La administración no quiere que “nadie le diga qué hacer o cómo hacerlo”, así se trate de administración de recursos públicos o derechos humanos; mientras tanto, las dependencias gubernamentales se siguen excediendo en su trato a los ciudadanos.

Sin ir más lejos, en 2016, según registros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Procuraduría General de Justicia tuvo 11 recomendaciones y la Secretaría de Seguridad Pública estatal diez; más de dos terceras partes del total emitido en todo el año, que es de 30.

Además, por primera vez en la historia se giró una recomendación al gobernador del Estado, en este caso a Jaime Rodríguez Calderón, a quien también se le solicitó tomar cursos de capacitación en perspectiva de género, debido a sus múltiples expresiones sobre las mujeres, la maternidad, el sobrepeso y el matrimonio igualitario.

El fin de semana en un antro sampetrino, cadeneros y policías exceden el uso de la fuerza en el trato hacia una clienta; ella regresa y contesta los golpes. En redes la bautizan como #LadyNinja. Ella afirma que junto con sus compañeras fueron acosadas por un grupo de clientes y la solución de los administradores del antro fue sacar a las víctimas y no a los agresores.

En un bar gay, un hombre es echado por “no estar a la altura del espacio” y Monterrey reafirma su reinado como la capital de la discriminación. Un espacio de entretenimiento que alberga a uno de los sectores más vulnerados en sus derechos en este país cae en prácticas de exclusión.

A decir de los cadeneros y rps de los antros, la misma clientela es la que pide que se “seleccione” a la gente que accede a estos lugares.

Y al Gobierno le sigue pareciendo un exceso que se cree un consejo para prevenir y erradicar la discriminación… ¡Que alguien me explique!