sí son prioritarios, tales como la inseguridad, la impunidad, las violaciones a los derechos humanos, los abusos policíacos y el desempleo, entre otros.

Con relación a la información publicada el día de hoy en la página 2B del periódico “El Norte”, es oportuno mencionar que la presunta reforma aprobada por el Congreso local respecto del artículo 219 del Código Penal del Estado para precisar en el delito de peculado que en todos los casos, además de las sanciones que se impongan por este ilícito, se condenará al culpable a la devolución de los recursos desviados o mal utilizados, resulta ociosa por ser norma vigente desde hace diez años aproximadamente[1].

En cuanto a la referencia que señala que los diputados locales consideraron necesario enriquecer la normatividad para especificar de forma clara que el servidor público que cometa este delito deberá reparar el daño cometido contra las arcas públicas, también es necesario destacar la inutilidad de tal propósito, dado que esa obligación ya está debidamente regulada por lo dispuesto en los artículos 141, 142 y 143 del citado ordenamiento penal[2]

Dado lo anterior, exhortamos a los Legisladores locales para que eviten distraer su valioso tiempo en la realización de reformas superfluas, así como para que se avoquen a realizar mejoras útiles al marco jurídico nuevoleonés, con base en los principios Constitucionales y democráticos que deben regir nuestra sociedad, para que así coadyuven a perfeccionar el Estado de Derecho y a proporcionar a la ciudadanía la seguridad jurídica que requiere.

CIUDADANOS EN APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS, A. C.

[1] Artículo 219.- Las sanciones privativas de la libertad señaladas en el artículo anterior, se reducirán en una tercera parte si desde la fecha en que se decrete el auto de formal prisión hasta antes de que se dicte sentencia definitiva, se devolviere incondicionalmente lo distraído o los fondos utilizados indebidamente, con los intereses legales correspondientes.

Este artículo se entiende sin perjuicio de la destitución, de la inhabilitación y de la multa correspondiente.

[2] Artículo 141.- Toda persona responsable de un hecho delictuoso, lo es también por el daño y perjuicio causado por el mismo. Esa responsabilidad es de orden público respecto a los penalmente responsables, por lo que en todo proceso el Ministerio Público estará obligado a solicitar, en su caso, la condena correspondiente y el juez a resolver lo conducente, con independencia de que comparezca o no persona interesada.

Artículo 142.- Deben reparar el daño y perjuicio a que se refiere el artículo anterior: los penalmente responsables en forma solidaria; y mancomunadamente sus herederos que acepten la herencia y los que conforme a la Ley Civil están obligados a repararla.

Artículo 143.- La reparación del daño comprende:

I.- La restitución de las cosas obtenidas por el delito; de no ser posible, el pago del precio de las mismas;

II.- La indemnización del daño material y moral causado,

IV.- El resarcimiento de los perjuicios ocasionados por el delito cometido.