23 de abril de 2016
En México vivimos una etapa de involución en materia de libertad y derechos humanos, un regreso del autoritarismo y una época de persecución y criminalización a defensores y periodistas, todo esto en un marco de incremento de la violencia e inseguridad en todas las regiones del país. En esto coincidimos integrantes de organizaciones de la sociedad civil provenientes de nueve estados de la república participantes en el IX Encuentro de Organizaciones que Acompañan a Familiares de Personas Desaparecidas.
En este IX Encuentro, que se llevó a cabo los días 22 y 23 de abril en Monterrey, Nuevo León y al que asistieron organizaciones con presencia en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Zacatecas, se trató un tema de suma importancia: la seguridad de las y los defensores de derechos humanos en México. Las descalificaciones de instancias del sector oficial, y de algunos otros sectores, hacia los casos y las acciones de denuncia y defensa de derechos humanos se han vuelto una política de Estado, además de las agresiones y amenazas directas y constantes a defensoras y defensores de los estados de Baja California, Veracruz, Michoacán y Guerrero, por citar algunos de las entidades federativas aquí presentes, evidencian las deficiencias de los mecanismos oficiales de protección a derechohumanistas y periodistas.
Es inaceptable que se agreda al prestigio y el papel de reconocidas/os derechohumanistas, porque se invisibilizan las violaciones al debido proceso que atienden, a pesar de que se trata de delitos continuos y permanentes, como la desaparición de personas. Además, se difunde un discurso confuso y erróneo que produce efectos perversos en la percepción de los derechos humanos en la sociedad mexicana, en contradicción con el espíritu constitucional y los estándares internacionales en esta materia e instrumentos de lo que México es parte.
Esta práctica de agresión es sistemática. Además, es muy grave con la continúa descalificación a informes de instancias internacionales que señalan estas cuestiones. Es indispensable el respeto al debido proceso legal en la investigación de todos los casos de violación a derechos humanos, y en especial, nos pronunciamos por el esclarecimiento y sanción de las amenazas que sufren derechohumanistas, ante el cúmulo de indicios con que cuentan las autoridades correspondientes, ya sea en el fuero federal o local.
Algunos otros casos que refieren a lo señalado es la política del Gobierno mexicano ante la participación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para el “Caso Ayotzinapa”, el caso de las amenazas a Marie Claire Acosta, Emilio Álvarez Icaza y de muchxs otras/os derechohumanistas con una importante trayectoria en la defensa del estado de derecho en el país.
Urgimos a que cese la represión a periodistas y la desacreditación a las acciones de defensoras/es de derechos humanos, y, a que la justicia y la verdad prevalezcan en casos de desaparición de personas en México, subrayando que todas estas situaciones y su atención son responsabilidad de las autoridades del Estado Mexicano.
Organizaciones firmantes:
- Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM), Guerrero.
- Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada y la Impunidad, Baja California, Sinaloa y Sonora.
- Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer, A. C. (CEDIMAC), Ciudad Juárez, Chihuahua.
- Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), Monterrey, Nuevo León.
- Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México Alzando Voces (COFADDEM), Morelia, Michoacán.
- Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM), Latinoamérica.
- Grupo Vida, Torreón, Coahuila.
- Red Ciudadana de No Violencia y Dignidad Humana, Ciudad Juárez, Chihuahua.
- Zacatecanos por la Paz, Zacatecas.
