Comunicado número: 1006/008/BP

El mando único de policía es una propuesta simplista que no resolverá nuestros problemas

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. manifiesta su profunda preocupación por la posibilidad de que se apruebe la propuesta de un mando único de policía. Durante [...]]]> 07 de junio de 2010

Comunicado número: 1006/008/BP

El mando único de policía es una propuesta simplista que no resolverá nuestros problemas

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. manifiesta su profunda preocupación por la posibilidad de que se apruebe la propuesta de un mando único de policía. Durante su XXXVIII Reunión ordinaria, la Conferencia Nacional de Gobernadores propuso que cada entidad federativa cuente con un mando único para todas sus policías, es decir, que se elimine el mando municipal.

CADHAC considera que la propuesta de un mando único por entidad es apresurada y simplista, ya que no se basa en ningún análisis de la situación que impera en el país. La propuesta carece de mecanismos para mejorar el trabajo de los cuerpos policiacos e, injustificadamente, parece afirmar que el problema de seguridad tiene como causa la pluralidad de corporaciones y no el desempeño de las mismas o el modelo de seguridad y las políticas públicas con las que éstas trabajan.

Un mando único por entidad federativa daría mayor poder a los Gobernadores de los estados y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en detrimento de la autoridad de los municipios y de las delegaciones capitalinas; además, no hay ninguna evidencia de que dicha transferencia de poder sirva para proteger mejor a la ciudadanía. Debido a que los cuerpos policiacos estatales son ineficaces, corruptos y poco transparentes, no hay razón alguna para pensar que harán mejor el trabajo que ahora comparten con las distintas corporaciones municipales.

CADHAC considera que la propuesta no atiende la complejidad de la situación de seguridad en el país y exhorta a los actores involucrados a meditar detenidamente el asunto y a buscar auténticos cambios en la fracasada política nacional de seguridad.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.

Visita de Fernando Gómez Mont a Juárez

Comunicado de Prensa

El día de hoy las organizaciones Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), Mesa de Mujeres, A.C., Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cossydhac), y familiares de Nitza, Rocío, José Ángel y Manuel entregaron una carta al Secretario [...]]]> 8 de febrero de 2010

Visita de Fernando Gómez Mont a Juárez

Comunicado de Prensa

El día de hoy las organizaciones Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), Mesa de Mujeres, A.C., Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cossydhac), y familiares de Nitza, Rocío, José Ángel y Manuel entregaron una carta al Secretario de Gobernación en la que le informan que “en el Estado de Chihuahua existen actuaciones ilegales y graves que han realizado las autoridades que –en teoría- deberían garantizar el estado de derecho”.  En la carta, refieren que un plan social es adecuado pero “no será suficiente para devolvernos la tranquilidad y la paz si no se garantiza la procuración de justicia y la aplicación de la ley, aún cuando ésta pueda afectar intereses militares”.

Las organizaciones de la sociedad civil le informan que en el estado de Chihuahua existen abusos militares aunque es posible que él no los sepa y le recuerdan el caso de “Nitza Paola Alvarado Espinoza de 18 años, Rocío Irene Alvarado Reyes de 31 años y José Angel Alvarado Herrera de 20 años quienes fueron detenidos el 29 de diciembre de 2009, alrededor de las 8 de la noche, en la Comunidad de Buenaventura, en el Estado de Chihuahua, por  diez militares que portaban uniformes y armas oficiales, quienes se los llevaron con violencia y sin presentar ninguna orden judicial frente a varios de sus familiares y testigos”

En la carta refieren que si bien la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) negó que los militares tuvieran a estas tres personas, funcionarios de la Procuraduría del Estado refirieron que ellos tenían información de que habían estado en el 35 batallón de infantería, además lo invitan a corroborar –tal como lo hicieron las organizaciones y familiares- que la camioneta donde viajaban Rocío y José Ángel  está en manos de las autoridades y se encuentra actualmente en “el corralón” de la Procuraduría en Nuevo Casas Grandes. ¿Si la SEDENA no está involucrada en el caso, por qué los militares la incautaron y la pusieron a disposición de la Procuraduría y la camioneta se encuentra en manos de las autoridades pero las personas permanecen desaparecidas?

Refieren además que el 6 de febrero, militares en activo, con armas y en un vehículo hummer – con número de identificación en la puerta 0920044 -acudieron a la casa de la madre de José Ángel para intimidarlos y cuestionarlos sobre su vida personal e hicieron referencia explícita a los tres muchachos desaparecidos.

Asimismo las organizaciones le comunican a Gómez Mont sobre el caso de “Manuel Ubaldo Hernández Ortiz, de 20 años, quien fue detenido el 17 de octubre de 2009 en Ciudad Juárez, alrededor de las 11:30 de la noche. Al salir de un salón de baile, Manuel junto con dos amigas y un amigo fueron detenidos por militares quienes realizaban un operativo. No encontraron nada, sin embargo a Manuel se lo llevaron frente a sus amigos y los testigos sin dar explicaciones y nuevamente sin ninguna orden judicial ni la existencia de algún delito. Manuel fue incomunicado durante 12 horas y sus familiares no supieron de él hasta el día siguiente a mediodía, cuando lo presentaron en las instalaciones de la Procuraduría General de la República en Juárez con evidentes contusiones y golpes en el cuerpo. Lo acusaron de posesión de mariguana y cocaína. El informe de los militares no coincide con lo que relatan todos los testigos pues los militares afirman que Manuel fue detenido en otra calle y a otra hora e incluso, como se asienta en el expediente, los militares han caído en contradicciones”

La carta menciona que el día de hoy 8 de febrero de 2010, habrá un careo entre militares y los testigos en los juzgados federales.  Los familiares harán una protesta fuera de los juzgados para pedir que se aplique la ley y la justicia, pues el acusar y condenar a jóvenes que son inocentes no va a devolver la confianza a los juarenses, al contrario, es un claro mensaje para quienes delinquen y violan la ley de que ellos son intocables. La impunidad de la que gozan los verdaderos delincuentes permite que la violencia continúe.

Las organizaciones firmantes le solicitamos al Secretario de Gobernación que las autoridades municipales, estatales y federales en el Estado de Chihuahua deben aplicar la ley para proteger a los más débiles y sancionar a quienes con armas abusan de su poder, de lo contrario, estaremos condenados a que no haya justicia, a que la impunidad continúe y a que la violencia no termine.

Finalmente, le solicitamos que no sólo se reúna periódicamente con las organizaciones que apoyan incondicionalmente la estrategia de guerra del gobierno llevada cabo durante los últimos años, le solicitamos que se reúna con quienes pensamos diferente, con quienes hemos documentado los daños colaterales de esta guerra en la que la estrategia ha fallado. Asimismo, le pedimos que no nos olvide aunque usted se vaya a la Ciudad de México, a 2000 kilómetros de distancia, porque nosotras y nosotros nos quedamos, y somos quienes diariamente y sin protección del estado mayor presidencial caminamos por las calles de este estado.

No puede haber un plan integral desde Bucareli a miles de kilómetros de aquí, sin procuración de justicia y menos aún si se empeñan en marginar al gobierno estatal, municipal y a las organizaciones de la sociedad civil.

México, D.F., 14 de agosto de 2009

1 de marzo de 2009

Cuidando la seguridad. . . y la Constitucionalidad

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, AC (CADHAC), organización no gubernamental y sin fines de lucro que desde 1993 se dedica a la defensa integral de los derechos humanos en el Estado [...]]]> Comunicado No. 0309/010BP

1 de marzo de 2009

Cuidando la seguridad. . . y la Constitucionalidad

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, AC (CADHAC), organización no gubernamental y sin fines de lucro que desde 1993 se dedica a la defensa integral de los derechos humanos en el Estado de Nuevo León, observa con preocupación el persistente interés de las autoridades gubernamentales, estatales y municipales, por crear un marco jurídico en torno a conductas consideradas antisociales o dañinas a la mayoría de la población, como las realizadas por los denominados “tapacalles”.

Por un lado, se aprecia en las diversas iniciativas presentadas para reformar el Código Penal del Estado y tipificar como delito dichas conductas, el riesgo de incurrir en un autoritarismo que termine por hacer nugatorios los derechos constitucionales a la libre manifestación de las ideas y a la libertad de reunión para protestar por algún acto ante una autoridad[1]; prerrogativas que debemos defender a toda costa como ciudadanía, pues constituyen una buena parte del coto vedado a los servidores públicos quienes, de aprobarse tales propuestas, con facilidad podrían traspasar la fina línea existente entre el uso y abuso de poder, bajo el argumento de pretender garantizar la seguridad pública y ciudadana.

La verdad es que para hacer viable nuestra seguridad lo único que se requiere es contar con un gobierno eficiente, que apegue su actuar a los lineamentos legales, proporcione un fiable y eficaz servicio de procuración y administración de justicia y cree las condiciones socioeconómicas adecuadas para que todas las personas tengamos un equitativo acceso a los beneficios del desarrollo, evitando así que haya grupos poblaciones expuestos a la tentación de obtener “dinero fácil” o participar con grupos al margen de la ley.

Por otro lado, se observa contradicción o incongruencia en las iniciativas presentadas por el Presidente Municipal de Monterrey, ya que a la vez que propone crear un delito que sancione la conducta de los “tapacalles”, plantea una reforma al Reglamento Municipal de Policía y Buen Gobierno, para que la misma conducta sea sancionada como infracción y con multa aumentada a mil quinientos pesos.

Al respecto, reiteramos la obligación de la autoridad municipal de aplicar debidamente las disposiciones Constitucionales que señalan que las multas por infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía NO pueden ser mayores del importe del salario de un día, si el infractor es jornalero, obrero o trabajador y NO puede exceder del equivalente a un día de su ingreso, tratándose de trabajadores no asalariados[2]; como puede ser el caso de un gran número de “tapacalles”, sobre todo niños, adolescentes y mujeres, quienes comúnmente desarrollan un trabajo no remunerado ni reconocido: el trabajo doméstico en su propio hogar.

Exhortamos de nuevo a los legisladores, tanto estatales como municipales, para que tomen en consideración que en una sociedad democrática el principio de respeto a la Constitucionalidad debe ser prioritario al crear nuevas normas penales o administrativas, para generar así un círculo virtuoso que permita exigir a la ciudadanía el mismo respeto a la legalidad.

CIUDADANOS EN APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS, A. C.

[2] Artículo 21, quinto y sexto párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

23 de febrero de 2009

Sistema penitenciario

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, AC (CADHAC), organización no gubernamental y sin fines de lucro que desde 1993 se dedica a la defensa integral de los derechos humanos en el Estado de Nuevo León, reitera su  profunda preocupación con relación [...]]]> Boletín No. 0209/009 BP

23 de febrero de 2009

Sistema penitenciario

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, AC (CADHAC), organización no gubernamental y sin fines de lucro que desde 1993 se dedica a la defensa integral de los derechos humanos en el Estado de Nuevo León, reitera su  profunda preocupación con relación a la deplorable situación que cotidianamente viven las personas privadas de libertad, en los ahora denominados centros estatales de reinserción social.

El descenso en la calificación de Nuevo León en la evaluación realizada por el Ombudsman nacional respecto de las condiciones imperantes en los centros de reclusión del país, confirma el retroceso en la calidad de vida de los internos y constituye una alerta urgente para gobierno y ciudadanía, que debe incrementar la observancia y exigencia de rendición de cuentas a los responsables, por ser el sistema penitenciario un punto toral en el tema que constituye la más importante preocupación en el país: la seguridad pública.

No es necesario realizar un minucioso análisis para identificar las causas que dan lugar a la sobrepoblación en el penal Topo Chico y a las demás condiciones negativas que persisten en todas las penitenciarias del Estado: tortura y tratos crueles e inhumanos de parte de los servidores públicos a los internos, corrupción, introducción y consumo de drogas, pleitos entre los reclusos, carencia de oportunidades de trabajo y de suficientes y eficientes servicios psicológicos, de salud, educación y deportes, entre otros.

La realidad y la información proporcionada por los propios internos y ex internos denotan claramente que la falta de voluntad política y de aplicación de las autoridades en el desempeño de sus responsabilidades ha dado espacio para la corrupción, la ineficiencia, todo tipo de abusos e, incluso, la comisión de delitos al interior de los penales, por lo que la estructura penitenciaria debe ser barrida de arriba a abajo y alcanzar un aceptable grado de eficacia antes de pensar en abrir un nuevo centro de reclusión, pues si no hay resultados satisfactorios con tres, mucho menos con cuatro.

No basta con destinar dinero del erario, se requieren programas completos, basados en el respeto de los derechos humanos y las normas internacionalmente aceptadas en el tema y, sobre todo, servidores públicos honestos, capaces, eficientes y transparentes.

También es necesario evitar la sobrepoblación en el centro de reclusión preventiva Topo Chico y para ello se requiere dejar de seguir abusando de la prisión preventiva y optimizar el sistema de procuración y administración de justicia, privilegiando el uso de las salidas alternas al proceso. Mientras se siga incrementando injustificadamente el catálogo de delitos graves, se acrecentará el número de personas privadas de libertad durante todo el tiempo que duren sus procesos y, por lo tanto, la necesidad de más espacio carcelario y más recursos humanos, materiales y financieros, convirtiéndose en un problema sin fin.

Hacemos un respetuoso llamado a las autoridades para que incorporen el tema penitenciario como una prioridad en la agenda de gobierno, implementando una política pública integral, que erradique lo más pronto posible las malas prácticas hasta ahora presentes, provea a los internos de los elementos necesarios para que alcancen una verdadera reinserción social y evite el abuso de la prisión preventiva.

También exhortamos a los legisladores para que tomen en consideración que en una sociedad democrática el principio de presunción de inocencia debe ser respetado, por lo que al crear nuevas normas penales deben apelar a la privación de la libertad como última medida, aplicable solamente en casos extremos y no como panacea ante cualquier nuevo problema.

CIUDADANOS EN APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS, A. C.

]]> http://www.cadhac.org/derechos_humanos/76/feed/ 3 http://www.cadhac.org/derechos_humanos/los-ninos-deben-ser-protegidos/ http://www.cadhac.org/derechos_humanos/los-ninos-deben-ser-protegidos/#comments Thu, 19 Feb 2009 16:18:25 +0000 admin http://www.cadhac.org/?p=80 Boletín No. 0209/008 BP

19 de febrero de 2008

Los niños deben ser protegidos, no usados como una forma de reprimir a los manifestantes que bloquean calles en Monterrey

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A. C (CADHAC), organización no gubernamental y sin fines de lucro que desde 1993 se dedica a la defensa integral [...]]]> Boletín No. 0209/008 BP

19 de febrero de 2008

Los niños deben ser protegidos, no usados como una forma de reprimir a los manifestantes que bloquean calles en Monterrey

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A. C (CADHAC), organización no gubernamental y sin fines de lucro que desde 1993 se dedica a la defensa integral de los derechos humanos en el Estado de Nuevo León, manifiesta su más profunda preocupación por la separación de niños de sus madres y padres en el marco de los operativos contra manifestaciones en esta entidad.

En los últimos días la ciudad de Monterrey se ha visto afectada por una serie de bloqueos viales a manos de manifestantes que han protestado contra la utilización de efectivos militares en tareas que son propias sólo de las autoridades civiles. Varios manifestantes estaban acompañados de sus pequeños hijos, la prensa local ha informado que varios de esos niños han sido separados de sus familias con el pretexto de que los habían puesto en riesgo.

Es necesario recordar que el derecho a manifestarse está garantizado en nuestro país en la misma medida que lo está el derecho al libre tránsito. La autoridad tiene la obligación de mediar en la búsqueda de un equilibrio entre ambos derechos, nuestras autoridades no pueden dejar de lado sus obligaciones de protección de los derechos humanos alegando, correcta o incorrectamente, que los  manifestantes son manejados por grupos delictivos o que consideran que su petición es errónea o ilegítima.

Ante esta situación resulta por demás preocupante que las autoridades del Estado de Nuevo León hayan decidido separar a los niños de sus familias. La autoridad argumenta que los niños fueron puestos en riesgo, pero ese riesgo no existiría si la dispersión de los bloqueos se llevara a cabo de forma pacífica, preferiblemente mediante una negociación. El Gobierno del Estado no puede alegar que los niños están en riesgo porque las fuerzas públicas pueden llegar a golpearlos al reprimir a los manifestantes, si eso llegara a suceder no se trataría del delito de violencia familiar, como se ha manejado, sino de abuso de autoridad.

Esta organización condena que las autoridades estatales arrebaten a los niños como una forma de represión social en contra de los manifestantes. La separación de los niños de su núcleo familiar debe ser siempre una medida extrema, llevada a cabo con apego a derecho, después de una amplia reflexión y cuando sea la única alternativa para garantizar sus derechos humanos. Si los manifestantes actúan de forma violenta o si la negociación se torna imposible, la autoridad tiene todas las herramientas legales y materiales para reabrir la circulación vial sin lastimar a nadie, sin separar familias y sin causar más daño a la sociedad.

Exigimos que se cumpla con el compromiso internacional suscrito en la Convención de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas y por lo tanto, para cualquier acción o decisión, el bienestar superior de los niños, esté por encima de cualquier otro interés.

“Protestar es un derecho, reprimir es un delito”

CIUDADANOS EN APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS, A.C