14 de enero 2018
1801/02
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos externa indignación y preocupación ante el doble homicidio ocurrido en el Centro de Prevención y Readaptación Social Topo Chico ayer sábado 13 de enero, del presente año.
Antony Emmanuel Macías Ovalle, de 20 años, y Víctor Manuel Ortiz Guerrero, de 24 años, a dos días de haber sido recluidos en dicho centro penitenciario, y debiendo estar en Observación, los internos fueron asesinados a golpes en el área de talleres, sin contar aún con sentencia condenatoria y sin que, al parecer, los funcionarios pudieran evitarlo.
Lo anterior ocurre a tan solo unos días de la muerte de Francisco Iván Mateos Melchi en el mismo centro de reclusión,Topo Chico, cuya familia había manifestado su preocupación ante el riesgo en que se encontraba. A unos días de la toma de posesión del Gobernador interino, ya son tres las muertes en presente año, evidenciando drástica y cruelmente la situación que viven las personas privadas de su libertad en las cárceles estatales de Nuevo León.
La versión que emite el Gobierno del estado de Nuevo León, a través de Administración Penitenciaria, en el sentido de que las muertes fueron consecuencia de riñas entre los mismos internos, no justifica en algún sentido estos hechos, y deja claro que no están haciendo el trabajo que les corresponde. Parecieran tener desconocimiento de la responsabilidad inherente al Estado, de garantizar la integridad física y emocional de quienes tiene privados de su libertad.
Ante estos lamentables hechos, se deberá imputar responsabilidad al gobierno estatal quien sigue mostrando indiferencia para atender la situación penitenciaria, y lejos de tomar acciones para garantizar la vida de las personas privadas de su libertad, disminuye el presupuesto para este año, anulando las posibilidades de que los penales en Nuevo León, puedan contar con el personal e infraestructura necesaria para cumplir con su responsabilidad.
Vale la pena recordar, que las personas que son privadas de su libertad y son recluidas en algún centro de reclusión, no deben, ni pueden ser sometidas a ningún maltrato, mucho menos a tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes. La sanción es la privación de la libertad, es decir, alejarles de la sociedad para que en un espacio debidamente planeado y arreglado, puedan estar mientras pasa el tiempo por el que hayan sido sancionados y se cumple el objetivo de la reinserción. Lamentable es el abuso que se sigue dando de la prisión preventiva, que sigue poniendo en riesgo de muerte a muchas personas al internarlos en centros penitenciarios que no cuentan con el mínimo de seguridad y, lo más grave, sin siquiera saber si son responsables de los hechos de que se les acusa. Este doble homicidio, se encuadra en esta circunstancia.
La decisión de bajar el presupuesto al Centro de Prevención y Readaptación Social Topo Chico, nos parece que es una medida dirigida -consciente o inconscientemente- a terminar con la vida de las personas privadas de su libertad en dicho penal, al no proveer lo mínimo para que exista seguridad, alimentos, medicamentos y lo necesario que obliga la ley a la autoridad estatal.
Ante ello exigimos la presentación de autoridades de Administración Penitenciaria, Secretaría de Seguridad Pública, y Gobierno del estado en general, ante la Procuraduría y ante el Congreso, a fin de fincar responsabilidades a quienes corresponda de acuerdo a las cadenas de mando definidas, recordando que la tutela de las personas privadas de la libertad corresponde al Estado. Lo anterior dado que las investigaciones anteriores frente a hechos como el que señalamos se limitan a responsabilizar de las muertes a otras personas que también están privadas de su libertad, sin considerar las condiciones que hicieron posible homicidios y hechos de violencia, dejando al Gobierno del estado exenta de su propia responsabilidad.
Nos solidarizamos y enviamos nuestras condolencias a las familias de los internos que perdieron la vida. Les invitamos a que nos contacten para acompañarles en el esclarecimiento de los hechos y en la medida de lo posible de la reparación del daño.
