El Foro será:  el lunes 26 de abril 2010 de las:  19:15 a las 21:20 horas en el  Museo de Historia Mexicana (Paseo Sta. Lucía)

Estoy segura que no se arrepentirán [...]]]> Con mucha alegría les invitamos al foro que hemos venido organizando expertos nacionales,  académicos locales, y nosotros, con el tema de Seguridad Pública y Participación Ciudadana.

El Foro será:  el lunes 26 de abril 2010 de las:  19:15 a las 21:20 horas en el  Museo de Historia Mexicana (Paseo Sta. Lucía)

Estoy segura que no se arrepentirán de haberse dado tiempo a participar en este Foro, y si ampliaremos nuestros horizontes sobre estas tan difíciles situaciones de inseguridad.

¡Ayúdenos a difundir esta invitación!

http://www.cadhac.org/informes-anuales

Los jóvenes y la seguridad municipal.

En los últimos años se ha detectado un crecimiento en las detenciones de jóvenes por parte de las autoridades municipales, en muchos casos simplemente por parecer sospechosos, lo que ha traído desconfianza ciudadana hacia las autoridades.

NUESTRA PROPUESTA:

A 470 días secuestrados y seguimos contando

¿Dónde están los niños perdidos? ¿Dónde los responsables?

Las organizaciones abajo firmantes manifestamos nuestra más profunda preocupación por el desdén con que las autoridades del Estado de Nuevo León han tratado el caso de las niñas y el niño desaparecidos mientras [...]]]> Monterrey, Nuevo León, a 16 de enero de 2010

A 470 días secuestrados y seguimos contando

¿Dónde están los niños perdidos? ¿Dónde los responsables?

Las organizaciones abajo firmantes manifestamos nuestra más profunda preocupación por el desdén con que las autoridades del Estado de Nuevo León han tratado el caso de las niñas y el niño desaparecidos mientras se encontraban bajo el supuesto cuidado de CAIFAC.

A 470 días de los hechos, Adriana, Diana y Julio César siguen sin ser localizados, los señalados como responsables directos, siguen sin ser llevados ante la justicia y los reclamos de sus familias y de la sociedad siguen sin ser escuchados.

Hemos acudido a las diferentes instancias gubernamentales implicadas en proporcionar la seguridad y el bienestar social de los niños, pero ellos siguen sin aparecer.

Antes de que desaparecieran Adriana, Diana y Julio, las autoridades, tenían datos que les permitían conocer que los niños estaban en riesgo. Según documentó la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el expediente CEDH/129/2009, el 18 de diciembre de 2008 el Ministerio Público pidió a las autoridades del Sistema DIF que investigaran el riesgo en que podían estar Adriana, Diana y Julio César, sin embargo, dichos funcionarios fueron omisos y sólo realizaron una entrevista parcial, pese a que tenían los elementos técnicos y jurídicos para provisionalmente egresar de ese albergue a los niños e ingresarlos en otro, en lo que investigaban con más cuidado los hechos.

La propia Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación derivada del expediente CEDH/129/2009, en la que afirmó que se violentaron los derechos a la legalidad y seguridad jurídica, los derechos del niño y se incurrió en prestación indebida del servicio público.  Sin embargo, la recomendación de la Comisión Estatal señala sólo a Dos delegadas del DIF que tuvieron contacto directo con los niños, consideramos que también son responsables los superiores de esas delegadas y las autoridades que por errores y omisiones han fallado en la localización de las niñas y el niño y han permitido que en este caso haya impunidad.

El día de ayer, estuvimos en reunión con el Dr. Jesús Zacarías Villarreal Pérez, Secretario de Salud y se comprometió a la aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-167-SSA1-1997, Para la prestación de servicios de asistencia social para menores y adultos mayores, del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Presentación de Servicios de Atención Médica. La cual no fue aplicada en los albergues de CAIFAC y esto permitió que el lugar siguiera operando sin cumplir con asuntos básicos de la norma como, por ejemplo, tener un expediente por niño.

La sociedad necesita que el sistema de guarda y protección de la infancia sea transparente y eficaz, que se rija por el Derecho y busque siempre el interés superior de las niñas y los niños, y que cuando haya una irregularidad sea correctamente investigada y subsanada.

Exigimos que las autoridades den resultados puntuales en este caso: que las niñas y el niño sean localizados con vida y devueltos a sus respectivas madres,  que los responsables sean llevados pronto ante la justicia y que se tomen medidas serias que eviten la repetición de estas violaciones.

Exigimos que basados en el reglamento del estado, la Procuraduría General De Justicia ofrezca una recompensa por información que lleve a la localización de Adriana, Diana y Julio.

Exigimos que el Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, emita un  pronunciamiento oficial respecto del caso.

Nota la Jornada:
http://www.jornada.unam.mx/2010/01/14/index.php?section=estados&article=031n1est

Nota CIMAC:
http://www.cimacnoticias.com/site/10011305-Exigen-a-las-autori.40773.0.html

Nota milenio:
http://www.milenio.com/node/359307

Comunicado No. 0809/022BP

¿Avance o retroceso?

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC), por este conducto manifestamos nuestro beneplácito por la anunciada prohibición de instalar retenes municipales de policía y tránsito, incluidos los antialcohol, en el área metropolitana de Monterrey; al mismo tiempo lamentamos [...]]]> 13 de agosto de 2009

Comunicado No. 0809/022BP

¿Avance o retroceso?

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC), por este conducto manifestamos nuestro beneplácito por la anunciada prohibición de instalar retenes municipales de policía y tránsito, incluidos los antialcohol, en el área metropolitana de Monterrey; al mismo tiempo lamentamos que dicha medida no derive de la intención de las autoridades de respetar los derechos de todo ciudadano al libre tránsito, a la presunción de inocencia y las garantías de legalidad en el actuar de las autoridades. La medida anunciada por las autoridades parte de su aparatosa ineficiencia para crear y mantener cuerpos de policía y tránsito confiables y honestos, comprometidos con la seguridad de la ciudadanía y con el bien público del Estado.

Expresamos nuestra preocupación por la posibilidad e intención, expresada por el Secretario de Seguridad Pública del Estado, de instalar en un futuro retenes en los que participe la Federación; ello confirma que las autoridades no pretenden dar un paso hacia el reconocimiento de los derechos ciudadanos, sino solamente asumen la medida como una respuesta urgente a la infiltración del narco en los cuerpos de policía y tránsito, a la corrupción de los elementos que integran dichos cuerpos.

La participación del ejército o de la policía federal no es garantía de que no se cometerán abusos en contra de la ciudadanía; hay múltiples registros de hechos ilícitos inferidos por elementos integrantes de dichos cuerpos en perjuicio de civiles y que han quedado impunes. La indefensión del ciudadano común es mucha ante un policía y lo es más ante un miembro del ejército

Consideramos preocupante la mención relativa a que futuros operativos, en los que intervendrá la policía federal, serán dirigidos a pandillas y en bares y antros,  puesto que implica una precriminalización de quienes frecuenten dichos lugares.

Todo reten u operativo de ese tipo constituye una violación a los derechos humanos y es además un espacio propicio para la extorsión y el abuso, mismos que no podemos descartar se presentarán sólo porque participen autoridades federales, puesto que éstas también son susceptibles de corrupción e ineficiencia.

Apreciamos como un retroceso y no como un avance el anuncio hecho por el Secretario de Seguridad Pública, puesto que prohibir la instalación de retenes y operativos a las policías municipales pero mantener la autorización para que los realicen cuerpos federales sigue constituyendo un atentado a los derechos humanos de quienes habitamos Nuevo León. La autoridad está indicando que los derechos ciudadanos ahora serán violados, con su autorización, por fuerzas federales, difícilmente esto puede constituir un avance en el respeto de los derechos humanos

Ratificamos nuestra opinión relativa a la inconstitucionalidad de la participación del ejército en tareas de investigación y persecución de delitos y nuestra preocupación por el hecho de que cada vez se abre más el espacio de ilegal intervención del mismo en la vida civil.

Exhortamos al Gobierno del Estado a ajustarse a la recomendación número 13 realizada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, visible en el Diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos en México 2003, así como a las recomendaciones emitidas en el Examen Periódico Universal a nuestro país.

Fraternalmente,

CIUDADANOS EN APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS

19 de mayo de 2009

JUSTICIA PARA LOS ADOLESCENTES

El gobierno de Nuevo León presume sus avances en materia de justicia, destinando importantes recursos financieros, humanos y materiales a la creación de un Sistema Especial de Justicia para Adolescentes, en cuya Ley se establecen reglas sobre la excepcionalidad [...]]]> Comunicado No. 0509/015BP

19 de mayo de 2009

JUSTICIA PARA LOS ADOLESCENTES

El gobierno de Nuevo León presume sus avances en materia de justicia, destinando importantes recursos financieros, humanos y materiales a la creación de un Sistema Especial de Justicia para Adolescentes, en cuya Ley se establecen reglas sobre la excepcionalidad de la privación de la libertad[1], ubicándola como uno de los últimos recursos en la procuración de justicia.

Sin embargo, a pesar de que la Ley del Sistema Especial de Justicia para Adolescentes del Estado de Nuevo León prevé reiteradamente en distintos apartados que sólo por delito grave puede privarse de la libertad a los adolescentes infractores que hayan alcanzado la edad de catorce años cumplidos, los adolescentes detenidos el domingo pasado por haber participado en una pinta colectiva, permanecen detenidos y, según reportes de algunas de sus madres, podrían ser ingresarlos al Centro Juvenil de Adaptación Social, aún cuando el delito en el que incurrieron no está incluido en el catálogo de delitos graves establecido en el artículo 16 Bis del Código Penal del Estado de Nuevo León.

La misma Ley prevé mecanismos rápidos y eficaces para resolver con diligencia este tipo de conductas, contando con la participación del adolescente infractor, quien, sin duda, debe asumir la responsabilidad de sus actos. Por lo tanto, el Ministerio Público incurre en una seria violación a los derechos fundamentales de seguridad jurídica de los adolescentes acusados, al negarles la protección que la misma Ley les garantiza.

En una sociedad democrática, la sanción de la privación de la libertad es el último recurso al que se recurre, y por ello la Ley antes mencionada expone con claridad su prohibición a este tipo de detenciones,  por lo que estamos convencidos de que confinar a un adolescente , con mucho más razón,  debe ser una de las últimas y más excepcionales decisiones que los juzgados tomen. A lo largo de nuestra trayectoria de 16 años, CADHAC ha denunciando reiteradamente los vicios del sistema penitenciario estatal, suficientes para, en el más afortunado de los casos,  obstaculizar un

proceso de readaptación. Recordemos que un 30 por ciento de la población interna en las prisiones estatales es reincidente. ¿Vamos a ingresar a los adolescentes infractores de delitos menores en este círculo vicioso?… porque lamentablemente la experiencia nos muestra, que una vez realizada su primera detención…

¿Dónde están las autoridades de proteger los derechos de estos adolescentes y jóvenes?

Nuevamente nos encontramos ante un problema de aplicación de las leyes, que parecen no ser válidas para todos los adolescentes, especialmente para quienes viven en situación de pobreza.

CIUDADANOS EN APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS, A. C.

La privación de libertad es una medida de carácter excepcional, que deberá aplicarse cuando no sea posible aplicar ninguna otra y en los supuestos comprendidos en las fracciones II y III del artículo 3 de esta Ley y por los delitos señalados en el artículo 138 de este ordenamiento (artículo 135 de la mencionada Ley).

La privación de libertad en centro especializado para adolescentes podrá ser aplicada únicamente en los casos de delitos graves señalados por el artículo 16 Bis del Código Penal para el Estado de Nuevo León (artículo 138, LSEJA).