18 de diciembre de 2009 Comunicado No. 0912/33
Las fotografías de Arturo Beltrán Leyva, una muestra de que la lucha contra la delincuencia organizada debe partir del respeto a la dignidad de todas las personas
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., se manifiesta profundamente preocupada por la forma en que elementos del Estado mexicano mancillaron y fotografiaron el cuerpo inerte de quien ha sido provisionalmente identificado como el conocido narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, imágenes que fueron hechas públicas en varios medios de comunicación. Esta organización rechaza este tipo de acciones gubernamentales que atentan contra los derechos a la intimidad y a la honra y que demuestran la poca estimación en que las autoridades tienen la dignidad inherente de todas las personas.
Si bien es cierto que la situación de seguridad ciudadana en el país es grave, también lo es que las respuestas institucionales a tal fenómeno deben partir del respeto a los derechos humanos y de la aplicación estricta e imparcial de la ley. Las fotografías tomadas por las autoridades, en las que el cuerpo ensangrentado y con los pantalones abajo fue cubierto billetes y otros objetos personales de la persona fallecida, en nada ayudan al combate al narcotráfico y son una muestra tanto de la impericia de nuestras autoridades como de la ausencia de métodos científicos en la investigación y procesamiento de escenas y pruebas relacionadas con la comisión de delitos.
Esta organización exhorta a las autoridades a respetar todos los compromisos internacionales en materia de derechos humanos que México ha suscrito y a ajustar su actuar a los más modernos y eficaces métodos de investigación de delitos. Los ciudadanos y ciudadanas esperamos que nuestras autoridades sean eficientes y honradas y que lleven a los delincuentes ante la justicia, no que los acribillen y los vituperen públicamente.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.
Padre Mier 617 PTE. 64000 Monterrey, N. L. México Tel. (81) 8343-5058 / Fax (81) 8343-6618 / Mail: cadhac@cadhac.org
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Re16 de diciembre de 2009 Oficio Número: 1209/060D
C. LIC. OMAR ORLANDO PÉREZ ORTEGA Diputado Local por el 10° Distrito del Estado Estimado señor diputado, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (CADHAC) agradece su amable atención de solicitar nuestros comentarios sobre el proyecto de reforma constitucional que busca imponer cadena perpetua por una serie de delitos. Esta organización aprecia todos los esfuerzos por solucionar el creciente problema de inseguridad pública relacionada con delitos de delincuencia organizada que afecta de manera dolorosa y preocupante a la ciudadanía en general. Sin embargo, consideramos que la propuesta por usted realizada desatiende importantes consideraciones de derechos humanos. En primer lugar, la pena de cadena perpetua imposibilita la eficacia del principio constitucional que busca la reinserción del delincuente en la sociedad, una pena del tipo propuesto, es una pena máxima que impediría la rehabilitación personal de los condenados, la resocialización y reintegración familiar en el que se basa el sistema penal mexicano. La Constitución federal no es el texto normativo adecuado para establecer sanciones penales, éstas derivan de análisis de las condiciones sociales imperantes en un momento dado y que deben ser revaloradas constantemente, esa actividad sólo puede estar a cargo del legislador ordinario y no del Poder constituyente. Adicionalmente, la creación de una pena a nivel constitucional dejaría a los juzgadores sin la posibilidad de valorar caso por caso las condiciones de la persona que cometió el delito, para verificar si por alguna razón la pena debe ser menor, un tal sistema es contrario a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros tratados internacionales firmados y ratificados por México, porque provocaría afectaciones serias a la libertad personal que no estarían en proporción a los hechos del caso. En la aplicación de una reforma como la propuesta, se puede esperar que el número de ilícitos no disminuya, esto es así debido a que aumentar las sanciones no detiene a la delincuencia. En los años recientes hemos visto un endurecimiento de las sanciones por un sinnúmero delitos, a la par que la delincuencia ha crecido de forma desproporcionada. El efecto inhibidor de una sanción sólo surte efecto cuando ésta es aplicada de forma correcta, imparcial y sistemática, lo que no sucede en nuestro ineficaz sistema de procuración e impartición de justicia. En México los criminales delinquen no porque consideren que 30, 50 o hasta 70 años en prisión es poco tiempo, sino porque saben que es muy poco probable que las sanciones les sean aplicadas. En este contexto, la reforma sólo provocaría que aquellos que no tengan acceso a un servicio de defensa adecuada, por ser pobres, pasen el resto de su vida en prisión, sean culpables o no. Esta situación enrarecería aún más el clima social, no solucionaría el problema de la delincuencia y dispararía los costos de la administración de los centros penitenciarios. Consideramos que para el contexto mexicano la solución no puede ser de endurecimiento de las penas o de creación de nuevos tipos penales, sino se deben plantear soluciones integrales que resuelvan de fondo el problema de la inseguridad pública, a través de medios alternos y del fortalecimiento y la profesionalización de los sistemas de impartición y procuración de justicia. Sin más por el momento, quedamos de Usted para cualquier comentario o aclaración al respecto. Fraternalmente,
Hna. Consuelo Morales Elizondo Directora 10 de diciembre de 2009
Día Internacional de los Derechos Humanos… nada que celebrar en Nuevo León
Con motivo del día internacional de los derechos humanos, CADHAC manifiesta su más profunda preocupación por la terrible situación de los derechos y libertades fundamentales que impera en el Estado de Nuevo León, México. De los informes recibidos por esta organización y del monitoreo puntual de la situación en la entidad, se desprende que este año la crisis de los derechos humanos lejos de amainar se recrudeció, por lo que los neoloneses no tenemos nada que celebrar. En materia de seguridad pública, las políticas implementadas por las administraciones federal, estatal y municipal no sólo han resultado ineficaces, sino perjudiciales, ya que los abusos de los distintos cuerpos policiacos han puesto a la comunidad en una situación aún más delicada. Esta organización ha documentado abusos, extorciones, detenciones ilegales y arbitrarias e incluso desapariciones forzadas y tortura, por parte de distintas policias, incluyendo las policías municipales del área metropolitana de la Ciudad de Monterrey. Todos estos abusos, pese a las denuncias interpuestas, permanecen en la impunidad. CADHAC ha detectado que la impunidad y la corrupción penetran cada vez más en las distintas áreas de gobierno, especial preocupación provocan los terribles abusos que se están cometiendo en contra de poblaciones típicamente en situación de vulnerabilidad, entre ellas la población LGBTTT, migrantes, la comunidad indígena, jóvenes y la infancia, quienes se enfrentan de forma cotidiana a detenciones ilegales y arbitrarias y a un serio hostigamiento y discriminación por parte de distintas autoridades. En el caso de la infancia destacan además los abusos cotidianos cometidos por el Sistema DIF de Nuevo León; nuestra organización ha podido documentar las malas prácticas y los abusos de los funcionarios públicos adscritos a dicha entidad, que incluyen la separación ilegal de familias, engaños a las madres para arrebatarles la custodia de sus hijos e hijas, discriminación, privaciones ilegales de la libertad y otras tantas arbitrariedades. La idea fundacional de todo el sistema de derechos humanos es que todas y todos poseemos una dignidad intrínseca que debe ser respetada por las autoridades y por los demás miembros de la sociedad. Mientras esta idea no sea aceptada y honrada por nuestras autoridades estaremos lejos de vivir en una sociedad armónica que disfrute de un verdadero Estado Democrático y Constitucional de Derecho. Exhortamos a la comunidad a participar activa y pacíficamente, a través de los canales demorcráticos, para volver una realidad el respeto a los derechos humanos en nuestro estado. Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos en el Estado de Nuevo León. 03 de noviembre de 2009 Comunicado No. 1109/30BP
NINGUNA AUTORIDAD MÁS ALLÁ DE SUS FACULTADES
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. manifiesta su más profunda preocupación por las desafortunadas declaraciones realizadas por el C. Mauricio Fernández, quien al momento de rendir su protesta constitucional para ejercer el cargo público de Alcalde de San Pedro Garza García, N.L., afirmó que para combatir la delincuencia violaría la ley; así como por las declaraciones del C. Procurador General de Justicia del Estado de N.L., calificando como “fabulosa” esta declaración.
El nuevo Alcalde dijo “me voy a tomar atribuciones que no tengo” con lo que mostró que desconoce el principio de legalidad que indica que la autoridad no puede hacer más que aquello que la ley le faculta. Esta actitud ofende a una ciudadanía ya harta de autoridades despóticas que se arrogan poderes que la ley no les otorga y que al hacerlo provocan, siempre, más daño al tejido social.
Esta organización encuentra especialmente preocupante el contexto en que se realizaron las declaraciones del ahora Alcalde, en un evento republicano en el que se supone los servidores públicos juran someterse a la Constitución y a las leyes. El utilizar un evento solemne para adelantar la violación a las leyes es un acto cínico y reprobable y es indicativo de la ligereza con la que nuestras autoridades perciben el estado de derecho.
Es inaceptable que el Procurador de Justicia del Estado apoye dichas declaraciones, pues si bien es cierto que la delincuencia organizada afecta a todas las esferas de la sociedad, existen las instituciones adecuadas para realizar el “combate” contra ésta. México ha vivido serios embates a la seguridad ciudadana, producidos tanto por las actuaciones de la delincuencia común y de la delincuencia organizada, como por la delincuencia de las autoridades. En un momento en que la violencia se extiende por doquier y en que grupos ilegales se están tomando la justicia por sus propias manos, todos debemos reconocer que romper la ley no es, ni será, el camino que nos lleve a una sociedad más pacífica y más justa.
Las violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos inician cuando la autoridad descuida la legalidad de sus actuaciones, cuando en nombre de una causa “mayor” se irrespeta la legalidad y el derecho y se atribuyen funciones que no corresponden a personas que no están en la capacidad legal de ejercerlas. La legalidad es un principio fundamental de todo gobierno democrático, que debe ser respetado para que la sociedad pueda marchar correctamente y pueda haber seguridad jurídica y respeto a los derechos humanos.
Consideramos imprescindible el respeto a las funciones y atribuciones que cada Alcalde y cada funcionario público debe ejercer, exigimos que sean realizadas con eficiencia, eficacia, honestidad y estricto apego a la ley.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C.
Padre Mier 617 PTE. 64000 Monterrey, N. L. México Tel. (81) 8343-5058 / Fax (81) 8343-6618 / Mail: cadhac@cadhac.org
03 de noviembre de 2009 Comunicado No. 1109/30BP NINGUNA AUTORIDAD MÁS ALLÁ DE SUS FACULTADES Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. manifiesta su más profunda preocupación por las desafortunadas declaraciones realizadas por el C. Mauricio Fernández, quien al momento de rendir su protesta constitucional para ejercer el cargo público de Alcalde de San Pedro Garza García, N.L., afirmó que para combatir la delincuencia violaría la ley; así como por las declaraciones del C. Procurador General de Justicia del Estado de N.L., calificando como “fabulosa” esta declaración. El nuevo Alcalde dijo “me voy a tomar atribuciones que no tengo” con lo que mostró que desconoce el principio de legalidad que indica que la autoridad no puede hacer más que aquello que la ley le faculta. Esta actitud ofende a una ciudadanía ya harta de autoridades despóticas que se arrogan poderes que la ley no les otorga y que al hacerlo provocan, siempre, más daño al tejido social. Esta organización encuentra especialmente preocupante el contexto en que se realizaron las declaraciones del ahora Alcalde, en un evento republicano en el que se supone los servidores públicos juran someterse a la Constitución y a las leyes. El utilizar un evento solemne para adelantar la violación a las leyes es un acto cínico y reprobable y es indicativo de la ligereza con la que nuestras autoridades perciben el estado de derecho. Es inaceptable que el Procurador de Justicia del Estado apoye dichas declaraciones, pues si bien es cierto que la delincuencia organizada afecta a todas las esferas de la sociedad, existen las instituciones adecuadas para realizar el “combate” contra ésta. México ha vivido serios embates a la seguridad ciudadana, producidos tanto por las actuaciones de la delincuencia común y de la delincuencia organizada, como por la delincuencia de las autoridades. En un momento en que la violencia se extiende por doquier y en que grupos ilegales se están tomando la justicia por sus propias manos, todos debemos reconocer que romper la ley no es, ni será, el camino que nos lleve a una sociedad más pacífica y más justa. Las violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos inician cuando la autoridad descuida la legalidad de sus actuaciones, cuando en nombre de una causa “mayor” se irrespeta la legalidad y el derecho y se atribuyen funciones que no corresponden a personas que no están en la capacidad legal de ejercerlas. La legalidad es un principio fundamental de todo gobierno democrático, que debe ser respetado para que la sociedad pueda marchar correctamente y pueda haber seguridad jurídica y respeto a los derechos humanos. Consideramos imprescindible el respeto a las funciones y atribuciones que cada Alcalde y cada funcionario público debe ejercer, exigimos que sean realizadas con eficiencia, eficacia, honestidad y estricto apego a la ley. Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. Padre Mier 617 PTE. 64000 Monterrey, N. L. México Tel. (81) 8343-5058 / Fax (81) 8343-6618 / Mail: cadhac@cadhac.org 27 de octubre de 2009 Comunicado No. 1009/28BP
Más detenciones arbitrarias Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC) expresa su más profunda preocupación e indignación por la reiterada conducta arbitraria desplegada por algunos agentes de policía en perjuicio de jóvenes y migrantes integrantes de grupos vulnerables, reportada en diversas notas periodísticas publicadas en el “El Norte” durante el pasado fin de semana y denunciadas a esta organización por varios afectados. Las detenciones arbitrarias y los robos por parte de elementos policíacos a ciudadanos que no han incurrido en conductas ilegales son una constante en nuestra comunidad. Este sensible tema es tratado con indiferencia o complacencia de los superiores jerárquicos quienes siguen evidenciando su incapacidad para establecer un control real y efectivo sobre los comportamientos de sus subalternos. Las violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos son una preocupación real de todo gobierno democrático. Resutla inaceptable que sean los propios funcionarios de encargados de hacer cumplir la ley quienes incurran en conductas delictivas en agravio de aquellos a quienes deben proteger. Consideramos que las detenciones arbitrarias, la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, los robos y otras violaciones a los derechos de los ciudadanos, son toleradas, cuando no fomentadas, por altas autoridades gubernamentales, tanto municipales como estatales, quienes tienen la obligación de controlar a sus subordinados y de responder por estas fallas que son sistemáticas en el sistema de seguridad de la entidad. A la delicuencia común y organizada se suma, con terrible vehemencia, la delincuencia policial. Los ciudadanos tenemos ahora que cuidarnos por todos lados, especialmente de quienes están contratados para protegernos. Esta situación es vergonsoza e intolerable, para solucionarla no bastará que se simulen procedimientos administrativos para sancionar a los responsables, los elementos reponsables deben responder penalmente por sus conductas antisociales y los administradores dar una solución efectiva o dejar su cargo. Recordamos que la seguridad pública no puede alcanzarse sin la correcta protección de los derechos humanos. No es a través de atracos y humillaciones por parte de nuestras autoridades que lograremos una sociedad más justa.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. El 30 de septiembre del presente año, un joven de origen hondureño, de nombre Reyes Gustavo Ardón Alfaro, presuntamente asesinó a acuchilladas a Perla Judith Quintero Caballero, mujer saltillense de veintiséis años de edad e hirió de gravedad a Leslie Flores, quien era la empleada doméstica de la hoy occisa. El joven hondureño aparentemente se desempeñaba como pintor del negocio, propiedad de Perla Judith. A partir de este lamentable caso, las personas migrantes han sido sujetos continuos de actitudes xenofóbicas y discriminatorias; al mismo tiempo, el equipo de trabajo de Belén, Posada del Migrante ha sufrido el hostigamiento de cierto sector de la sociedad y de medios de comunicación. Lea el comunicado completo en el sitio de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos 02 de octubre de 2009 Comunicado No. 1009/027BP
Abuso indignante
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC) expresa su completa indignación por la tortura y el abuso de autoridad cometidos por agentes de la policía municipal de Apodaca en contra de un ciudadano cuya identidad se desconoce, según video difundido el día de hoy en el noticiero televisivo Milenio Diario del Canal 12. Los actos que se aprecian en el mencionado video, consistentes en inferir tablazos a un hombre hasta hacerlo caer, constituyen claramente un caso de tortura y abuso de autoridad, previstos como delitos en el Código Penal vigente en el Estado[1]. Una vez más constatamos que la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes son acciones comunes de los integrantes de los cuerpos policíacos, lo que es indicativo de una grave la falta de control de los superiores jerárquicos sobre los actos de sus subordinados, o bien su complicidad y tolerancia. Dicho proceder evidencia la persistencia de prácticas policiales ilegales, retrógradas y autoritarias y la ineficacia de las acciones de selección y capacitación emprendidas por los gobiernos municipales. También, constituye una flagrante violación a los derechos humanos y una prueba de que la política pública municipal en materia de seguridad ciudadana se niega a reconocer a los ciudadanos como personas con derechos. Exigimos a las autoridades responsables de la procuración de justicia en la entidad que: 1. Realicen de inmediato una investigación imparcial sobre la tortura cometida por agentes adscritos a la Policía Municipal de Apodaca, que incluya la aplicación del Protocolo de Estambul[2] a la víctima. 2. Los responsables sean sometidos a un juicio justo en que se determine las sanciones penales y administrativas correspondientes a su reprobable conducta. 3. Se repare el daño físico y psicológico a la víctima y se otorguen garantías de no repetición. Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. [1] Artículo 321 Bis CPNL: Comete el delito de tortura el servidor público que por sí o por interpósita persona y con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos, con el fin de obtener de ella, o de otra, información o una confesión; o castigarla por un hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido; o para que se realice o deje de realizar una conducta determinada por el torturado o por otra persona. Artículo 209 CPNL: Comete el delito de abuso de autoridad todo servidor público: II.- Que ejerciendo sus funciones, o con motivo de ellas, hiciere violencia a una persona sin causa legítima o la vejare o insultare. . . [2] Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes; presentado por la Asamblea General de la ONU el 9 de agosto de 1999 y aceptado por Nuevo León el 10 de junio de 2005. Comunicado 0909/026
“PROTESTAR ES UN DERECHO, REPRIMIR ES UN DELITO” Reprimen manifestación de adultos mayores. Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) expresa su indignación y preocupación por las acciones represivas de las autoridades gubernamentales en contra de un grupo de adultos mayores que se manifestaban pacíficamente frente al Congreso del Estado de Nuevo León. Hoy, el 24 de septiembre, mientras el Gobernador del estado de Nuevo León, José Natividad González Parás rendía su sexto y último informe de gobierno en el Congreso Local, un grupo de 20 personas, defraudadas por la empresa financiera Unión de Crédito Monterrey (UCREM) fue brutalmente reprimido por quienes la prensa identificó como sindicalizados de la CTM, privándolos de su legitimo derecho de libertad de expresión y de manifestación pacífica de sus ideas. Los defraudados de UCREM fueron despojados de sus ahorros. Tras su jubilación, recibieron sus pensiones correspondientes que invirtieron confiadamente en la empresa financiera, autorizada y regulada por la Comisión Nacional Bancaria. A lo largo de los varios años, de las 1,800 personas defraudadas, han fallecido 56 sin recibir su dinero. Han agotado medidas jurídicas y políticas para recuperar sus inversiones. Sus intentos han sido en vano. Ni UCREM, ni el gobierno estatal, ni la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, ni la Comisión Nacional Bancaria, han podido resarcir el daño económico y moral. Como un recurso más para encontrar la justicia, las víctimas caminaron las calles, expresando su frustración; humildemente pidiendo su derecho a su seguridad económica. En respuesta a la protesta pacífica, las autoridades gubernamentales rompieron el micrófono, empujaron y golpearon a los adultos mayores. CADHAC desea expresar su firme solidaridad con las victimas a quienes se han negado sus derechos constitucionales de manifestación, libre expresión, seguridad económica y social, así como el derecho de libre tránsito. Es absolutamente vergonzoso que el gobierno de Nuevo León sea capaz de tratar así personas tan vulnerables como adultos mayores. UCREM les ha robado de sus pensiones de jubilación, hoy el gobierno de Nuevo León les robo de su dignidad. Protestar es un derecho, reprimir es un delito. Invitamos a la ciudadanía a que manifieste su rechazo a este tipo de acciones que avergüenzan a nuestra sociedad. Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. 24 de septiembre de 2009 2 de septiembre de 2009 Comunicado No. 0809/026BP
Operativo Mochila: medida ineficaz y atentatoria a los derechos de la niñez
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC), por este medio ratificamos nuestra indignación y preocupación por la nueva aplicación del Operativo mochila, en esta ocasión por parte de la Dirección de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública de San Nicolás de los Garza y en perjuicio de niñas y niños que cursan secundaria. Consideramos que este operativo busca criminalizar a la niñez sin atacar los orígenes del consumo de drogas y las conductas violentas o antisociales: la ruptura del tejido social, derivada en su origen de la disfuncionalidad de algunas familias y consolidada por un quehacer gubernamental ineficiente, reflejado particularmente en el imperio del narcotráfico, la impunidad y la inseguridad. El operativo Mochila Segura y la aplicación de exámenes antidoping, inscritos en el programa Escuela Segura que a su vez forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad implementada por la administración federal, han perdido su vigencia, según el reconocimiento hecho por el Secretario Estatal de Educación sobre la ineficacia de los mismos, por lo que resulta una incongruencia que el gobierno municipal nicolaíta insista en su ilegal aplicación. Dichos operativos son atentatorios a los derechos de la niñez a la no discriminación, a decidir sobre los asuntos que los afectan y a intimidad, respeto y dignidad[1]; además, tales acciones impiden la construcción o el fortalecimiento de relaciones de diálogo y confianza entre niños y adultos, no previenen el uso de drogas, no ayudan a evitar una mayor adicción del adolescente a las drogas y no combaten el tráfico de éstas. El hecho de que algunos padres o madres de familia hagan presencia en la aplicación del operativo no legitima tal violación a los derechos humanos antes mencionados, ya que éstos pertenecen en forma inalienable a sus titulares niños y niñas, no a los progenitores, quienes pueden revisar las mochilas de sus propios hijos, en la privacidad del hogar, pero no las de niños ajenos y no en actos de exhibición pública ante propios y extraños. Instamos a las autoridades estatales y municipales, así como a los padres y madres de familia a no normalizar el estado de vigilancia y escrutinio de las principales víctimas de la violencia y el narcotráfico: las niñas y los niños. Particularmente exigimos a la Dirección de Prevención del Delito de San Nicolás de los Garza cancelar la aplicación del Operativo Mochila e invitamos a trabajar en un verdadero programa de prevención que desaliente y erradique la comisión de delitos, sin incurrir en prácticas represivas y violatorias de los derechos fundamentales, en abono a la reconstrucción de la seguridad ciudadana y la confianza en los cuerpos policíacos. ¡Demandamos un alto urgente a los abusos policíacos!
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. [1] Artículos 2, 12 y 16 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. |
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