El establecimiento de una Policía Militar en Nuevo León no es una solución, sino un problema

 

26 de octubre del 2014

Boletín de Prensa No. 1410/043

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Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., manifiesta su posición y preocupación frente al planteamiento de establecer la “Policía Militar” en Nuevo León, cuya instalación además de contravenir la Constitución Federal y a las recomendaciones y lineamientos de organismos internacionales de protección de derechos humanos, no es la solución para el problema de seguridad.

De acuerdo con declaraciones de funcionarios del gobierno del estado y presidentes municipales del área metropolitana de Monterrey, se instaurará la Policía Militar en Nuevo León, extendiéndose a los estados de Tamaulipas y San Luis Potosí, entidades que, juntas, conforman la IV Región Militar.

El Comité de Derechos Humanos, el Relator sobre Tortura, el Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales, el Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias, todas éstas de Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras organizaciones internacionales no gubernamentales como Human Rights Watch, han declarado que la militarización en México ha provocado muchas y graves violaciones a derechos humanos, y han exhortado al Estado a retirar a los militares de las calles.

Algunos ejemplos de estas graves violaciones son: los hechos ocurridos en Tlatlaya, Estado de México en donde militares ejecutaron extrajudicialmente a 22 civiles durante un  enfrentamiento; el caso de Jorge Otilio Cantú, ejecutado extrajudicialmente en 2011 por elementos del ejército mientras se trasladaba en su coche hacia su trabajo; y el caso de Jorge Mercado y Javier Arredondo, estudiantes del Tec de Monterrey quienes fueron asesinados por militares en 2010, cuando quedaron atrapados en un enfrentamiento a las afueras de esta universidad. Situaciones que además, entre muchas otras, corroboran que la milicia no está entrenada para tratar con la ciudadanía.

Por otro lado, es incongruente que la corporación Fuerza Civil ha sido etiquetada recientemente, no sólo por el gobierno local, sino también por el federal, como un ejemplo de policía que se debería replicar en todo el país, y que ahora el gobierno local busque una militarización policial, además de una inversión económica para la instalación de los miembros militares. ¿Será entonces que Fuerza Civil no ha dado los resultados que tanto se han alardeado?

Y si es así, por qué invertir en más militares y mejores instalaciones para ellos, cuando tenemos fuertes problemas en los sistemas penitenciario, de educación y de salud. ¿Por qué no invertir en estos rubros, buscando resultados seguros y a largo plazo, en lugar de “soluciones exprés”?

Institucionalizar una policía militar, no sólo contraviene a los estándares internacionales y las recomendaciones emitidas en ese sentido al gobierno, sino que viola la Constitución Federal, específicamente el artículo 129 que nos dice claramente que ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar, a menos que México se encuentre en estado de guerra.

Por todo lo anterior, demandamos que el Estado Mexicano y el gobierno del estado de Nuevo León atiendan puntualmente a lo dispuesto en nuestra Constitución Federal, a las recomendaciones emitidas por las instancias internacionales en la materia, e incluso a las opiniones de expertos locales que conocen la realidad regional, cumpliendo con el compromiso de retirar a la milicia de las calles, como lo ha dicho en numerosas ocasiones el Presidente de nuestro país.

Cifras de la SEDENA

Las autoridades explicaron que la Policía Militar es un nuevo esquema que se implementaría en el Estado y consiste en el despliegue de elementos de instrucción militar, pero bajo un modelo de policía civil con atribuciones para operar en todo el territorio nacional, hacer patrullajes y realizar detenciones.

El número de efectivos en la Cuarta Región Militar (que abraca los estados de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí) no ha variado:

2012 = 8,917 militares

2013 = 9,188 militares

2014 = 8,919 militares

Entre 2007 y 2012 presencia militar en:

Chihuahua =  37,799 militares

Tamaulipas =  23,440 militares

Veracruz =  16,404 militares

Nuevo León =  13,317 militares

Edo. de Méx   =  12,167 militares

Guerrero =  10,365 militares

En 2011, hubo 52,690 Militares para combatir el narco en todo México. En ese año, los estados con mayor presencia militar fueron Chihuahua (7, 552)  y Tamaulipas (7,690).

En 2013, la presencia militar en todo México bajo a 34,529.

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