Pronunciamiento de la sociedad civil en el marco del Diálogo de Alto Nivel en Derechos Humanos entre México y la Unión Europea

18 de marzo 2014

CADHAC, junto a otras organizaciones de la sociedad civil de México, se encuentran participando en el Cuarto Diálogo Político de Alto Nivel en Materia de Derechos Humanos entre la Unión Europea y México, en Bruselas, Bélgica los días 17, 18 y 19 de marzo de 2014; y de la Adopción del informe final de México en el Examen Periódico Universal en Ginebra, Suiza los días 19 y 20 de marzo de 2014.

Compartimos el pronunciamiento conjunto que se dio en el marco de este encuentro.

Pronunciamiento de la sociedad civil en el marco del Diálogo de Alto Nivel en Derechos Humanos entre México y la Unión Europea

Señores, Señoras representantes de la Unión Europea y del Estado mexicano, reciban un saludo de las 32 organizaciones no gubernamentales que participamos en el Segundo Seminario sobre Derechos Humanos de la Sociedad Civil en el marco del Cuarto Diálogo de Alto Nivel en esta materia que sostienen el Gobierno Mexicano y la Unión Europea.

Primeramente queremos reconocer el cumplimiento de los acuerdos del Primer Seminario realizado en 2012 en relación a la participación de la sociedad civil en el Grupo de Trabajo de la UE y en el presente espacio, recordando que mantenemos el reto de poder incluir a más organizaciones y alcanzar la mayor difusión del trabajo que se está llevando a cabo, así como concretar mecanismos de seguimiento y de información sobre los acuerdos de cooperación entre la UE y México  más allá del Diálogo de Alto Nivel sobre Derechos Humanos.

Con relación a la situación de derechos humanos, desde el diagnóstico que en conjunto las organizaciones de la sociedad civil tanto de la UE y México hemos elaborado, constatamos que ambas regiones enfrentan retos importantes en la materia. Al mismo tiempo, consideramos en particular que la situación que impera en México es una crisis que requiere la atención urgente de la comunidad internacional, incluyendo la UE.

En esta ocasión, las organizaciones tuvimos la oportunidad de abordar las problemáticas de empresas y derechos humanos, seguridad ciudadana y violencia contra la mujer.

En México, estas tres -y tantas otras problemáticas que aquejan al país- son atravesadas por una situación en común: la falta de consolidación del Estado de Derecho y la impunidad casi universal. En particular, la falta de investigación profesionalizada significa que las estructuras de violencia, despojo y discriminación pueden operar sin castigo en territorio mexicano, donde la tasa de impunidad es de 98%-99%. Este ambiente de violencia e impunidad ha llevado al país a una crisis humanitaria sin precedentes en donde las cifras de abusos hablan de la violación sistemática y generalizada de derechos humanos, entre otros, por parte de agentes policiacos, militares y ministeriales que cometen detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, entre otras violaciones; por parte de actores públicos y privados que cometen actos de violencia y discriminación contra la mujer; y por parte de empresas mexicanas y trasnacionales que contaminan, desplazan y explotan recursos naturales sin consultar a los pueblos y comunidades afectadas.

Durante los últimos años hemos constatado cómo las empresas transnacionales y mexicanas, con el respaldo de autoridades, han violentado de manera sistemática el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado; a la información pública; a la propiedad colectiva; a un medio ambiente sano; a la autonomía; y a la participación libre de los pueblos en todos los niveles de toma de decisiones referentes a sus recursos; generando despojos, desplazamientos forzados, contaminación y sobreexplotación de recursos naturales en México. Los marcos normativos referentes a la protección y administración de los recursos son omisos a las obligaciones de derechos humanos del Estado; además, las llamadas reformas estructurales, como la energética y las propuestas de reformas al campo, buscan imponer mecanismos de explotación no sostenible de recursos naturales. Tratándose de proyectos extractivos y de explotación de recursos, las concesiones se otorgan y las empresas entran en las comunidades sin consultar, mucho menos obtener el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos y comunidades afectadas. Por lo mismo, se estima que actualmente hay más de 200 conflictos socio-ambientales relacionados con procesos de explotación de los recursos naturales en el país. En este contexto han ido creciendo las organizaciones y movimientos que denuncian las irregularidades de las empresas y de las autoridades, y han ido ganando un creciente número de recursos legales, además de contar con recomendaciones internacionales. Sin embargo, al defender sus derechos, las y los integrantes de los movimientos ponen en peligro la vida, con 30 defensores ambientales y comunitarios asesinados en los últimos años y otros exiliados. En este marco, recordamos que tanto México como los países de la Unión Europea son co-responsables de respetar y proteger los derechos humanos en el marco de las actividades empresariales transnacionales.

En materia de seguridad ciudadana en México, la militarización de la seguridad pública ha impactado muy negativamente en la vigencia de los derechos fundamentales. En el año 2013 se denunciaron ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) más de mil casos de abusos cometidos por las Fuerzas Armadas. Por otra parte, se registraron más de mil quejas de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, un problema que hemos documentado sobre todo en el sistema penal y en las cárceles. Asimismo, dimos cuenta de la amplia práctica de detener arbitrariamente y encarcelar a personas inocentes con base en pruebas fabricadas o coaccionadas en vez de realizar investigaciones profesionalizadas para dar con los verdaderos responsables de delitos. Más de 26,000 casos de personas desaparecidas, incluyendo miles de desapariciones forzadas, siguen sin esclarecerse, con las familias emprendiendo sus propias investigaciones a pesar de los riesgos que esto implica. No existen mecanismos eficaces para sancionar violaciones a derechos humanos, debido a la falta de capacidad para investigar la corrupción generalizada y la ausencia de una perspectiva de derechos humanos en las comisiones nacional y estatales establecidas para esclarecer quejas. Por otra parte, la ruta migratoria sigue siendo escena de decenas de miles de extorsiones, secuestros, agresiones sexuales, casos de trata y abusos de otra índole contra la población migrante, una problemática que alcanzó atención internacional en los últimos años ya que en 2011 la CNDH documentó un promedio de más de 22,000 secuestros a migrantes por año.

En relación a la Union Europea y sus Estados miembros, las preocupaciones en materia de seguridad y derechos humanos incluyen la complicidad de los paises de la Union Europea en los temas de deportacion ilegal y tortura de personas detenidas en el marco de la llamada guerra contra el terrorismo, así como la falta de reacciones contundentes frente al espionaje de servicios de inteligencia extranjeros y europeos y otras medidas administrativas violatorias de los derechos humanos.

Finalmente, en relación a la violencia contra la mujer, nuestras conclusiones generales arrojan que los elementos más sustantivos de transformación estructural hacia la igualdad entre hombres y mujeres continúan pendientes. A la fecha, las mujeres siguen enfrentando un sistema económico, social, cultural y político que parte de una concepción patriarcal basada en estereotipos que obstaculizan su acceso a una vida libre de violencia y en condiciones de igualdad.

En México, los avances normativos coexisten con patrones generalizados y arraigados de abusos y violencia cometidos por parte de actores estatales y no estatales. Falta coordinación entre instituciones y acciones en los estados de la República. Los mecanismos como la Alerta de Género y la emisión de órdenes de protección, no han sido funcionales y desde las propias autoridades se ha obstaculizado su efectividad. Continúa un aumento de los índices de feminicidios en diversas regiones del país. En Oaxaca, del 1º de diciembre de 2010 al 30 de noviembre de 2013, 267 mujeres fueron asesinadas y 78 fueron reportadas como desaparecidas. En Nuevo León, entre 2000 y 2008 se registraron 788 feminicidios. En Querétaro, de acuerdo con cifras oficiales, de enero a marzo de 2014 se encontraban desaparecidas 89 mujeres, 53 de ellas niñas y adolescentes. De enero de 1993 a febrero de 2014 han ocurrido aproximadamente 2,200 asesinatos de mujeres en Chihuahua. Las desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes, bajo el contexto de “la guerra contra el narcotráfico”, se agrava sobre todo por las características de México, en donde el tránsito de mujeres víctimas de trata es un factor adicional para las desapariciones. Por otra parte, en estados como Guerrero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las sentencias emitidas a favor de Inés Fernández y Valentina Rosendo Cantú, reconoció que las mujeres viven en un contexto de pobreza, discriminación y violencia institucional castrense.

Otra problemática alarmante es el aumento en las agresiones contra defensoras de derechos humanos. En 2013, se registraron 242 ataques, más del doble de las cifras registradas en años anteriores, mientras continúa la ausencia de diseño e implementación de medidas de protección con perspectiva de género y etnicidad. Finalmente, las altas tasas de muerte materna, las prácticas de violencia obstétrica y la criminalización de la interrupción del embarazo en la mayoría de las entidades federativas del país generan una preocupante situación de discriminación y violaciones a los derechos humanos.

En la Unión Europea se destaca la gravedad de la situación de violencia contra las mujeres que fue documentada en la reciente encuesta realizada por la Agencia Europea de Derechos Fundamentales. Se evidenció que 1 de cada 3 mujeres en la UE ha sido objeto de algún tipo de violencia física o sexual. Frente a ello, los países de la UE carecen de legislación y políticas uniformes entre los Estados Miembros para la prevención de la violencia así como para la protección de las mujeres, entre otras, en materia de albergues y líneas telefónicas para mujeres víctimas de violencia y en la tipificación del delito de violación sexual.

Cabe señalar que en México, en el contexto descrito, los riesgos para personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y comunicadores han sido cada vez mayores. El aumento en los índices de violencia y la militarización de la seguridad pública han tenido también un impacto directo en el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, incrementando el número de ataques y agresiones hacia quienes han alzado su voz en contra del poder. Tal como lo han señalado diversos organismos internacionales, defender los derechos humanos en México se ha vuelto una actividad de alto riesgo, en particular para quienes se dedican a la defensa de las personas migrantes, de los derechos de las mujeres, de las personas del colectivo LGBTTTI, de los pueblos indígenas y defensores del medio ambiente, quienes han sido atacados con mayor frecuencia.

En México, la estrategia más acertada para empezar a revertir las problemáticas identificadas, reflejada hasta ahora en la Constitución y en la creación de instituciones pero no en la realidad de la población, es la reforma del Estado y en particular del sistema de justicia a partir de las reformas constitucionales en materia de justicia penal (2008) y derechos humanos (2011). En los tres rubros analizados aquí – empresas, seguridad ciudadana y violencia contra la mujer– una y otra vez nuestras organizaciones han constatado cómo las autoridades o no respetan los derechos humanos y la ley; o no investigan; o aplican criterios judiciales discriminatorios y violatorios de los derechos humanos. Para avanzar en el respeto por los derechos humanos en estas áreas, no basta generar un discurso progresista, sino que es necesario poner fin a la corrupción, la fragilidad institucional y la impunidad, y que todas las políticas y acciones del Estado implementen las reformas constitucionales en derechos humanos.

Recomendaciones para México y la Unión Europea

En general:

• En la renegociación del Acuerdo Global UE-México, colocar al centro el tema de derechos humanos, estableciendo indicadores que permitan medir los resultados en la materia en ambas regiones a la luz de las problemáticas concretas ya identificadas.
• Establecer indicadores concretos y mecanismos de seguimiento eficaces a los acuerdos del Diálogo Político de Alto Nivel en materia de Derechos Humanos, en los que se involucre a la sociedad civil. Los resultados se deben presentar en el próximo Diálogo.
• Mantener y fortalecer los espacios de participación de la sociedad civil en el marco de los espacios de la cooperación entre México y la UE.

En el tema de empresas y derechos humanos:

A México y la UE:

• Garantizar la implementación, divulgación y observación de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
• Impulsar las discusiones de la creación de un instrumento internacional vinculante en materia de Empresas y Derechos Humanos en el Consejo de Derechos Humanos; así como fortalecer el mandato del Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos, promoviendo entre otras cosas la facultad de recibir comunicaciones individuales.

A la Unión Europea y sus Estados miembros:

• Suspender el financiamiento público a proyectos de inversión o megaproyectos donde se haya denunciado violaciones de derechos humanos.
• Garantizar el acceso a la justicia para juzgar violaciones a derechos humanos cometidas en México por empresas con sede en la jurisdicción de la UE, y la debida reparación a las víctimas.
• Cumplir con las disposiciones establecidas por la Comisión Europea para adoptar, implementar y difundir Planes de Acción Nacional para la implementación de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos en los Estados Miembros. En ese marco deben establecer mecanismos de sanción de las empresas que no respetan los Principios Rectores y las Directrices OCDE.

A México:

• Proveer información adecuada y garantizar el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado a las comunidades afectadas por megaproyectos para garantizar la sostenibilidad técnica, económica, ambiental y sociocultural de cualquier proyecto propuesto, así como el derecho de la comunidad de rechazar el proyecto.
• Aprobar un marco normativo sobre consulta indígena y consulta campesina, con la directa participación de las comunidades, en conformidad con los más altos estándares internacionales de derechos humanos y reformar o derogar las leyes contrarias a este marco, sobre todo en materia forestal y minera.
• Fortalecer la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y el sistema de persecución de los delitos ambientales para que actúe de forma eficaz, oportuna e independiente; así como reformar la Evaluación de Impacto Ambiental para incluir criterios de derechos humanos y transparencia.
• Suspender la implementación de megaproyectos en disputa judicial para salvaguardar los derechos humanos de las comunidades afectadas.

En el tema de seguridad ciudadana:

A la UE y México:

• Buscar conjuntamente alternativas para la actual política internacional contra las drogas y en particular la estrategia de seguridad implementada para combatir a la delincuencia organizada.
  • A nivel doméstico los gobiernos de la UE y de México deben impulsar políticas que pongan fin a la criminalización de las y los usuarios de drogas, poniendo el énfasis en la atención a la salud, alejando el debate de las premisas de la seguridad nacional e incorporando políticas de prevención y reducción de daños.
  • Impulsar en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la creación de una relatoría especial sobre la protección de los derechos humanos en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada.
• Avanzar en el fortalecimiento institucional para la investigación de graves violaciones a derechos humanos.
  • Que el Estado mexicano conforme un cuerpo de profesionales de la salud autónomo e independiente del Estado, preparados y disponibles para aplicar de manera objetiva el Protocolo de Estambul.
  • Que el Estado mexicano instale un mecanismo inter-institucional para la búsqueda de personas desaparecidas mexicanas y extranjeras y que la UE facilite cualquier apoyo técnico que le sea solicitado en esta materia.
  • Que el Estado mexicano reforme el Código de Justicia Militar de acuerdo a las sentencias de la Corte Interamericana y cumpla con sus obligaciones derivadas de la ratificación del Estatuto de Roma.
  • Que los gobiernos de ambas regiones generen estadísticas que midan el impacto de la violencia criminal, doméstica y de violaciones graves a derechos humanos en la población, sobre todo en mujeres y grupos en situación de exclusión y discriminación.
  • Que la UE fortalezca la aplicación de las Directrices sobre la política de la UE frente a terceros países en relación con la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes.
  • Que los Estados de la Unión Europea investiguen y sancionen a los responsables de deportaciones ilegales y casos de tortura en el marco de la llamada guerra contra el terrorismo, así como el espionaje a la población civil.
• Cambiar el enfoque en el que se aborda la migración de uno de seguridad nacional a uno de derechos humanos, en particular buscando alternativas a la detención.

A México:

• Evitar que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad pública, priorizando la inversión social y la construcción de capacidades de investigación científica de parte de las autoridades civiles, dejando atrás el uso de detenciones arbitrarias, tortura y fabricación de pruebas.

• Monitorear la implementación del nuevo sistema de justicia penal con indicadores que permitan medir el impacto del mismo y si se están cumpliendo los requisitos constitucionales, incluyendo en particular la presunción de inocencia y la exclusión de las pruebas ilícitas.
• Derogar el arraigo del texto constitucional como medida cautelar en la investigación de los delitos graves y relacionados con la delincuencia organizada.

En el tema de violencia contra la mujer:

A la UE y México:

• Generar mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación en la implementación de los tratados internacionales de erradicación de la violencia de género.
• Implementar las recomendaciones de la Propuesta de Resolución de urgencia sobre el Feminicidio en la Unión Europa y en América Latina de la Asamblea Parlamentaria EUROLAT.
• Ampliar la participación de la sociedad civil en materia del combate a la violencia de género dentro del marco de las relaciones bilaterales y espacios de diálogo político entre México y la Unión Europa.
• Impulsar proyectos para la formación de personas que tratan con mujeres víctimas de violencia, desde salud hasta justicia. Abordar de manera particular el trabajo con operadores y operadoras de justicia para la incorporación de una perspectiva de género en la elaboración de sentencias.
• Que se incorpore en el discurso y en las acciones de prevención, atención y erradicación de la violencia de forma explícita a las niñas y a las adolescentes ya que las acciones afirmativas sólo transcenderán generacionalmente si se entiende a las mujeres a lo largo de todo su ciclo de vida y no sólo en la etapa adulta.

A la Unión Europea y sus Estados miembros:

• Ratificar el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul).
• Diseñar e implementar un año europeo contra la violencia de género.

A México:

• Establecer un mecanismo para dar a conocer y comentar el protocolo sobre investigación de violaciones sexuales que surge de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos González y Otras (Campo Algodonero); Valentina Rosendo e Inés Fernández contra el Estado Mexicano.

En el tema de defensores y defensoras de derechos humanos:

A la Unión Europea y sus Estados miembros:

• Continuar implementando las Directrices de la Unión Europea sobre personas defensoras de Derechos Humanos enfocándolas en particular a las personas defensoras comunitarias, fomentando el reconocimiento de su labor.
• Discutir la actualización de estas Directrices a partir de la incorporación de una perspectiva de género que permita visibilizar a las Defensoras de Derechos Humanos y sus riesgos particulares así como las medidas de protección que requieren. En este marco, consideramos importante retomar las Directrices de la UE sobre la violencia contra las mujeres y la lucha contra todas las formas de discriminación contra ellas.

A México:

• Fortalecer y aplicar de manera inmediata a todos los niveles el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
• Garantizar la seguridad y protección de las personas defensoras comunitarias del derecho a la tierra, el territorio y un medio ambiente sano, a través de medidas colectivas e individuales de protección y prevención.
• Generar una base de datos desagregada por edad, sexo y etnia en el Mecanismo de Protección, así como una guía que permita implementar medidas de protección con indicadores y perspectiva de género para las defensoras de derechos humanos.
• Aplicar los estándares internacionales en materia de libertad de expresión y comunicación a través de una ley secundaria que facilite el acceso y operación de las radios comunitarias e indígenas, reconociendo que están ejerciendo una labor de defensa de derechos humanos.