Monterrey, Nuevo León
18 de agosto 2015
Diversas organizaciones e integrantes de la academia, nos pronunciamos en contra frente a la inminente posibilidad de que sea aprobada la modificación al Art. 1 constitucional de Nuevo León, propuesta por el Partido Acción Nacional en 2014, la cual plantea la protección de la vida desde la concepción y hasta la muerte natural.
Para este miércoles 19 de agosto está previsto abordarse el tema en la Sesión Extraordinaria de la LXXIII Legislatura. Dicha modificación –señalan las organizaciones- representa una regresión absoluta de los derechos humanos, contraria al principio de progresividad consagrado en el Art. 1 de la Constitución Federal, contraviniendo estándares internacionales y poniendo en riesgo el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como el ejercicio de los derechos humanos de la población en general.
La preocupación ya ha sido señalada por instancias internacionales como la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, este último incluso -junto con otras instancias de Naciones Unidas- hicieron llegar un documento en junio de 2014 a la actual legislatura, instando a no contribuir al retroceso en los derechos humanos.
Aunado a lo anterior una modificación de este tipo detiene los avances de la ciencia. Si hablamos de vida desde la concepción, tendría que sancionarse, por ejemplo, a quienes practican la reproducción humana asistida.
Es preocupante que la actual legislatura no haya realizado mesas de discusión y debate, con argumentos científicos, laicos y de derechos humanos, para una modificación legislativa que impacta nuestra Constitución estatal. Tampoco fueron discutidas propuestas presentadas desde sociedad civil en junio de 2014 para reformar el tipo penal del aborto previendo la ampliación de excluyentes de responsabilidad.
Aprobar esta reforma mostraría una clara falta de representación de la ciudadanía por parte de los diputados y diputadas, así como una ignorancia en torno a los derechos humanos y las obligaciones del estado mexicano al respecto. La reforma, insistimos, representa un franco retroceso, siendo, además, claramente inconstitucional.
Suscriben:
Campaña Nacional por el Derecho a Decidir (integrada por 50 organizaciones del país)
Católicas por el Derecho a Decidir, A.C.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC)
Colectivo Mujeres de Botas
Colectivo Plural de Mujeres
Género, Ética y Salud Sexual, A.C. (GESSAC)
Pro Salud Sexual y Reproductiva, A. C. (Pro-sser)
Voces de Mujeres en Acción, A.C.
Héctor Mendoza, Doctor en derecho e integrante del Colegio de Bioética, A.C. y demás organizaciones integrantes del Frente por el derecho a decidir Nuevo León.
