El nuevo gobierno de Nuevo León continúa nombrando militares al mando de las funciones de seguridad pública

11 de octubre de 2015

Boletín de Prensa No. 1510/36

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) ve con gran preocupación que el Gobierno de Nuevo León continúe designando a más militares en puestos claves de la seguridad pública del estado, pues constituye una completa indiferencia a las sugerencias que organismos internacionales y locales le han hecho al gobierno federal y local, en el sentido de que las funciones de seguridad pública no deben tener ningún tinte militar.

La designación del General Brigadier Tomás Reyes Rodríguez como Comisiario General de Fuerza Civil, así como al Capitán retirado Juan Carlos Campos como el segundo al mando, se suman al nombramiento del General Cuauhtémoc Antúnez Pérez como Secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, así como del Contralmirante Augusto Cruz Morales como director de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).

Estas designaciones contravienen diversas recomendaciones internacionales en cuanto a seguridad ciudadana y derechos humanos. La más reciente fue la del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, con motivo de su visita a México, quien el 7 de octubre recomendó adoptar un cronograma para el retiro de las fuerzas militares de las funciones de seguridad pública.

El Comité de Derechos Humanos, el Relator sobre Tortura, el Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales, el Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias, todas éstas de Naciones Unidas, así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras organizaciones internacionales no gubernamentales como Human Rights Watch, han declarado que la militarización en México ha provocado muchas y graves violaciones a derechos humanos, y también han exhortado al Estado a retirar a los militares de  las funciones de seguridad pública.

Hacemos un llamado al Gobierno de Jaime Rodríguez Calderón a no ser indiferente a las sugerencias que los expertos en la materia han hecho, pues insistimos en no olvidar que durante la militarización de Nuevo León se cometieron graves violaciones a derechos humanos.