Urgente que el gobierno de Nuevo León revise prácticas internacionales en el tema de centros penitenciarios. No al penal de Mina.
16 de diciembre de 2015
Boletín de Prensa No. 1512/46
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A. C. (CADHAC) exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a que haga una revisión exhaustiva de las mejores prácticas internacionales para abatir la sobrepoblación de los centros penitenciarios, antes de tomar decisiones que solamente agravarán el problema, como es la construcción de nuevas cárceles o privatizar el sistema carcelario.
Es preocupante que el gobierno del Estado esté considerando reactivar la construcción del centro penitenciario en el municipio de Mina, cuando lo que se requiere no son más cárceles, sino efectuar una revisión de los expedientes de todos los internos e internas para otorgar los beneficios de ley -libertad anticipada, institución abierta, arraigo domiciliario- a todos aquellos que ya cumplieron las tres quintas partes de la pena, no cometieron delitos graves o permanecen recluidos solamente porque no tienen dinero para pagar la fianza; o bien, que se encuentran en situación vulnerable –tercera edad, enfermedades crónico-degenerativas o terminales, discapacidad-.
Hay que destacar que la tendencia internacional es a implementar medidas alternas a la prisión, como son el uso de localizadores o brazaletes electrónicos, el trabajo comunitario, el tratamiento en libertad, las instituciones abiertas, la cancelación de licencia de conducir, multa reparadora, confinamiento domiciliario, prohibir la convivencia con personas determinadas, suspender ciertos derechos, entre otras. Por tanto, el gobierno estatal tendría que analizar la forma de implementar de manera amplia medidas alternas a la prisión, si lo que se busca es abatir la sobrepoblación carcelaria.
Otro pendiente del gobierno estatal es revisar y plantear al Congreso la reforma al Código Penal para que los procesados no permanezcan en prisión el tiempo que dura el juicio, pues actualmente el 40% de los internos e internas en los penales de Nuevo León son personas que están a la espera de que se les dicte sentencia, algunas de ellas llevan años en esta situación. Otra reforma necesaria implica la reclasificación de los delitos que son considerados graves en el Código Penal y que por tanto obligan al imputado a permanecer en prisión durante el juicio y no admiten fianza. Hay que recordar que a partir de 2006 se han efectuado sucesivas reformas al Código Penal para el Estado de Nuevo León que ampliaron el catálogo de delitos graves y elevaron las penas, produciendo como efecto una elevación de la población penitenciaria. Esto debe cambiar, y ajustar a la Constitución la tipificación de los delitos y su gravedad.
Vale la pena recordar que en un sistema democrático la privación de la libertad debe ser el última opción que tomen las autoridades para sancionar a quienes infrigen la ley.
Por otro lado, considerar como opción privatizar las cárceles revela el desconocimiento de las autoridades sobre los efectos contraproducentes de estas medidas documentados por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD) en el sentido de que se termina dejando de lado la finalidad del sistema penitenciario que es la reinserción social, que constituye además una obligación del Estado.
CADHAC hace un llamado urgente al gobierno estatal para atienda y resuelva el problema de la sobrepoblación de los centros penitenciarios tomando como punto de partida el respeto irrestricto a los derechos humanos de los y las internas, y retomando las mejores prácticas internacionales para implementar medidas alternas a la prisión. Sin una reinserción exitosa no podremos reconstruir el tejido social y así conseguir una comunidad respetuosa y pacífica.
