Secuestros a personas migrantes en México “Una Tragedia Humanitaria”: Comisión Interamericana de Derechos Humanos
• Relator sobre Trabajadores Migrantes pide visitar México este año
• Comisionados expresan que la cifra de migrantes secuestrados es escalofriante y constituye una violación masiva de derechos humanos
En el marco de una audiencia pública del 138 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos efectuada el día 22 de marzo de 2010 en la ciudad de Washington DC, Estados Unidos de América, las organizaciones de la sociedad civil firmantes de este comunicado presentamos la temática del secuestro sistemático y generalizado a personas migrantes en México, cometido por el crimen organizado con la complicidad de autoridades como producto de una política migratoria restrictiva y con escasa perspectiva de derechos humanos.
Al recibir la información, Felipe González, Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Relator para los Trabajadores Migrantes y sus Familias, señaló que la cifra presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de 9,758 personas migrantes secuestradas en un lapso de seis meses es escalofriante y, por lo tanto, que el Estado debe redoblar esfuerzos para prevenir que esta situación se continúe reproduciendo. Asimismo, destacó la importancia que para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene el respeto a los derechos humanos de los defensores, por lo que conminó al Estado a facultar garantías de seguridad para la vida y el trabajo del Padre Alejandro Solalinde y del Albergue Hermanos en el Camino, de Ixtepec, Oaxaca, así como del Padre Pedro Pantoja y del albergue Belén, Posada del Migrante, Frontera con Justicia, A.C. y Humanidad Sin Fronteras, A.C.
Por su parte, el Comisionado Rodrigo Escobar Gil, Relator para México, fue contundente al expresar que la situación de secuestros masiva y generalizada que sufren las personas migrantes en tránsito por México ha adquirido las características de una verdadera tragedia humanitaria. Particularizó que en el secuestro se violan absolutamente todos los derechos humanos, afectando no sólo a las víctimas, sino también a sus familias y a sus comunidades. Por estas razones, señaló que el Estado no debe sólo intervenir con medidas policíacas, sino que tiene, forzosamente, que ejecutar una política integral, involucrándose a partir de sus tres órdenes de gobierno para brindar, sobre todo, acciones de prevención y de atención integral a todas las problemáticas derivadas de esta grave violación a los derechos humanos.
Las organizaciones peticionarias hemos denunciado esta grave problemática desde hace más de tres años, sin que haya existido ninguna reacción eficaz del gobierno, lo cual ha desembocado en la persistencia de toda clase de abusos sexuales, tortura física y psicológica, asesinatos, extorsión, corrupción, privación ilegal de la libertad, explotación con fines laborales, sexuales, prácticas análogas a la esclavitud, tráfico de órganos e impunidad. Por lo tanto, pusimos en evidencia el incumplimiento del Estado mexicano a los instrumentos americanos de Derechos Humanos al consentir la comisión del secuestro, así como al no garantizar la protección y la defensa de los derechos humanos de las víctimas.
Asimismo, reiteramos que las y los defensores de los derechos humanos de las personas migrantes continúan siendo criminalizados y puestos en condiciones de extremo riesgo al no garantizárseles mecanismos de seguridad que permitan desarrollar labores de defensa y representación legal.
La delegación del Estado no contestó puntualmente a la información proporcionada por los peticionarios, rechazando, además, los calificativos expresados por los Comisionados de graves violaciones a los derechos humanos y de tragedia humanitaria; sin embargo, no aportó ningún argumento para demostrar lo contrario. Por no contar con los datos relevantes durante la audiencia, el Estado se comprometió a entregar un informe posterior sobre el tema.
Las organizaciones peticionarias estaremos pendientes de que se concrete la visita del Relator de Migrantes al país este año, para que pueda cumplir con su objetivo de recabar información de primera mano sobre la situación de vulnerabilidad y violencia extrema en la que viven las personas migrantes en tránsito por México y víctimas de secuestro.
Organizaciones que participamos en este proceso
y presentamos a la CIDH un informe específico en la materia:
1. Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro Prodh)
2. Frontera Con Justicia, A.C.
3. Humanidad Sin Fronteras, A.C.
4. Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios
5. Casa del Migrante Hermanos en el Camino, de Ixtepec, Oaxaca
6. Dimensión de la Pastoral de la Movilidad Humana
7. Servicio Jesuita a Migrantes México
8. Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova
9. Servicio Jesuita de Jóvenes Voluntarios
10. Albergue de Nuestra Señora de Guadalupe, A.C. de Reynosa, Tamaulipas
11. Albergue Guadalupano de Tierra Blanca, Veracruz
Redes que se solidarizan con las organizaciones que presentaron
el informe ante la CIDH y se adhieren a este comunicado.
Foro Migraciones
Red nacional de la sociedad civil que trabaja por los derechos humanos de las personas migrantes,
Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos Para Todos y Todas
Organismo conformado por 69 organizaciones de todo el país
PALIZAS A ADOLESCENTES DETENIDOS Unos adolescentes recluidos en un centro de detención de Monterrey, estado de Nuevo León, en el norte de México, han sido golpeados por guardias de seguridad. Pueden sufrir represalias si presentan denuncias formales. El Centro de Internamiento y Adaptación de Adolescentes Infractores de Monterrey alberga a 56 jóvenes, algunos de 18 años, y otros menores de esa edad. El 27 de febrero, casi 80 guardias de una prisión de adultos fueron llevados al centro para realizar una inspección en busca de armas blancas y drogas. Algunos de los jóvenes dijeron a sus familias –quienes, a su vez, informaron a organizaciones locales de derechos humanos– que los guardias de seguridad los habían amenazado con perros policías, los habían atado y los habían golpeado con diversos objetos, entre ellos con planchas de madera. El 1 de marzo, los jóvenes informaron de que habían sido golpeados de nuevo, esta vez por personal del centro de detención. El personal les dijo que, si lo denunciaban, presentarían denuncias falsas contra ellos, trasladarían a una prisión de adultos a los mayores de 18 años, o prolongarían la detención por mala conducta. Unos 18 jóvenes han presentado denuncias formales por el trato recibido, pero temen que los guardias del centro puedan cumplir sus amenazas. Unos funcionarios de la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León y un médico de prisiones visitaron a los jóvenes y confirmaron que algunos de ellos tenían heridas y señales visibles en el cuerpo. A una organización local de derechos humanos le preocupa el hecho de que a las víctimas aún no las haya examinado personal médico formado en evaluar señales de tortura. En 1999, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llevó a cabo una investigación sobre presuntos incidentes de tortura en una prisión de adultos cerca de Monterrey, Nuevo León, y pidió que se investigara a varios funcionarios de prisiones. Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que se haya investigado a dichos funcionarios ni se los haya hecho rendir cuentas de su participación en los abusos denunciados. ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en español o en su propio idioma: expresando preocupación por la seguridad de los detenidos del Centro de Internamiento y Adaptación de Adolescentes Infractores de Monterrey y pidiendo que se garantice dicha seguridad; pidiendo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre la presunta tortura de jóvenes detenidos el 27 de febrero y el 1 de marzo, y que se permita a los detenidos cursas sus denuncias sin temor a represalias; pidiendo que los detenidos sean examinados por personal médico independiente con formación en evaluar las señales de tortura de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos contenidas en el Protocolo de Estambul; pidiendo que todos los funcionarios implicados sean investigados de forma exhaustiva y sean sancionados si son declarados culpables, y que las autoridades hagan públicos los resultados de la investigación. ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 23 DE ABRIL DE 2010 A:
Lic. Rodrigo Medina de la Cruz Gobernador del Estado de Nuevo León Palacio de Gobierno, Calle Zaragoza Monterrey 64000, MÉXICO Correo-e.: gobernador@nuevoleon.gob.mx Fax: (+52) 81 2020 1087 Tratamiento: Señor Gobernador
02 de marzo de 2010 Comunicado número: 1003/03/BP
Menores severamente golpeados en el Tutelar
Esta organización ha recibido múltiples informes que indican que en la mañana del pasado sábado 27 de febrero de 2010, los jóvenes reclusos del Centro de Atención Integral a Menores y Adolescentes fueron severamente golpeados y vejados. La información recibida indica que dichos abusos fueron cometidos por elementos de cuerpos de seguridad ajenos a dicho Centro, ante la cómplice pasividad de los funcionarios del mismo. Se ha informado que el día de ayer los jóvenes fueron nuevamente golpeados, esta vez por los propios funcionarios del Centro. No es la primera vez que esta organización recibe información sobre los constantes abusos que sufren los adolescentes privados de su libertad en la entidad.
Los informes recibidos indican que los adolescentes fueron golpeados, esposados, tableados, vejados y atacados con perros y cuando pidieron explicaciones sobre lo sucedido fueron amenazados con inventarles faltas a la disciplina interior o delitos. La conducta desplegada por las autoridades, tanto por las que golpearon a los internos, como por las que pasivamente permitieron estos abusos, resulta violatoria de los derechos humanos a la integridad personal, incluida la prohibición de la tortura, a la seguridad jurídica y a la honra y dignidad.
Esta organización condena enérgicamente los abusos cometidos en contra de los adolescentes y demanda que las autoridades:
1. Brinden inmediatamente atención médica y psicológica a todos los jóvenes privados de su libertad y documenten los abusos cometidos a través de la aplicación del Protocolo de Estambul o Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
2. Inicien de inmediato una investigación pronta e imparcial que lleve a los responsables de los abusos ante la justicia para que sean sancionados conforme a derecho.
El sistema de justicia para adolescentes en conflicto con la ley está pensado para dar seguridad a la comunidad a la vez de brindar a los jóvenes medios adecuados para su protección y desarrollo durante el cumplimento de su sanción, es inaceptable que las autoridades encargadas de administrar tal sistema violen los derechos de los jóvenes y les envíen el mensaje de que en Nuevo León la violación a la ley y la impunidad son la norma.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.
El día de hoy las organizaciones Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), Mesa de Mujeres, A.C., Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cossydhac), y familiares de Nitza, Rocío, José Ángel y Manuel entregaron una carta al Secretario de Gobernación en la que le informan que “en el Estado de Chihuahua existen actuaciones ilegales y graves que han realizado las autoridades que –en teoría- deberían garantizar el estado de derecho”. En la carta, refieren que un plan social es adecuado pero “no será suficiente para devolvernos la tranquilidad y la paz si no se garantiza la procuración de justicia y la aplicación de la ley, aún cuando ésta pueda afectar intereses militares”.
Las organizaciones de la sociedad civil le informan que en el estado de Chihuahua existen abusos militares aunque es posible que él no los sepa y le recuerdan el caso de “Nitza Paola Alvarado Espinoza de 18 años, Rocío Irene Alvarado Reyes de 31 años y José Angel Alvarado Herrera de 20 años quienes fueron detenidos el 29 de diciembre de 2009, alrededor de las 8 de la noche, en la Comunidad de Buenaventura, en el Estado de Chihuahua, por diez militares que portaban uniformes y armas oficiales, quienes se los llevaron con violencia y sin presentar ninguna orden judicial frente a varios de sus familiares y testigos”
En la carta refieren que si bien la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) negó que los militares tuvieran a estas tres personas, funcionarios de la Procuraduría del Estado refirieron que ellos tenían información de que habían estado en el 35 batallón de infantería, además lo invitan a corroborar –tal como lo hicieron las organizaciones y familiares- que la camioneta donde viajaban Rocío y José Ángel está en manos de las autoridades y se encuentra actualmente en “el corralón” de la Procuraduría en Nuevo Casas Grandes. ¿Si la SEDENA no está involucrada en el caso, por qué los militares la incautaron y la pusieron a disposición de la Procuraduría y la camioneta se encuentra en manos de las autoridades pero las personas permanecen desaparecidas?
Refieren además que el 6 de febrero, militares en activo, con armas y en un vehículo hummer – con número de identificación en la puerta 0920044 -acudieron a la casa de la madre de José Ángel para intimidarlos y cuestionarlos sobre su vida personal e hicieron referencia explícita a los tres muchachos desaparecidos.
Asimismo las organizaciones le comunican a Gómez Mont sobre el caso de “Manuel Ubaldo Hernández Ortiz, de 20 años, quien fue detenido el 17 de octubre de 2009 en Ciudad Juárez, alrededor de las 11:30 de la noche. Al salir de un salón de baile, Manuel junto con dos amigas y un amigo fueron detenidos por militares quienes realizaban un operativo. No encontraron nada, sin embargo a Manuel se lo llevaron frente a sus amigos y los testigos sin dar explicaciones y nuevamente sin ninguna orden judicial ni la existencia de algún delito. Manuel fue incomunicado durante 12 horas y sus familiares no supieron de él hasta el día siguiente a mediodía, cuando lo presentaron en las instalaciones de la Procuraduría General de la República en Juárez con evidentes contusiones y golpes en el cuerpo. Lo acusaron de posesión de mariguana y cocaína. El informe de los militares no coincide con lo que relatan todos los testigos pues los militares afirman que Manuel fue detenido en otra calle y a otra hora e incluso, como se asienta en el expediente, los militares han caído en contradicciones”
La carta menciona que el día de hoy 8 de febrero de 2010, habrá un careo entre militares y los testigos en los juzgados federales. Los familiares harán una protesta fuera de los juzgados para pedir que se aplique la ley y la justicia, pues el acusar y condenar a jóvenes que son inocentes no va a devolver la confianza a los juarenses, al contrario, es un claro mensaje para quienes delinquen y violan la ley de que ellos son intocables. La impunidad de la que gozan los verdaderos delincuentes permite que la violencia continúe.
Las organizaciones firmantes le solicitamos al Secretario de Gobernación que las autoridades municipales, estatales y federales en el Estado de Chihuahua deben aplicar la ley para proteger a los más débiles y sancionar a quienes con armas abusan de su poder, de lo contrario, estaremos condenados a que no haya justicia, a que la impunidad continúe y a que la violencia no termine.
Finalmente, le solicitamos que no sólo se reúna periódicamente con las organizaciones que apoyan incondicionalmente la estrategia de guerra del gobierno llevada cabo durante los últimos años, le solicitamos que se reúna con quienes pensamos diferente, con quienes hemos documentado los daños colaterales de esta guerra en la que la estrategia ha fallado. Asimismo, le pedimos que no nos olvide aunque usted se vaya a la Ciudad de México, a 2000 kilómetros de distancia, porque nosotras y nosotros nos quedamos, y somos quienes diariamente y sin protección del estado mayor presidencial caminamos por las calles de este estado.
No puede haber un plan integral desde Bucareli a miles de kilómetros de aquí, sin procuración de justicia y menos aún si se empeñan en marginar al gobierno estatal, municipal y a las organizaciones de la sociedad civil.
La directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, (CADHAC), Consuelo Morales, invita a unirse a las brigadas de observación ciudadana, con el fin de disminuir los abusos policiales en el área metropolitana de Monterrey.
En los últimos años se ha detectado un crecimiento en las detenciones de jóvenes por parte de las autoridades municipales, en muchos casos simplemente por parecer sospechosos, lo que ha traído desconfianza ciudadana hacia las autoridades.
NUESTRA PROPUESTA:
Capacitar a grupos de jóvenes voluntarios para que sean ellos mismos quienes realicen, con nuestra supervisión, un proceso serio y profesional de observación de los derechos humanos por parte de la Policía Municipal.
La observación estará basada en estándares internacionales de derechos humanos y será completada con una reflexión profunda y con propuestas sobre buenas prácticas policiales, a fin de que pudieran ser incorporadas en el comportamiento cotidiano de la corporación.
OBJETIVOS:
Objetivo General:
Contribuir a la disminución de las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad pública municipales a través de la participación activa de jóvenes como observadores de derechos humanos.
Objetivo Específico:
Promover la adopción de estándares, procedimientos y prácticas internacionalmente aceptados para el uso de la fuerza pública en situaciones de detención y retención administrativa.
Quiénes Lo Proponemos:
CADHAC es una organización de la sociedad civil, sin fines de lucro y apartidista, que desde 1993 busca la auténtica vigencia de los derechos humanos para todas las personas del Estado de Nuevo León.
¿Dónde están los niños perdidos? ¿Dónde los responsables?
Las organizaciones abajo firmantes manifestamos nuestra más profunda preocupación por el desdén con que las autoridades del Estado de Nuevo León han tratado el caso de las niñas y el niño desaparecidos mientras se encontraban bajo el supuesto cuidado de CAIFAC.
A 470 días de los hechos, Adriana, Diana y Julio César siguen sin ser localizados, los señalados como responsables directos, siguen sin ser llevados ante la justicia y los reclamos de sus familias y de la sociedad siguen sin ser escuchados.
Hemos acudido a las diferentes instancias gubernamentales implicadas en proporcionar la seguridad y el bienestar social de los niños, pero ellos siguen sin aparecer.
Antes de que desaparecieran Adriana, Diana y Julio, las autoridades, tenían datos que les permitían conocer que los niños estaban en riesgo. Según documentó la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el expediente CEDH/129/2009, el 18 de diciembre de 2008 el Ministerio Público pidió a las autoridades del Sistema DIF que investigaran el riesgo en que podían estar Adriana, Diana y Julio César, sin embargo, dichos funcionarios fueron omisos y sólo realizaron una entrevista parcial, pese a que tenían los elementos técnicos y jurídicos para provisionalmente egresar de ese albergue a los niños e ingresarlos en otro, en lo que investigaban con más cuidado los hechos.
La propia Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación derivada del expediente CEDH/129/2009, en la que afirmó que se violentaron los derechos a la legalidad y seguridad jurídica, los derechos del niño y se incurrió en prestación indebida del servicio público. Sin embargo, la recomendación de la Comisión Estatal señala sólo a Dos delegadas del DIF que tuvieron contacto directo con los niños, consideramos que también son responsables los superiores de esas delegadas y las autoridades que por errores y omisiones han fallado en la localización de las niñas y el niño y han permitido que en este caso haya impunidad.
El día de ayer, estuvimos en reunión con el Dr. Jesús Zacarías Villarreal Pérez, Secretario de Salud y se comprometió a la aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-167-SSA1-1997, Para la prestación de servicios de asistencia social para menores y adultos mayores, del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Presentación de Servicios de Atención Médica. La cual no fue aplicada en los albergues de CAIFAC y esto permitió que el lugar siguiera operando sin cumplir con asuntos básicos de la norma como, por ejemplo, tener un expediente por niño.
La sociedad necesita que el sistema de guarda y protección de la infancia sea transparente y eficaz, que se rija por el Derecho y busque siempre el interés superior de las niñas y los niños, y que cuando haya una irregularidad sea correctamente investigada y subsanada.
Exigimos que las autoridades den resultados puntuales en este caso: que las niñas y el niño sean localizados con vida y devueltos a sus respectivas madres, que los responsables sean llevados pronto ante la justicia y que se tomen medidas serias que eviten la repetición de estas violaciones.
Exigimos que basados en el reglamento del estado, la Procuraduría General De Justicia ofrezca una recompensa por información que lleve a la localización de Adriana, Diana y Julio.
Exigimos que el Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, emita un pronunciamiento oficial respecto del caso.
La exhibición de detenidos ante la prensa viola derechos humanos
Esta organización manifiesta su preocupación por la práctica constante de nuestras autoridades de exhibir a personas detenidas ante los medios de comunicación, en violación de sus derechos humanos a la privacidad, a la honra y la presunción de inocencia.
El 10 de enero del presente año, autoridades del municipio de San Pedro Garza García autorizaron la exhibición pública de diversas personas detenidas por supuestamente participar en juegos de azar en establecimientos que al parecer no contaban con los permisos correspondientes. Esta acción de exhibición de detenidos es una conducta común en nuestras autoridades y es violatoria de derechos humanos. La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó recientemente que la toma de fotografías es un acto de molestia que de no ser necesario en un proceso legal o de hacerse públicas las imágenes viola la Constitución, violación que continúa mientras las imágenes existan. La Primera Sala de la Corte determinó:
[L]a obtención de fotografías por parte de la autoridad a cualquier persona sin importar su situación jurídica, efectivamente representa un menoscabo y un deterioro en los derechos de ésta. Dicho menoscabo y deterioro resulta de naturaleza continuado, pues hasta que el resultado del acto (las fotografías) no sean eliminadas, el acto de molestia continua. Más aun, si este acto de molestia no cumple con los requisitos constitucionales, internacionales y legales debidos, lo cual resulta contrario a derecho y violatorio de derechos fundamentales.1
Exhortamos a las autoridades a apegar su conducta a los más altos estándares que en materia de derechos humanos rigen en nuestro país y, en consecuencia, terminar con la práctica de exhibir detenidos y procesados.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.
1 Amparo directo 9/2008 (Versión pública del engrose). 12 de agosto de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. pp. 451. Disponible en WWW http://www2.scjn.gob.mx/expedientes/ (Consultado el 11 de enero de 2010).
Padre Mier 617 PTE. 64000 Monterrey, N.L. México Tel. (81) 8343-5058 / Fax (81) 8343-6618 / Mail: cadhac@cadhac.org
Injusticia de la prisión preventiva: aplica a ciudadanos, pero no a autoridades
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., manifiesta su indignación por la desigualdad legal que impera en el Estado de Nuevo León en cuyas leyes los abusos de la autoridad no son considerados delito grave, pero la resistencia de los particulares sí.
Los hechos de violencia en la Colonia Los Altos tuvieron como consecuencia la privación de la libertad tanto de policías municipales como de ciudadanos. Sin embargo, los policías podrán seguir el juicio en libertad mientras que los ciudadanos tendrán que hacerlo encarcelados, debido a que el artículo 16 BIS del Código Penal para el Estado de Nuevo León establece que el delito de Resistencia de particulares es grave, pero el delito de abuso de autoridad no lo es, y toda persona acusada de un delito grave es sometida a prisión preventiva.
Esta organización ha sostenido que el sistema de remisión automática a prisión preventiva por estar acusado de un delito considerado grave en la ley es incorrecto y poco eficaz, porque impide que los jueces valoren en cada caso si la situación de los inculpados es tal que sería un riesgo dejar que enfrentaran su proceso penal en libertad. Este sistema lleva a abusos e injusticias, como la manifestada en este caso en el que personas procesadas por los mismos hechos reciben tratos sumamente desiguales.
Exhortamos a nuestros legisladores a ajustar el sistema de prisión preventiva a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, de tal forma que ésta se aplique sólo en casos excepcionales cuando se ha demostrado al juez de la causa que de la libertad provisional del acusado se seguirían graves perjuicios a la sociedad.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.
