“Leyes de víctimas locales deben incluir una amplia participación social y ser fieles a lo dispuesto en la Ley General”

Morelos, único estado que ha armonizado su legislación con la Ley General; Nuevo León, Baja California y Jalisco presentaron iniciativas que deben abrirse a la participación social, respetar con fidelidad el texto de la Ley General de Víctimas, y aprobarse este año

Grupos de víctimas y organizaciones realizarán encuentro nacional en Guadalajara durante la primera mitad de agosto, y entregarán a Congresos una propuesta de ley validada por víctimas y expertos

Guadalajara, 6 de agosto de 2013. El pasado 31 de julio, el PRI y el PVEM de Jalisco presentaron una Iniciativa de Ley de Víctimas para ese Estado cuyo contenido es aún desconocido para las organizaciones de defensa de los derechos de las víctimas, pero que inicia el proceso legislativo hacia la publicación de esta importante ley en la entidad. Con anterioridad, legisladores de PRI, PVEM y PT presentaron también una iniciativa semejante en Baja California y antes incluso de la publicación de la Ley General de Víctimas, legisladores del PAN de Nuevo León promovieron también una propuesta sobre el tema. A la fecha, sólo el Estado de Morelos ha publicado su ley local, debidamente armonizada a la General.

Al respecto, las organizaciones, grupos y personas defensoras de los derechos de las víctimas que firmamos este comunicado manifestamos nuestra disposición de trabajar junto a los Congresos locales en la deliberación de este importante tema, pero también nuestra preocupación al advertir que en las entidades que iniciaron el proceso legislativo los legisladores no han aclarado cuáles serán los canales de participación que se emplearán para incorporar a las víctimas a la deliberación, así como por el hecho de advertir posiciones que, si no se afinan en lo técnico, podrían resultar incompatibles con el espíritu de la Ley General, cuya observancia es obligatoria para las entidades federativas, por ejemplo dejar en un segundo plano a las víctimas de violaciones de derechos humanos frente a las víctimas de delitos; debilitar la autonomía de las instituciones creadas por la Ley General, o reducir el número de derechos sustantivos o procesales reconocidos por la Ley General.

Ante estas situaciones, y procurando que el proceso de armonización de las leyes locales con la General sea un medio para que las víctimas tomen la voz, se visibilicen y hagan llegar a las autoridades sus principales demandas, y no que se convierta en un mero trámite legislativo, un grupo de organizaciones y personas defensoras de derechos humanos se reunieron en un encuentro regional en Monterrey a inicios del mes de julio, en el cual se construyeron acuerdos para elaborar un borrador de ley local de víctimas que sirva a su vez a otros grupos de víctimas y a los congresos de las entidades federativas para contar con un insumo básico para el arranque de un trabajo amplio e incluyente de deliberación rumbo a la implementación de las normas y las instituciones que deben garantizarles el acceso pleno a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del daño. Un referente fundamental de estos trabajos fue la Ley de Víctimas de Morelos, en cuya elaboración participaron víctimas y expertos nacionales e internacionales como el Juez Baltazar Garzón, pero también se procuró recuperar la experiencia y las demandas de las organizaciones y grupos de víctimas de cada estado, conscientes de que cada uno guarda características diferentes.

En los casos de los Estados que aún no cuentan con iniciativas, el propósito es entregar este insumo para iniciar los trabajos, en tanto que en los que ya inició el proceso legislativo, hemos tendido puentes de colaboración para generar una dinámica de diálogo que rescate lo mejor de las propuestas presentadas en beneficio de las víctimas. Participaron en ese encuentro representantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, miembros del Comité de Redacción de la Ley General de Víctimas (DF), Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Nuevo León), Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara (FEU-UDG), Laguneros por la Paz (Coahuila y Durango), la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Baja California), el Colectivo de Organizaciones Michoacanas de Derechos Humanos y Zacatecanos por la Paz.

Las y los firmantes consideramos fundamental que los Congresos y gobiernos cumplan con los siguientes requisitos mínimos de legitimidad en la elaboración e implementación de las Leyes de Víctimas locales:

1. Que sean validadas por las víctimas y personas expertas en su atención, tomando en cuenta los insumos y propuestas que han generado;

2. Que no se aparten en absoluto del espíritu de la Ley General de Víctimas, y que, en todo caso, reconozcan más derechos y mecanismos para garantizarlos, pero ninguno menos que los contemplados en la Ley General;

3. Que el proceso legislativo en conjunto sea conducido por un grupo de trabajo plural, con todos los partidos políticos representados y con presencia de las víctimas en todas las discusiones y etapas, incluyendo la aprobación;

4. Que sean dictaminadas por al menos tres comisiones, particularmente las de derechos humanos, justicia y gobernación;

5. Que se garantice la representación de las víctimas y las organizaciones de defensa de sus derechos en la composición de las instituciones que las leyes locales establecen;

6. Que se complementen con un trabajo de compromiso de los gobiernos locales para garantizar la adecuada dotación de recursos, infraestructura y prioridad en su implementación; y

7. Que se aprueben este mismo año.

En las primeras semanas de agosto, diversas organizaciones y grupos de víctimas celebraremos un encuentro nacional en Guadalajara, en el cual se habrá de validar la propuesta iniciada en Monterrey y discutida ya en la Ciudad de México, misma que demandamos trabajar en conjunto con los Congresos de las entidades federativas. Confiamos que nuestra invitación a abrir el diálogo y dar a las víctimas el lugar que les corresponde en la agenda hacia la plena realización de sus derechos será correspondida por los Gobiernos y Legislaturas locales, a los cuales les reiteramos nuestra disposición de construir un proceso constructivo y, sobre todo, que responda a la situación y necesidades reales de las víctimas.

Organizaciones

Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara (FEU-UDG) (Jalisco) Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos, A.C. (AFADEM) (Guerrero) Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” (Oaxaca) Centro de Derechos Humanos “Samuel Ruíz” A.C. (San Luis Potosí) Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) (DF) Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos (CILADHAC) (Coahuila y Durango) Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) (Nuevo León) Colectivo de Organizaciones Michoacanas de Derechos Humanos, A.C. (COOMDH) (Michoacán) Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C. (Baja California) Comité Cerezo México (DF) Comité Potosino de Familiares de Desaparecidos (San Luis Potosí) Despierta, Cuestiona y Actúa, A.C. (Nuevo León) Educación y Ciudadanía, A.C. (San Luis Potosí) Grupo VI.D.A Torreón (Coahuila) Grupo de Información en Reproducción Elegida, A.C. (GIRE) (DF) Evolución Mexicana, A.C. (Nuevo León) i(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C. (DF) Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C. (DF) Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, A.C. (INCIDE Social) Laguneros por la Paz (Coahuila y Durango) Mujeres por México en Chihuahua, A.C. (Chihuahua) Observatorio de Derechos Humanos Humaniza A.C. (Michoacán) Red de Comités Comunitarios de Derechos Humanos de la Huasteca (Veracruz) Red por la Participación Ciudadana A.C. (Chihuahua) Zacatecanos por la Paz (Zacatecas)

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Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. es una organización apartidista y sin fines de lucro, comprometida con la igualdad y la no discriminación, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa de los derechos humanos desde el Estado de Nuevo León.