11 de noviembre del 2014
Boletín de Prensa No. 1411/045
Resulta de suma preocupación el avance en la modificación de funciones de la Policía Militar al anunciarse oficialmente el día de ayer el inicio de la construcción del Cuartel que pretende albergarla, vislumbrándose con ello una clara generación de violaciones a derechos humanos y una falta de atención a las recomendaciones hechas al Estado Mexicano por diversos órganos internacionales.
El Secretario de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos Zepeda, mencionó públicamente el día de ayer que “los militares ajustamos nuestra conducta a la Constitución y a las leyes (…) con irrestricta observancia de los derechos fundamentales”. Sin embargo, contradictoriamente la sola modificación de funciones de la Policía Militar representa una violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexianos, aunado a las evidentes violaciones a derechos humanos que han cometido las fuerzas armadas, entre las cuales se encuentra la reciente ejecución extrajudicial de 22 personas en Tlatlaya, producto de lo cual el pasado 7 de noviembre se dictó auto de formal prisión a siete militares presuntamente implicados en los hechos.
Particularmente el artículo 129 de la Constitución refiere que ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar, a menos que México se encuentre en estado de guerra. Además, la ley establece las funciones de la Policía Militar, que están estrictamente ligadas a la estructura militar. Modificarlas a través de un convenio que no se ha hecho público es violatorio a principios constitucionales.
Las violaciones a derechos humanos cometidas por elementos de la defensa nacional, no son de ninguna manera carentes de fundamentos, como lo señaló ayer el Secretario Cienfuegos Zepeda. Tampoco es carente de fundamento la insistencia de que los militares no deben asumir tareas de seguridad pública. En ese mismo sentido, órganos de Naciones Unidas que atienden problemáticas como tortura, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales han externado su preocupación al Estado Mexicano recomendándole retire a los militares de acciones relacionadas con seguridad pública, siendo que dichas instancias han documentado casos donde se han visto directamente involucradas las fuerzas armadas de México como el señalado anteriormente, o casos documentados por esta organización y organizaciones internacionales no gubernamentales como Human Rights Watch, donde jóvenes fueron desaparecidos por marinos en el municipio de Sabinas Hidalgo Nuevo León; por militares en Monterrey; o ejecuciones extrajudiciales efectuadas por marinos o militares en la entidad durante los últimos años.
Varias organizaciones de la sociedad civil hemos planteado preguntas al gobierno del estado de Nuevo León en torno a la creación de esta instancia militar, sin embargo, estas todavía no han
sido resueltas, y con la información que se tiene hasta el momento insistimos en que la creación de dicha policía contraviene la legalidad y al Estado de Derecho.
Por todo lo anterior, demandamos a los tres niveles de gobierno que atiendan puntualmente con el mandato Constitucional así como las recomendaciones emitidas por las instancias internacionales de protección a derechos humanos en lo concerniente a la participación militar en labores de seguridad pública y cumplan con el planteamiento de regresar a los militares a sus cuarteles.
