29 de marzo del 2015
En breve, la Legislatura del Congreso del estado de Nuevo León votará una reforma que pondrá en entredicho la reproducción asistida y los avances científicos. Este cambio legal también implicaría que las mujeres que requieran una interrupción del embarazo, incluso por graves causas médicas, puedan ser llevadas a prisión.
La iniciativa de reforma que pretende establecer en la constitución estatal el derecho a la vida desde la concepción y hasta la muerte natural, ha sido duramente criticada por las Naciones Unidas desde que fue aprobada en una primera vuelta en mayo del 2014.
En ese entonces, mediante una carta al Congreso de Nuevo León, los representantes en México de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) explicaron que: “La iniciativa de reforma constitucional en los términos que ha sido presentada contravendría los estándares internacionales de derechos humanos, constituiría una regresión contraria al principio de progresividad consagrado en el artículo 1 de la Constitución Federal y podría poner en riesgo el ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres”.
Esta propuesta constituye una intromisión inadmisible en la vida privada de los ciudadanos sin generar absolutamente ningún beneficio para la sociedad neoleonesa. Por lo que su avance sólo puede entenderse como parte de una estrategia de los legisladores para atraer votos a sus partidos.
Si el Congreso del Estado de Nuevo León insiste en aprobar esta reforma, se estarán incumpliendo los compromisos internacionales de México y nuestra propia constitución federal. Exigimos a las y los diputados del Congreso del Estado de Nuevo León que legislen con parámetros auténticamente democráticos, sin anteponer sus estrategias electorales al respeto de los derechos humanos de la población en general y de las mujeres en particular.
Acción Colectiva por las Minorías Sexuales, A.C. (ACODEMIS)
Alianza Feminista
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC)
Colectivo Plural de Mujeres
Género, Ética y Salud Sexual, A.C. (GESSAC)
Pro Salud Sexual y Reproductiva, A.C. (PROSSER)
Héctor A. Mendoza C., Doctor en Derecho.
Existe la separación entre Iglesia y Estado, y el Estado tiene que proveer servicios de salud para toda persona. Saquen sus rosarios de mis ovarios.
Modificar el art. 1 de la Constitución del Estado protegiendo la vida desde la concepción es una medida hipócrita, porque no sólo no protege la vida de nadie (incluso suponiendo que un cigoto sea alguien), sino que al mismo tiempo deja de reconocer los derechos de personas de las que no hay duda que son personas, las mujeres. Es una medida discriminatoria en contra de las mujeres.
No conzoco la iniciativa. No obstante, conceder derecho a la vida desde la concepción, y sobreponer ese derecho al derecho a decidir de las mujeres, carece de una fundamención racional y laica.