El gobierno federal debe atender la crisis de derechos humanos que afecta a la población y dejar de rechazar con argumentos falaces las conclusiones de la CIDH

6 de octubre de 2015. Sólo unas horas después de recibir las conclusiones preliminares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre su visita a México, el pasado viernes, el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, dio a conocer la postura del gobierno federal al respecto y consideró que el informe preliminar de la CIDH “no refleja la realidad del país”. Asimismo, manifestó que las conclusiones fueron producto de “encuentros y entrevistas” en “solo seis de las 32 entidades” y “realizado en un plazo de cinco días”.

Frente a tal postura, recordamos que -como es del conocimiento del gobierno-, las conclusiones de la CIDH se sustentan no sólo en un trabajo de cinco días, sino en la vasta cantidad de información que permanentemente recaba dicha Comisión sobre México y que se ha actualizado durante la visita.

Durante el actual sexenio, entre otras actividades, la CIDH ha celebrado 23 audiencias públicas sobre México, en las que el Estado ha tenido participación; en 2014 conocía de 130 peticiones y casos mexicanos en las etapas de admisibilidad y fondo; continuamente recibe informes de fuentes gubernamentales y no gubernamentales, supervisa medidas cautelares y el cumplimiento de recomendaciones en diversas entidades federativas y ha sostenido innumerables reuniones con víctimas, organizaciones y autoridades.

En la visita de la semana pasada, el organismo se entrevistó con más de 100 representantes del Estado y sus equipos, así como con víctimas y organizaciones de Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, el Distrito Federal, el Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, entre otros.

Recordamos que la formulación de observaciones preliminares es una práctica rutinaria de la CIDH en sus visitas a todos los países, incluyendo visitas pasadas de sus relatorías a México. Por otra parte, las conclusiones que presentó la CIDH hace cuatro días coinciden con las de diversos mecanismos de la ONU. Entre 2014 y 2015 el Comité contra la Desaparición Forzada encontró que México vive una situación de desapariciones generalizadas en gran parte de su territorio; el Relator sobre Tortura concluyó que ésta es una práctica generalizada; y el Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias o Sumarias observó que la impunidad por los homicidios es generalizada. En años recientes el Relator para la Libertad de Expresión identificó a México como el país con más agresiones contra periodistas en América Latina.

Frente a tal panorama, lo que extraña del viernes pasado no es la valoración preliminar de la CIDH, sino que el gobierno federal haya negado la gravedad de la situación actual, incluso caracterizando a víctimas de desaparición forzada como “casos de 2008, 2009, 2010 y 2011”, cuando, además de seguir vigentes los casos de años pasados, han desaparecido casi 12,000 personas de 2013 hasta mediados de 2015 según cifras oficiales. En efecto, en este y otros rubros, el gobierno no citó datos que cuestionaran la información concreta presentada por la CIDH, generalmente derivada no sólo de testimonios y casos sino de estadísticas oficiales.

Las organizaciones y personas abajo firmantes lamentamos que el gobierno federal haya respondido desde una lógica mediática de control de daños, a conclusiones preliminares que atañen a problemas estructurales que afectan a las personas que viven y transitan por territorio mexicano. Al recordar que la invitación de visita que hizo el gobierno a la CIDH, tiene el efecto reglamentario de impedir la incorporación de México en el Capítulo IV del próximo informe anual de ese organismo (dedicado al análisis de las situaciones más graves de la región), la propia invitación se puede entender como una acción para cuidar la imagen internacional del Estado.

Si el gobierno federal verdaderamente pretende “abrir puertas y asumir retos” en materia de derechos humanos, el primer paso es dejar de descalificar a los organismos y personas expertas que documentan la realidad del país. Al contrario, el gobierno debe asumir las conclusiones y recomendaciones de éstos como insumos valiosos, reconociendo la naturaleza de la crisis actual para entonces implementar políticas, programas, leyes y sobre todo prácticas que lleven al efectivo acceso a la verdad, la justicia, la reparación y a la disminución de las violaciones a derechos humanos a lo largo del territorio nacional.

Firman:

Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos

Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos (ACUDDEH)

Alianza Cívica

Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL)

Casa de los Derechos de Periodistas

Casa del Migrante de Saltillo

Católicas por el Derecho a Decidir

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (FrayBa)

Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)

Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)

Centro de Derechos Humanos Paso del Norte

Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer

Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios

Centro Heriberto Jara (CESEM)

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD)

Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS)

Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco (Barcadh)

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC)

Coalición Pro Defensa Del Migrante

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI)

Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede)

Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH)

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)

Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac)

Comité Cerezo México

Comunicación Comunitaria

Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC)

Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca

Disability Rights International (DRI)

Documenta: Análisis y acción para la justicia social

Foro para el Desarrollo Sustentable

Freedom House

Fundación Arcoíris por el respeto a la diversidad sexual

Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)

Fundar: Centro de análisis e investigación

Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)

Inclusión y Equidad Consultora Latinoamericana

Indignación: Promoción y Defensa de los Derechos Humanos

Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura de Diálogo

Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, Universidad Iberoamericana Puebla

Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración (INEDIM)

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)

Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI)

Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde)

JASS (Asociadas por lo Justo)

Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh)

Locallis: Especialistas en desarrollo local

Movimiento Migrante Mesoamericano

Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)

PEN México

Periodistas de a Pie

Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México

Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM)

Red Mexicana de Líderes y Organizaciones de Migrantes

Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México

Red Solidaria Década Contra la Impunidad

Scalabrinianas: Misión con Migrantes y Refugiados (SMR)

Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA)

Servicio Jesuita a Migrantes – México

Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz)

Sin Fronteras

Dra. Elena Azaola Garrido

Mtra. Alejandra Gonza, Directora, Clínica Internacional de Derechos Humanos, Universidad de Washington, Facultad de Derecho

Mtra. Gabriela Morales

Mtro. Miguel Sarre, Profesor numerario del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)

Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, conformada por 75 organizaciones en 21 estados de la República.