Daniel Rodríguez Morales narra que tres días fue torturado por marinos; “me fabricaron pruebas”

Sanjuana Martínez

Especial para La Jornada

Monterrey, NL. Nosotros te vamos a arreglar la columna, cabrón, le gritaron a Daniel Rodríguez Morales, cuyas piernas no le respondían y era cargado por dos marinos al entrar a lo que parecía un gimnasio. Lo colgaron de las manos. Desnudo, con los ojos vendados. El golpe inicial de una tabla de madera en las nalgas lo hizo estremecerse de dolor. Luego siguieron las quemaduras en todo el cuerpo, las patadas en la columna vertebral, los puñetazos en las costillas… Aguantó el tormento físico en silencio para no darles gusto a sus verdugos que le exigían que gritara. Apretó las quijadas y los dientes hasta que lo intentaron ahogar con una bolsa de plástico. En ese momento emitió un grito desgarrador. Un golpe seco en la nariz y en la frente lo llevó a la oscuridad reparadora de un desmayo momentáneo. Al despertar, los torturadores lo esperaban para continuar con su tarea, la cual duró tres días.

“Di que la Marina te rescató –le exigían sus captores. Di que eres zeta, que vendes droga, que eres del crimen organizado”. Daniel se rehusaba. No podía aceptar someterse a una mentira: “Pensaba que me iban a matar. Éramos varios. Sólo oía los gritos y el llanto de otros. Me decían: ‘ya se nos murió uno. ¿Quieres ser el próximo? Coopera’. Cuando me iba a derrumbar tomaba fuerza pensando en mis dos hijos, en mi mamá, en mis hermanos. Quería despertar. Quería que se acabara aquella pesadilla.”

Integrantes de la Armada de México lo detuvieron el 15 de octubre por la mañana en la calle Uranio, colonia San Pedro 400. Ocho marinos entraron a su casa sin orden de cateo y se lo llevaron sin orden de detención: “Nunca dijeron a quién buscaban, sólo me agarraron de la camiseta y me la pusieron en la cabeza, me estiraron del escapulario de San Judas Tadeo que traía en el cuello y me abrieron la cabeza de un cachazo. Desperté cuando me bajaron entre dos. Me torturaron durante tres días. No me dieron de beber ni de comer; no me permitían dormir. A fuerza querían que dijera que era narco”.

Daniel habla mientras camina con mucha dificultad. Usa bastón. La mañana es luminosa. El sol brilla en el patio del penal de Apodaca, Nuevo León. Su madre, Blanca Eva Morales, le ha traído carne con mole y arroz para almorzar. Su hermano Víctor está sentado en la mesa esperándolo. Han pasado tres meses de la tortura y las secuelas se traducen en intensos dolores que mitiga con las medicinas que su familia le trae cada semana: “Estoy desesperado, deprimido, hundido. No hice nada y aquí estoy por un montaje de la Marina. Me fabricaron delitos. Me sembraron pruebas. Alteraron todo. Dicen que me detuvieron en otra parte. Me convirtieron en zeta. Sacaron un comunicado y mi nombre está en Internet. Soy inocente. ¿Qué va a pasar cuando salga de aquí? ¿Cómo voy a recuperar mi buena reputación? ¿Cómo voy a conseguir trabajo? Me han destruido”.

La entrada de periodistas al penal para ver a Daniel no está permitida. Su caso, como el de otros nueve presos, es considerado como un asunto delicado. Esta reportera entró a través de los controles de visita familiar, con una cita previamente acordada con el interno: Mi mamá intentó que otros medios denunciaran lo que me pasó, pero nadie quiso por tratarse de la Marina. La gente le tiene mucho miedo a los marinos; yo en cambio les tengo coraje. No es justo lo que me hicieron, comenta y muestra las huellas de torturas en las fotos tomadas por su madre cuando lo presentaron ante el juzgado quinto federal.

El montaje

¿Quieres abecedario o las vocales?, le preguntaban los torturadores a Daniel. Se trataba de darle un tablazo por cada letra: “Querían que me quebrara. Me dejaban tirado en el piso. Apenas me mojaban los labios con agua. Nunca pude ver el lugar, pero parecía un gimnasio. Cerca había unos baños. Recuerdo el olor y hasta allí me llevaban. Nunca dejaron de golpearme. El tercer día me dijeron: Mucho cuidado con hablar y contar algo. Si lo haces, mataremos a tu familia.

La Secretaría de Marina tiene su destacamento en instalaciones deportivas ubicadas en avenida López Mateos. Tres días después del operativo en la calle Uranio, colonia San Pedro 400, emitió un comunicado donde señalaba que había detenido a 10 hombres pertenecientes a un grupo del crimen organizado, concretamente a Los Zetas. El documento decía que en la operación aseguraron dos AK47 (cuerno de chivo), un fusil ametralladora M-1 calibre 30, dos armas cortas, 111 cartuchos de diversos calibres, 220 dosis de cocaína, 440 dosis más de crack, 80 gramos de mariguana, un vehículo y equipo de comunicación.

Cuando la Marina presentó a los 10 detenidos ante la Procuraduría General de la República el Ministerio Público se sorprendió: “Se quedó asustado al ver lo golpeado que estábamos. Nos dijo: ‘Cómo los han dejado’. Pero nadie intercedió por nosotros. Yo traía el ojo derecho cerrado por los golpes. En las heridas de las muñecas traía pus. No podía caminar. Estaba muy adolorido. En ese momento conocí a los que supuestamente eran mis cómplices”, cuenta Daniel.

Para su sorpresa, Daniel descubrió que no era el único inocente acusado falsamente por la Marina. En el penal se fue familiarizando con cada uno de los detenidos que componían la supuesta célula de Los Zetas. Cuenta que tres fueron sacados por los marinos de un taller mecánico cercano a su casa en San Pedro; otros tres lavacoches los detuvieron en el estacionamiento del supermercado Soriana y dos eran camioneros que fueron detenidos una noche antes en un enfrentamiento que ocurrió en Santa Catarina, donde murió un marino. Ambos se resguardaron de la balacera en la tienda de una gasolinera: Un trailero trabaja en Vitro y llevaba la carga. Tiene todos los documentos que avalan el recorrido que hizo. Iba a Tepic, de donde es. El otro trailero es de Querétaro. Los tres compartimos celda.

Todos han tenido la oportunidad de contarse sus historias y cotejar los datos con los que cuentan. El proceso que se les sigue es por pertenencia al crimen organizado. La Marina no se ha presentado en las pasadas dos citas jurídicas: Todo fue un montaje. Fueron levantando inocentes por puro coraje, porque les mataron a uno de ellos y querían presentar a los culpables de cualquier manera. Ahora saben que el caso no se sostiene. No tienen nada de lo que dicen. Hay muchas contradicciones en el expediente.

Daniel es un gran amante de la música. Y ha trabajado como DJ en bares y discotecas. Estaba desempleado desde hacía unos meses, intentando recuperarse de sus problemas de columna. Su madre lo ayudaba económicamente: Lo único que quiero es salir de aquí y olvidarme de todo. No he dejado que mis niños me vengan a ver. No lo soportaría. Sólo pienso en abrazarlos y estar nuevamente con ellos, dice llorando.

Madre Coraje

Blanca Eva Morales tuvo cinco hijos. Al nacer el último, con una deficiencia mental, su esposo la abandonó. Eso fue hace 18 años y desde entonces los ha sacado adelante: Yo vendo zapatos, ropa, trabajo todos los turnos que haga falta porque no quiero que anden mal vestidos ni que les falte nada, dice mientras sirve el mole y anima a Daniel a comer.

Tiene los ojos verdes. Lleva recogido el pelo en una coleta. Usa pantalón de mezclilla y camiseta. Parece una mujer enérgica, pero su cara amorosa se expone en cuanto mira a Daniel. Todos los días que puede viene a verlo a la cárcel. Le trae despensa, medicinas, cobijas, ropa, calzado: No puedo dejar que se me venga abajo.

Recuerda la angustia que padeció mientras el joven estaba desaparecido y el vía crucis judicial de estos últimos tres meses. Se limpia las lágrimas. Da un trago al refresco y dice: “Fui y me paré a la Marina hasta que apareció. Les gritaba. Los escupía. Les decía: ‘Deténganme a mí, desgraciados. Si me lo matan, no se la van a acabar”. Yo sabía que lo estaban torturando. Allí estuve día y noche. Me tomaban por loca. Yo pensé: si me lo entregan va estar bien golpeado. Me lo van a dejar peor de la columna. Tal vez tenga que volver al pañal y la sonda, pero no me importa. Si me lo matan, lo van a desaparecer”.

Blanca es policía y conoce los entresijos del sistema judicial: “Fui viendo los detalles del expediente. Todo se cae por sí solo (…) Me entró mucho coraje. Fui y hablé con la directora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y no quiso hacer nada. Le pedí ayuda a mucha gente. Nadie quiso hacer nada. Todo mundo le teme a la Marina. Yo no.”

Menores severamente golpeados en el Tutelar

Esta organización ha recibido múltiples informes que indican que en la mañana del pasado sábado 27 de febrero de 2010, los jóvenes reclusos del Centro de Atención Integral a Menores y Adolescentes fueron severamente golpeados y vejados. La información recibida indica que dichos abusos fueron cometidos por elementos de cuerpos de seguridad ajenos a dicho Centro, ante la cómplice pasividad de los funcionarios del mismo. Se ha informado que el día de ayer los jóvenes fueron nuevamente golpeados, esta vez por los propios funcionarios del Centro. No es la primera vez que esta organización recibe información sobre los constantes abusos que sufren los adolescentes privados de su libertad en la entidad.
Los informes recibidos indican que los adolescentes fueron golpeados, esposados, tableados, vejados y atacados con perros y cuando pidieron explicaciones sobre lo sucedido fueron amenazados con inventarles faltas a la disciplina interior o delitos. La conducta desplegada por las autoridades, tanto por las que golpearon a los internos, como por las que pasivamente permitieron estos abusos, resulta violatoria de los derechos humanos a la integridad personal, incluida la prohibición de la tortura, a la seguridad jurídica y a la honra y dignidad.
Esta organización condena enérgicamente los abusos cometidos en contra de los adolescentes y demanda que las autoridades:
1. Brinden inmediatamente atención médica y psicológica a todos los jóvenes privados de su libertad y documenten los abusos cometidos a través de la aplicación del Protocolo de Estambul o Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
2. Inicien de inmediato una investigación pronta e imparcial que lleve a los responsables de los abusos ante la justicia para que sean sancionados conforme a derecho.
El sistema de justicia para adolescentes en conflicto con la ley está pensado para dar seguridad a la comunidad a la vez de brindar a los jóvenes medios adecuados para su protección y desarrollo durante el cumplimento de su sanción, es inaceptable que las autoridades encargadas de administrar tal sistema violen los derechos de los jóvenes y les envíen el mensaje de que en Nuevo León la violación a la ley y la impunidad son la norma.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.

Comunicado No. 1009/027BP

Abuso indignante

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC) expresa su completa indignación por la tortura y el abuso de autoridad cometidos por agentes de la policía municipal de Apodaca en contra de un ciudadano cuya identidad se desconoce, según video difundido el día de hoy en el noticiero televisivo Milenio Diario del Canal 12.

Los actos que se aprecian en el mencionado video, consistentes en inferir tablazos a un hombre hasta hacerlo caer, constituyen claramente un caso de tortura y abuso de autoridad, previstos como delitos en el Código Penal vigente en el Estado[1].

Una vez más constatamos que la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes son acciones comunes de los integrantes de los cuerpos policíacos, lo que es indicativo de una grave la falta de control de los superiores jerárquicos sobre los actos de sus subordinados, o bien su complicidad y tolerancia.

Dicho proceder evidencia la persistencia de prácticas policiales ilegales, retrógradas y autoritarias y la ineficacia de las acciones de selección y capacitación emprendidas por los gobiernos municipales. También, constituye una flagrante violación a los derechos humanos y una prueba de que la política pública municipal en materia de seguridad ciudadana se niega a reconocer a los ciudadanos como personas con derechos.

Exigimos a las autoridades responsables de la procuración de justicia en la entidad que:

1.     Realicen de inmediato una investigación imparcial sobre la tortura cometida por agentes adscritos a la Policía Municipal de Apodaca, que incluya la aplicación del Protocolo de Estambul[2] a la víctima.

2.     Los responsables sean sometidos a un juicio justo en que se determine las sanciones penales y administrativas correspondientes a su reprobable conducta.

3.     Se repare el daño físico y psicológico a la víctima y se otorguen garantías de no repetición.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C.

Artículo 209 CPNL: Comete el delito de abuso de autoridad todo servidor público: II.- Que ejerciendo sus funciones, o con motivo de ellas, hiciere violencia a una persona sin causa legítima o la vejare o insultare. . .

[2] Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes; presentado por la Asamblea General de la ONU el 9 de agosto de 1999 y aceptado por Nuevo León el 10 de junio de 2005.

Basta de Tortura en Nuevo León

Madre que denuncia desaparición de hijo es torturada para autoinculparse

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC), expresa su total indignación por la tortura y el abuso de autoridad cometidos por Agentes Ministeriales estatales en contra de la señora JUANA RODRÍGUEZ ANTONIO, durante las investigaciones realizadas con motivo de la desaparición y muerte de su menor hijo Leonardo Rodríguez Antonio.

La señora JUANA RODRIGUEZ ANTONIO ha señalado que Agentes Ministeriales la torturaron en un cuarto del edificio de la Policía Ministerial colocándole una bolsa en la cabeza para que dijera dónde había dejado a su hijo, golpeándola en abdomen y cara e insultándola  para que se declarara culpable de la muerte de su hijo; cabe agregar que la mujer presentaba un estado de embarazo de un mes y que debido a la tortura de la que fue objeto sufrió sangrado vaginal, por lo que se teme que pueda abortar.

Lo anterior constituye claramente un caso de tortura y abuso de autoridad, previstos como delitos en el Código Penal vigente en el Estado[1].

Dicho proceder de la autoridad investigadora, además de evidenciar la persistencia de prácticas policiales retrógradas y autoritarias, presenta también discriminación, por dirigirse a una mujer, de estatus socioeconómico bajo, separada de su familia de origen y del padre del niño cuya desaparición denunció y se constata por el menosprecio a su condición de embarazo, expresado a través de las frases que ella relata le dijeron quienes la “interrogaban”.

Es claro que las acciones emprendidas por el “Estado de Progreso” para la difusión y promoción de los derechos a la igualdad, a la no discriminación y a la no violencia contra las mujeres han resultado inútiles; esta flagrante violación a los derechos humanos es una muestra más de que la política pública imperante no es la de reconocer a las ciudadanas y a los ciudadanos como personas con derechos, sino como entes de los cuales el Estado, a través de los agentes gubernamentales, puede abusar impunemente.

Nuestra experiencia en la atención de casos similares en el Estado, nos ha permitido constatar que la tortura y los tratos crueles e inhumanos son utilizados por las diversas corporaciones policíacas, sistemática y recurrentemente, como método de investigación de delitos.

Exigimos al Gobernador del Estado y al Procurador General de Justicia ordenen realizar de inmediato la aplicación del Protocolo de Estambul[2] tanto a la señora JUANA RODRÍGUEZ ANTONIO como a la señora BALBINA ARRIAGA AGUILAR (de quien se ha dicho que se encuentra confesa del crimen del menor) y una investigación imparcial sobre el abuso de autoridad  y la tortura cometidas por los agentes adscritos a la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), que culmine en la aplicación de las sanciones penales y administrativas correspondientes a su ineficiente actuación.

La aberración de estos hechos es una muestra clara de que el estado de descomposición en general de nuestras policías y de nuestro Estado de Derecho, sólo podrá ser frenado si los ciudadanos asumimos nuestra responsabilidad y repudiamos enérgicamente cualquier abuso.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C.

6 de febrero de 2009

Artículo 209 CPNL: Comete el delito de abuso de autoridad todo servidor público: II.- Que ejerciendo sus funciones, o con motivo de ellas, hiciere violencia a una persona sin causa legítima o la vejare o insultare;

[2] Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes; presentado por la Asamblea General de la ONU el 9 de agosto de 1999 y aceptado por Nuevo León el 10 de junio de 2005.