Urgente un análisis profundo sobre la crisis en el sistema penitencia en Nuevo León

 

 

2 de noviembre de 2016

Boletín de Prensa No. 1611/47

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Desde Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. lanzamos un exhorto al gobierno del estado de Nuevo León para que analice profundamente las opciones que existen para reconstruir el sistema penitenciario del estado, ya que la experiencia de privatización de las cárceles en México tiene resultados dudosos y poco transparentes.

El gobernador Jaime Rodríguez afirmó que se cabildearán recursos para reactivar el proyecto del Penal de Mina con inversión de la iniciativa privada, sin embargo, expertos en la materia como la investigadora y académica, Elena Azaola consideran que la privatización no es la mejor opción.

“El esquema de privatización es muy costoso y lo que se privilegia es el tema económico, no los modelos de atención para los internos. Entiendo que el gobierno diga que no tiene recursos para construir un nuevo penal pero, al final, termina pagando mucho más y las únicas que ganan son las empresas”, dijo al respecto Azaola.

Existe autogobierno, cobros de piso, tortura, condiciones de hacinamiento, es decir, la integridad y seguridad de las y los internos está en riesgo permanente, la prueba está en todos los episodios de violencia que se han vivido en el Penal de Topo Chico este año, incluyendo la revuelta de hoy en donde policías de Fuerza Civil resultaron heridos y heridas.

La solución de todos estos problemas es responsabilidad del Estado. Estas responsabilidades no pueden depositarse en particulares bajo la lógica del mercado, es el Estado en el que tiene obligaciones contundentes en materia de respeto, protección y garantía de los derechos humanos de las quienes están privados de su libertad.

Es un hecho que el sistema penitenciario de Nuevo León está en crisis, sobre todo el Penal del Topo Chico, sin embargo, es importante destacar que el sistema penitenciario colapsa por apartarse de los principios que se enmarcan en la Constitución, no por falta de inversión del sector privado.

Existen estudios que confirman lo inconveniente de la participación privada en el sistema penitenciario, como por ejemplo, el informe: “Privatización del sistema penitenciario en México”, presentando este año ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por diversas organizaciones de la sociedad civil como México Evalúa y la Fundación para el Debido Proceso [1]se deja bien claro los riesgos que traerían para las personas privadas de su libertad.

The Sentencing Project, una organización estadounidense de la sociedad civil, realizó en 2013 un estudio que analiza el crecimiento de las tendencias privatizadoras de prisiones en países como Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Sudáfrica, entre otros, llega a la conclusión de que los servicios prestados en las prisiones privadas no representan una diferencia sustantiva con las prisiones públicas. Señala que el fin preponderante de lucro provoca que los empresarios de la privación de libertad favorezcan las ganancias sobre la calidad de los servicios prestados. Por ejemplo, la atención médica y cuestiones de higiene son sacrificadas para ahorrar costos.[2]

Por todo lo anterior, exhortamos a las autoridades penitenciarias y al gobierno del estado de Nuevo León tomen en cuenta estos estudios que les permitan contar con más elementos de análisis y así tomar una buena decisión para el sistema penitenciario estatal.

 

 

[1] (2016).“Privatización del sistema penitenciario en México”. Ciudad de México. Disponible en: http://mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2016/08/privatizacion-sistema-penitenciario.pdf

[2] Mason, Cody (2013), International growth trends in prison privatization. The Sentencing Project. Washington, D.C. Disponible en http://sentencingproject.org/doc/publications/inc_International% 20Growth%20Trends%20in%20Prison%20Privatization.pdf

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