Boletín de prensa

Redim

Este 1 de noviembre la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) recuerda a los aproximadamente 1,373 niños y niñas que han muerto en el marco de la lucha contra el crimen organizado, víctimas inocentes de la violencia y las omisiones institucionales para garantizar su derecho a la vida.

Es importante recordar que el Estado Mexicano al ratificar la Convención sobre los derechos del Niño (CND, 1989) hace ya dos décadas, tiene la responsabilidad de reconocer, respetar y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. Así mismo los distintos niveles de gobierno están obligados a cumplir con la reciente modificación del Artículo 4 de Constitución Mexicana que establece que “En todas las decisiones y actuaciones del estado se velara y cumplirá con el principio del interés superior del niño garantizando de manera plena sus derecho [...] Este principio guiará el diseño, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.

REDIM manifiesta su profunda preocupación porque el actual contexto de violencia generalizada, en parte desencadenada por la forma en que se combate al crimen organizado, se expresa en un mayor número de homicidios de la población de 15 a 17 años de edad que aumento de 5.3 en 2007, a 10.7 en 2009 (por cada 100 mil habitantes)[1]; y en miles de niñas y niños que han quedado sin cuidados parentales “huérfanos”, ya sea sin padre, madre o ambos, de los más de 40 mil homicidios ocurrido en los último cuatro años.

En este sentido exhortamos al Estado Mexicano a cumplir con las recomendaciones que el Comité de los Derechos del Niño (CRC-CDN) emitió el pasado 4 de febrero del presente año, entre las cuales destacamos:

30. El Comité insta al Estado Parte a que:

a. Recopile datos sobre el número de niños detenidos, heridos o asesinados en la lucha del Ejército y las fuerzas policiacas contra los grupos armados no estatales;

b. Investigue todos los delitos cometidos contra los niños y se asegure que las cortes civiles tengan jurisdicción sobre los delitos contra los niños cometidos por el Ejército;

c. Evite la impunidad, asegurándose que los responsables sean procesados y sancionados;

d. Adopte medidas adecuadas para proteger a los niños de las acciones militares y policiacas en el contexto de las medidas para mantener la seguridad pública, así como de la violencia armada por los grupos armados no estatales;

e. Establezca los mecanismos formales y los marcos legales correspondientes que garanticen los derechos humanos y la protección de los niños, en particular de las niñas, de la violencia de las fuerzas armadas y los grupos armados no estatales; y

f. Establezca reglas específicas y protocolos para las fuerzas armadas a fin de garantizar la integridad de los niños durante la investigación y los operativos contra los grupos armados no estatales.

32. El Comité alienta al Estado Parte a crear un mecanismo de identificación de los niños que puedan haber sido reclutados o utilizados en hostilidades y a tomar las medidas necesarias para su recuperación física, psicológica y su reintegración social. Dichas medidas deberían comprender la evaluación pormenorizada de su situación, el refuerzo de los servicios de asesoría jurídica de que disponen y la prestación de asistencia inmediata, respetuosa de su cultura, que tenga en cuenta sus necesidades y que sea multidisciplinaria para su recuperación física, psicológica y su reintegración social, de conformidad con el Protocolo Facultativo. (CRC/C/OPAC/MEX/CO/4 Febrero 2011)

En este contexto exhortamos al Estado (en sus diferentes niveles federal, estatal y municipal) a:

Dar cumplimiento a las recomendaciones que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU hizo al Estado mexicano desde 2006 con referencia al sistema de justicia para adolescentes.

Incorporar en el Código Penal Federal y en otras leyes estatales la prohibición explícita al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados, tal y como lo solicitó el Comité de los Derechos del Niño el pasado 4 de febrero de 2011.

Designar presupuesto para el desarrollo de un Sistema Nacional de Protección de Derechos de la Infancia como parte de las estrategias de prevención y protección especial para las y los adolescentes en conflicto con la ley.

Atentamente

Juan Martín Pérez García

Director Ejecutivo

Red por los Derechos de la Infancia en México

56.04.24.66

Mail / Messenger

Twt: @derechoinfancia

@juanmartinmx

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

· Legislaciones nacionales y estatales deben incorporar los compromisos internacionales asumidos en materia de derechos de las mujeres.

· Acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva es indispensable para la realización de los objetivos de desarrollo.

(Naciones Unidas, México).- El Sistema de Naciones Unidas en México (SNU) ha seguido con atención y respeto el debate nacional sobre acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, en particular el producido en las últimas semanas con motivo de las discusiones al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que desestimó la acción de inconstitucionalidad de las reformas de Baja California y San Luis de Potosí para proteger la vida desde la concepción. El SNU reconoce como, en ambos casos, la mayoría de quienes integran a la SCJN se pronunciaron a favor de los derechos humanos de las mujeres al señalar que las reformas de los Estados que establecen la protección de la vida desde la concepción no deben limitar los derechos de las mujeres reconocidos en la normativa mexicana y en los tratados internacionales de derechos humanos de los que México es parte.

Asimismo, en junio pasado, el SNU reconoció y celebró la aprobación por parte del Congreso de la Unión de la reforma en materia de derechos humanos a su Constitución, la que establece la obligación de todas las autoridades en el ámbito sus competencias de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo cual representa un avance sustantivo en favor del respeto y la garantía de los derechos y libertades. En tanto, responde positivamente a los compromisos internacionales asumidos por México.

En este sentido, el SNU en México reitera la importancia de asegurar la plena incorporación, en la legislación local y las políticas públicas de los países, de los derechos humanos de las mujeres, incluyendo sus derechos sexuales y reproductivos reconocidos en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado Mexicano en materia de derechos humanos, incluyendo la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como la incorporación de las observaciones emitidas por los Comités que emanan de estos tratados y que representan importantes precedentes vinculantes para México.

Los derechos humanos de las mujeres, reconocidos en estos instrumentos, incluyen el derecho a controlar y decidir libre y responsablemente sobre temas relacionados con su sexualidad, que comprenden la salud sexual y reproductiva, sin coerción, discriminación ni violencia; el acceso universal a educación, información y servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, a disponer de una amplia variedad de métodos anticonceptivos, incluidos los de emergencia, el acceso efectivo a servicios seguros para la interrupción voluntaria del embarazo, en las circunstancias previstas en la ley, que deben cumplir con las condiciones de seguridad, calidad y calidez, así como promover campañas nacionales de sensibilización sobre los derechos humanos de las mujeres dirigidas en particular al personal sanitario y también al público en general.

La restricción en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, ya sea por causas estructurales, legislativas, políticas o de cualquier otra índole, conlleva graves consecuencias como el embarazo adolescente y la expansión del VIH/SIDA. Asimismo, pone en riesgo la realización del Objetivo de Desarrollo del Milenio 5, referente a la reducción de la mortalidad materna y el acceso universal a salud reproductiva. En consonancia con lo anterior, diferentes Comités y Relatorías de Naciones Unidas han recomendado al Estado Mexicano eliminar los obstáculos que impiden a las mujeres acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva y armonizar la legislación sobre salud sexual y reproductiva con los tratados internacionales.

Por último, el SNU en México reitera su disponibilidad para seguir trabajando conjuntamente con el Estado Mexicano en favor del respeto y protección de los derechos humanos de todas las personas.

CARTA ABIERTA A LA PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA
14 de abril de 2011
LIC. MARISELA MORALES IBÁÑEZ
PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Distinguida Procuradora Morales:
En el marco de su reciente nombramiento como titular de la Procuraduría General de la República, las organizaciones firmantes nos dirigimos a Usted para solicitar su intervención en los casos de Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú y de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García, resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en agosto y noviembre de 2010, respectivamente.
Los tres casos -paradigmáticos de los obstáculos que enfrentan en México las mujeres indígenas y los defensores de derechos humanos y del medio ambiente para acceder a la justicia- se encuentran hoy en día bajo el conocimiento de autoridades militares, en abierto desacato de las sentencias del tribunal interamericano, sin que su predecesor en el cargo haya tomado medidas para acatar los fallos internacionales. Teniendo en cuenta el rezago imperante, confiamos en que su llegada a la Procuraduría contribuya a que las investigaciones sean inmediatamente asumidas por las instancias civiles; sin duda, ello demostraría el grado de relevancia y prioridad que durante su gestión asignará al cumplimiento de las obligaciones internacionales que el Estado mexicano tiene en materia de derechos humanos, dentro del ámbito de la procuración de justicia.
Es preciso recordar, por una parte, que tanto la señora Rosendo Cantú como la señora Fernández Ortega fueron violadas sexualmente y torturadas por elementos del Ejército mexicano en el año 2002, sin que hasta ahora hayan accedido a la justicia. La denuncia de Valentina Rosendo fue remitida al fuero militar desde el 16 de mayo de 2002. Un día después, el 17 de mayo de ese año, ocurrió lo mismo con la denuncia de Inés Fernández. Por otra parte, los señores Montiel Flores y Cabrera García fueron detenidos arbitrariamente y violentados en su integridad personal a manos de militares en el año de 1999.
En los tres casos las investigaciones fueron remitidas a las autoridades militares, quienes, a decir de la propia Corte Interamericana, “no eran competentes para conocer de este caso”. La falta de imparcialidad e independencia del ministerio público militar al investigar delitos cometidos por los propios elementos castrenses, surge de los hechos tenidos como probados por la CoIDH, y se manifiesta en el modo en que la carga de la prueba fue revertida en perjuicio de las víctimas, y en la impunidad que ha beneficiado a los miembros del Ejército responsables desde entonces.
La búsqueda de justicia de las dos mujeres indígenas Me’phaa y de los dos campesinos ecologistas los llevó hasta la CoIDH, la cual al resolver los casos, consideró plenamente probado que Inés y Valentina fueron violadas sexualmente y torturadas por soldados mexicanos, y que Rodolfo y Teodoro fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes. En consecuencia, ordenó al Estado en los tres casos una investigación efectiva de los hechos en la jurisdicción penal ordinaria.

Organizaciones Internacionales
Amnistía Internacional; Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights (EE.UU); Latin American Working Group LAWG (EE.UU); Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL (EE.UU.) Misereor (Alemania); Fundación del Consejo General de la Abogacía Española (España); Fundación para el Debido Proceso Legal, DPLF (EE.UU).
Organizaciones Mexicanas
Instituto para la seguridad y la democracia, Insyde; FUNDAR Centro de Análisis e Investigación A.C.; Comité Cerezo México; Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos A.C.; Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” conformada por 72

organizaciones: Agenda LGBT, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo”, A.C. (Jacala, Hgo.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.);

Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Puebla, Pue.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis) ; Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (CDHFV) (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (PRODH) (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua), Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi” , A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Ñu’u Ji Kandií, A. C. (Tlaxiaco, Oax.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez), Centro de Derechos Humanos Solidaridad Popular, A.C. (Monterrey, N.L.); Centro de

Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, A. C. (Tehuantepec, Oax); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de

Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Tlilapan, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (Zac. Zacatecas); Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos, A.

C. (Reynosa, Tamps.); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”,A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.), Centro Mujeres (La Paz, BC.), Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A. C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. – KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC) (Monterrey, NL); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos “La Voz de los sin voz” (Coyuca de Benítez, Gro.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacan,

A.C. (Tehuacan, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Intercongregacional “Justicia, Paz y Vida” (Distrito Federal); Comisión Parroquial de Derechos Humanos “Martín de Tours”, A.C. (Texmelucan, Pue.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (CDLI) (Palenque, Chis.);

Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sembrador de la Esperanza”. A. C.

(Acapulco, Gro.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, AC. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo AC (Tulancingo, Hgo.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.);

Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Chablekal, comisaría del municipio de Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (Distrito Federal); Instituto Guerrerense

de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, – Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.); Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana-Puebla (Puebla, Pue); Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (PRODESC) (Distrito Federal); Promoción

de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí, S.L.P.); Servicio, Paz y

Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicio, Paz y Justicia, México (SERPAJ-México) (Comalcalco, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (Pachuca, Hidalgo); Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (TUDH) (Distrito Federal).
C.c.p. Lic. Felipe de Jesús Zamora Castro. Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos

Humanos de la Secretaría de Gobernación. Para su conocimiento

Saltillo, Coahuila, 27 de marzo del 2011

El 19 de diciembre del 2008 Yolanda Morán llegó a Torreón, Coahuila a pasar la navidad con su hijo Dan Jeremeel como años atrás. La mamá de Dan esperó en la central camionera pero su hijo nunca llegó. Desde ese día, Yolanda ha vivido un vía crucis tocando puertas, denunciando, hablando con autoridades, participando en marchas, recorriendo kilómetros en la búsqueda de Dan Jeremeel. Aún no sabe dónde está, quién lo tiene, por qué está desaparecido.

El caso de Dan Jeremeel es tan sólo uno de los casos que el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, junto con Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas en Coahuila (FUUNDEC), así como los documentados por Ciudadanos en apoyo a los Derechos Humanos A.C. (CADHAC) de Monterrey, Nuevo León, presentaremos al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el próximo martes 29 de marzo en Saltillo, Coahuila.

Se entregara información de 24 casos donde se tiene datos de presunta participación de agentes estatales (Militares, Policías Estatales y Municipales en el momento de la Desaparición). Sin embargo, también informaremos de aproximadamente 150 casos en los que no se tiene documentada la participación directa de agentes del Estado, pero que según la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas se considera como tal, cuando las personas o grupos actúan con la autorización o el apoyo o la aquiescencia del Estado.

La visita de esta instancia internacional de Derechos Humanos en Coahuila se da en un contexto de inseguridad y terror en el norte del país, donde las autoridades se muestran omisas para atender las demandas de seguridad de los ciudadanos. Esto provoca graves violaciones a los Derechos Humanos y contribuye a la supremacía de la impunidad y a vivir lejos de un Estado de derecho.

Por lo tanto, consideramos que la visita del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU a Saltillo, Coahuila, es una oportunidad para que instancias internacionales escuchen el dolor, la angustia, pero también escuchen la denuncia que en Coahuila, Nuevo León y el norte del país ha sido silenciada individual y grupalmente. Buscamos que esta problemática sea conocida a nivel internacional para que no haya más

Para mayor información sobre estas actividades comunicarse al cddhsaltillo@gmail.com, o a las teléfonos del CDDH Fray Juan de Larios, A.C., 01 844 412 37 84, ext. 116 y 137.personas desaparecidas y el Estado Mexicano actúe de manera inmediata para localizar a los y las seres queridos de tantas familias.

La visita de este Grupo de Trabajo de la ONU a nuestro país inició el 18 y concluirá el 31 marzo de 2011 con una conferencia de prensa en la Ciudad de México y posteriormente presentarán un informe al Consejo de Derechos Humanos en 2012.

Aunado a la visita del grupo de trabajo de la ONU, les informamos que el lunes 28 de marzo, se llevará a cabo una audiencia temática titulada “Seguridad ciudadana y derechos humanos en México” en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, D. C. de las 15:00 a las 16:00 horas (Hora de Washington) en el Salón Padilha Vidal donde se expondrán también los casos de desaparición forzada en el norte del país, así como el riesgo que corremos los y las defensoras de derechos humanos que acompañamos a las familias víctimas de esta situación. Por lo tanto, los invitamos a que a través de Internet (http://www.cidh.oas.org) sigan la audiencia en vivo.

Atentamente

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan Larios” Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C

El día de hoy, el Congreso de Unión culminó el proceso federal de modificación de once artículos de la Constitución en materia de derechos humanos, el cual constituye para la República Mexicana el paso más significativo en este campo en los últimos años e implica un avance sustantivo en favor del respeto y garantía de los derechos fundamentales.

Para la ONU México, el nuevo marco constitucional responde positivamente a los compromisos internacionales asumidos por México y dentro de sus avances destacan la elevación a rango constitucional de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales, así como la aplicación prevalente de la norma más favorable a la persona; la consagración de las obligaciones de las autoridades; la enunciación de los derechos humanos en el eje de la educación, el sistema penitenciario y la política exterior; el más estricto ámbito de la figura del estado de excepción; la modificación del artículo 33 para reconocer el derecho de audiencia de las personas extranjeras a quienes se pretenda expulsar del territorio nacional; el fortalecimiento de los organismos públicos de derechos humanos; y el mejoramiento del sistema de control abstracto de la constitucionalidad. Además, la ONU México espera que la reforma al artículo 11, referido al derecho de asilo, pueda próximamente acomodarse a los estándares internacionales y a la propia legislación mexicana sobre personas refugiadas recientemente aprobada.

La ONU México alienta a los Congresos estatales para que la ratificación de la reforma finalice su curso a la brevedad. Una vez que la reforma constitucional inicie su vigencia se tendrán que hacer los ajustes legislativos a nivel federal y estatal correspondientes para garantizar su eficacia plena.

La ONU México considera que la reforma constitucional favorecerá sin duda el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos por parte del Estado Mexicano y dará un nuevo impulso a los ámbitos de trabajo de las 21 agencias que integran al Sistema de las Naciones Unidas en México de conformidad con los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y los derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Por último, la ONU México, particularmente la ONU-DH, reitera su disponibilidad para seguir trabajando conjuntamente con el Estado Mexicano en favor del respeto y protección de los derechos humanos de todas las personas.

Más información del Sistema de la ONU México: http://www.onu.org.mx/inicio_ONU_Mexico.html Información disponible en la página de ONU-DH México: http://www.hchr.org.mx/

8 de marzo de 2011
Día Internacional de la Mujer

Declaración de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay
GINEBRA – En este día quisiera saludar a las mujeres del Medio Oriente y de África del Norte, junto a las mujeres de todo el mundo, que enfrentan grandes riesgos para resistir y luchar por la dignidad, la justicia y los derechos humanos, tanto para ellas mismas como para sus compatriotas. En Egipto y Túnez, las mujeres estaban en Twitter, en Facebook, y también en las calles. Mujeres de las condiciones más diversas marchaban lado a lado con los hombres, rompiendo las barreras y los estereotipos de género, igualmente ávidas de cambio, derechos humanos y democracia.
El trabajo, sin embargo, está lejos de concluir. En estos momentos de transición histórica en Egipto y Túnez, es importante garantizar que los derechos de las mujeres no serán postergados o vistos como algo a tratar después de que las reformas ‘cruciales’ sean ganadas. Los derechos de las mujeres deben encabezar la lista de las nuevas prioridades. Si bien las mujeres han tenido un importante rol en las demandas de cambio, ya existe inquietud porque las revisiones constitucionales y el desarrollo de reformas sean emprendidas sin su plena participación. De hecho, existen signos preocupantes sobre el contenido de algunas reformas propuestas en Egipto, que son claramente discriminatorias. Mujeres y hombres del Medio Oriente y África del Norte deben asegurarse de que esto no sea así.
La educación benefició a las mujeres en Túnez y Egipto, mejorando sus derechos humanos como su participación en la política y la economía de sus países. Sin embargo, como otros miembros de la sociedad, las mujeres sufrieron el impacto de la represión, la corrupción y la falta de justicia social. Muchas mujeres en Túnez padecieron tortura, fueron detenidas en forma arbitraria y también silenciadas. Su privacidad fue invadida y su vida familiar violentada. Ellas fueron las primeras en sufrir los recortes de personal y continúan siendo mayoría entre los desempleados. Las diferencias de salario entre mujeres y hombres en el sector privado son sorprendentes y su representación en la vida pública aún es limitada. Además, leyes discriminatorias y políticas públicas basadas en estereotipos de género continúan impactando negativamente en su trabajo.
Las mujeres del Medio Oriente y de África del Norte esperan que sus estados trabajen para beneficio de todos, no solo de algunos. Ellas esperan que el estado defienda su dignidad y valor, y que se adopten leyes, políticas y estrategias que traduzcan estas palabras en resultados tangibles. Ellas esperan procesos transparentes y e inclusivos, que permitan que sus voces sean escuchadas y que sus puntos de vista sean considerados con seriedad.
Ellas esperan debates públicos e inclusivos y un gobierno responsable, que rinda cuentas y que cumpla con los derechos humanos y la justicia social. Es decir, participación, responsabilidad, justicia y equidad son sus demandas que no están dispuestas a negociar.
En todo el mundo, siguen existiendo importantes diferencias entre hombres y mujeres en el acceso a la educación, al empleo y en los salarios. Mientras las mujeres son las principales productoras de alimentos en el mundo y su jornada laboral es más extensa que la de los hombres, las mujeres solo reciben el 10 por ciento de las ganancias en el mundo y son dueñas de menos del 1 por ciento de la propiedad. Las mujeres comprenden cerca de dos tercios de los 759 millones de adultos iletrados en el mundo. Aun en regiones con altas tasas de alfabetización, los ingresos de las mujeres continúan siendo inferiores a los de los hombres, inclusive desempeñándose en el mismo trabajo. Mientras el acceso igualitario a la educación es un factor clave para aportar al empoderamiento de la mujer y a la equidad de género en el empleo, claramente esto no será suficiente hasta que las discriminaciones de facto y de jure sean tratadas en un nivel más amplio.
Solo cuando las mujeres participen plenamente en el desarrollo de políticas y en la formación de las instituciones, su perspectiva será verdaderamente integrada. El concepto de democracia solo se alcanza realmente cuando la toma de decisiones políticas es compartida por mujeres y hombres, y cuando la plena participación de las mujeres en la reestructuración de las instituciones está garantizada.
Las sociedades en las que las mujeres son excluidas de la vida pública, de manera formal o informal, no pueden ser descritas como verdaderamente democráticas, como ha advertido en diversas ocasiones el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer. Las mujeres deben ser capaces de diseñar el futuro de sus países al involucrarse en las reformas institucionales desde el principio. La plena participación de las mujeres es esencial no solo para su empoderamiento, sino también para el avance de la sociedad como un todo.
La euforia en Egipto y Túnez fue compartida tanto por hombres y mujeres alrededor del mundo. Fueron eventos históricos y esperamos que también sean los heraldos de un cambio significativo y duradero. Ahora, trabajemos juntos para garantizar que este ímpetu no se esfume junto a la euforia.
Asegurémonos de que los derechos de las mujeres sean la base de estos nuevos comienzos, y estemos atentos ante cualquier retroceso.
Hoy, declarémonos solidarios también con las mujeres en cada rincón del mundo que trabajan en busca de cambios positivos para sus familias, sus comunidades y sus países.

Artículo de opinión por Navi Pillay, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

21 de julio de 2010.- La sentencia reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena a Brasil revisar su ley de amnistía representa un hito crucial en la lucha contra la impunidad en una región que todavía tiene que comprender plenamente y hacer frente a las atrocidades cometidas durante varios de los conflictos internos en las últimas décadas. Las leyes de amnistía que ignoran intencionalmente los abusos de derechos humanos no solo distorsionan los registros históricos que cada país tiene que formular, sino también minimizan el sufrimiento de las víctimas y merman su derecho a saber la verdad y obtener una reparación.
Los gobiernos suelen justificar su recurrencia a las leyes de amnistía generales en nombre de una rápida reconciliación, nacional o comunal. La historia muestra, sin embargo, que blindar de la rendición de cuentas a los autores, al tiempo que niega la justicia y la reparación a las víctimas, es probable que provoque nuevos conflictos en lugar de sanar las heridas del pasado. Cuando se han concedido amnistías en el afán y la ansiedad de pasar la página de los conflictos, o para la razón más siniestra de encubrir los abusos, su derogación debe ser siempre una opción abierta que se debiera tomar en la primera oportunidad.
Sin embargo, en América del Sur y en otros lugares, el olvido sigue siendo activa y oportunamente promovidos a través de leyes antiguas y nuevas. Esto ocurre a pesar del hecho de que, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló, dejar indefensas a las víctimas y perpetuar la impunidad en la práctica o por mandato legal son actos manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Un caso de ello es el de Brasil, donde el Tribunal Superior de Justicia negó la posibilidad de modificar la ley de amnistía de 1979, afirmando que los crímenes cometidos durante la dictadura no eran sino “actos políticos”. En Chile, la ley de amnistía sigue vigente 32 años después de su promulgación y a pesar del repudio internacional en los fallidos intentos para condenar al ex dictador chileno Augusto Pinochet. Es más, la posibilidad de otorgar un indulto a ciertos violadores de derechos humanos, con motivo del Bicentenario en septiembre, se está debatiendo en estos días.
En Uruguay, el gobierno tuvo que intervenir a última hora para evitar la promulgación de un proyecto de ley que hubiera permitido la liberación de los autores de violaciones de derechos humanos debido a su vejez.
En este contexto, medidas para mejorar la rendición de cuentas son aún más notables. En Argentina, el país con el mayor número de juicios de derechos humanos en el mundo, los tribunales continúan presidiendo los casos de crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante la guerra sucia de 1976-1983 en ese país. El ex dictador Rafael Videla se encuentra nuevamente ante los tribunales por los abusos de derechos humanos cometidos en esa época.
Argentina ha demostrado que el conocimiento de la verdad es un derecho que no tiene ningún estatuto de limitaciones. Es también un derecho que nadie puede negar o renunciar. Toda persona y cada sociedad tienen el derecho a saber quién viola los derechos humanos y saber por qué, cuándo, dónde y cómo se cometieron los crímenes, así como a ser informado sobre el destino de las víctimas.
Las amnistías que entierran la verdad y eximen a los responsables de crímenes del pasado contra los derechos humanos pueden socavar la perspectiva de construir sociedades justas y seguras en el futuro. La impunidad fomenta el resentimiento y la falta de confianza en las instituciones de gobierno. Han inspirado algunos autores a cometer nuevos crímenes y también puede alentar a otros a unirse a las filas de los violadores de derechos humanos.
La posición de Naciones Unidas con respecto a las amnistías no puede ser más clara: no son admisibles si evitan el juicio de personas que puedan ser penalmente responsables de crímenes de guerra, genocidio, crímenes contra la humanidad o violaciones graves de los derechos humanos, incluidos los delitos que se dirigen específicamente a las mujeres, así como delitos relacionados con el género.
El ejercicio de estos derechos es incompatible con la impunidad normativa o de hecho. Los países del hemisferio occidental deben prestar atención a la sentencia de la Corte Interamericana y entregar la justicia negada durante tanto tiempo a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos.

Navi Pillay, Alta Comisionada de las Naciones Unidas

http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en

Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes:

http://www2.ohchr.org/english/law/cat.htm

Más información sobre el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos: http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/HighCommissioner.aspx